Victoria Martínez, directora del programa Derecho y Cuidados de la UAH: “Las familias no están dando abasto”

El 26 de marzo se inauguró el Programa Derecho y Cuidados de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, una plataforma –como cuentan sus creadoras– de investigación e incidencia pública que busca indagar en los múltiples matices que aparecen en la intersección entre el cuidado y la ley.

La idea, como explica la abogada y directora del programa, Victoria Martínez, es aunar todas las ramas del derecho que tratan la temática, así como todas las investigaciones que hay al respecto para comprender el fenómeno, potenciar su análisis desde distintas veredas y aportar en el diseño de políticas públicas.

Porque aún cuando pareciera existir un consenso general en cuanto a la importancia de la valorización de las labores domésticas y de cuidado, en la práctica y al momento de potenciar medidas, ese consenso se diluye.

En cambio, sobran los obstáculos que frenan el desarrollo integral de políticas y marcos teóricos que velan por los derechos de las y los cuidadores. Ahí, como plantea Martínez, las dos grandes razones siguen siendo –aun cuando hay avances– la ideología y la falta de recursos. Porque como muchos otros temas planteados en la agenda feminista, los cuidados son materia susceptible a interpretación basada en creencias, simbolismos e ideologías. Hay quienes aún hablan de amor. De cariño. De algo natural e inherente a toda familia. Y eso puede ser, pero un vínculo emocional no excluye que las labores de cuidados son, como lo dice el concepto, trabajo arduo y no remunerado que recae mayoritariamente en las mujeres.

Por eso, justo este tema –y es enfática al decirlo– no debiese estar cruzado por ideología. “Contrario a lo que creen algunos, no le corresponde únicamente a una minoría; los cuidados son transversales y todas las personas los vamos a experimentar o ya los experimentamos. Es importante que seamos capaces de conversar al respecto abiertamente y sin trincheras”, reflexiona.

A dos meses de que entrara en vigencia la Ley de Conciliación, que promueve la armonía entre la vida personal, familiar y laboral, y que por ende incorpora una mayor flexibilidad y el derecho al trabajo remoto para trabajadoras y trabajadores –sin duda un paso fundamental en la equidad de género–, Martínez habla de por qué cada vez que hay avances en materias de derechos humanos, hay una resistencia igualmente contundente que se opone a ese avance; de la importancia de invertir para hacerle frente a la crisis de los cuidados por un bien integral y social; y de la importancia de no concebirlos desde un nicho o una ideología individual. “En Chile hay una batalla cultural que intenta mantener la idea de la familia ideal, esa que está en los libros. Pero nadie quiere ver la familia real, o cómo está solucionando sus problemas. Si nos fijáramos en esa, nos daríamos cuenta que no está dando abasto. Y es ahí donde tienen que estar enfocadas las políticas públicas”.

¿Cómo es esta familia ideal?

La familia ideal es una que asume que le corresponde un rol ‘natural’ de cuidado, amor y protección. Dentro de esa familia hay roles asignados para cada miembro, porque también existe la posibilidad de que cada uno se dedique a un tema en particular. Muchas veces son roles elegidos, no necesariamente obligados, y eso se entiende. Pero también hay que entender que no todas las familias tienen las condiciones como para poder distribuir los roles así, o para que haya una persona encargada de proveer económicamente, que gane lo suficiente, y otra que se dedique exclusivamente al cuidado. Tampoco hay que asumir que todos esos miembros presentes están y que existen los recursos para hacer esa distribución. Y es que familias ideales, que asumen todo esto, las hay, pero también hay muchas otras, en las que todos tienen que trabajar para satisfacer las necesidades del núcleo, o en las que hay muchas más personas que requieren de cuidados, no solo niños, sino que personas mayores o con discapacidad. Y esa es la familia a la que hay que apuntar. Esa es la que hay que ver, porque cuando las veamos nos vamos a dar cuenta que no están dando abasto. Incluso con todas las buenas intenciones o todo el ‘amor’ de mundo. Y es que nadie puede tener sobre sus hombros el proveer, cuidar, vivir y tener bienestar.

Hay muchos consensos en Chile sobre lo que significa el cuidado para las mujeres; el costo económico, el impacto, el desgaste emocional. Incluso, por medio de valorizaciones hechas por el Banco Central y ComunidadMujer pudimos determinar que el aporte del trabajo doméstico y de cuidados es equivalente o corresponde a más de un 20% del PIB ampliado. Pero aun así, hay ciertos sectores que insisten en que los cuidados son un rol de la familia y tienen que ver con los vínculos emocionales y afectivos y que, por ende, el Estado no debiese estar involucrado. Pero que el Estado intervenga no significa que estos afectos no tengan un lugar.

Sería para equiparar la cancha.

Claro, no interferiría en ese vínculo emocional al que apelan las familias ideales. También hay que considerar que los cambios demográficos van a hacer que haya más personas mayores sin redes familiares. ¿Qué vamos a hacer con eso si no existe una familia que se haga cargo? Para eso tiene que intervenir el Estado. Y tampoco se trata de un blanco o negro, o de una intervención versus una falta de. El camino tiene que ser más integral, tiene que incluir un esfuerzo en conjunto desde todos los agentes de la sociedad, incluyendo el sector privado y el Estado. En Chile siempre está la pulsión del todo o nada. Pensemos en este Proyecto de ley Sala Cuna Universal, que lleva mucho tiempo en tramitación y aparentemente todos están de acuerdo, pero siempre hay obstáculos de tramitación legislativa. Hay algo ahí que solo es posible explicar desde lo ideológico.

¿En qué estamos hoy?

Los cuidados sí están regulados, pero por distintos tipos de legislación. Con respecto a los niños y niñas menores de edad, está el derecho de familia, que se encarga del cuidado personal y las responsabilidades de los padres. Hay otras aristas en seguridad social, ciertos beneficios para las personas que cuidan y las que reciben cuidado o las personas con discapacidad. También está la legislación laboral que permite la conciliación, que permite a las personas que tienen responsabilidades de cuidados tener ciertas licencias o la posibilidad de teletrabajar.

En ese sentido esta regulación sectorizada ha avanzado desde los 2000, sobre todo en el entendimiento de que no son solo las mujeres las que cuidan. En la ley reciente sobre conciliación y teletrabajo, que establece que cualquier persona que tenga responsabilidades de cuidado puede pedir teletrabajo, sea hombre o mujer, hay un avance grande. Especialmente si consideramos que antes en la legislación laboral era natural que fuera la mujer la que se tomara esas licencias, sin opción.

En la legislación social también se ha avanzado porque se reconoce el rol de la persona cuidadora. Se las identifica, se está haciendo un catastro y un diálogo con ellas para ver sus necesidades concretas. Ahí está el foco de este gobierno que busca crear un Plan Nacional Integral de cuidados, que en el futuro podría incluir una red de servicios de prestadores, de servicios estatales o privados, pero articulados por el Estado, o de más derechos para las personas cuidadoras. Ahí hay muchos avances, pero, en general, está todo segmentado o sectorizado y no hay nada aun que auné bajo un mismo marco teórico y legal.

¿Cuáles siguen siendo los obstáculos?

Lo primero son los recursos. Hablar de aumentar la actividad estatal y el gasto en contexto de crisis económica es bastante contra intuitivo. Esa es una primera barrera, aunque sí creo que en Chile eso está calculado y se entiende que sería más bien una inversión social. Con ComunidadMujer pudimos exponer en el proceso constituyente anterior que, si se invertía en una red de cuidados y se aumentaba el porcentaje de mujeres en el mercado laboral, el PIB iba a aumentar un 10%. Entonces se gastaría un 2% del PIB, pero se permitiría que creciera y por lo tanto hay un margen de compensación a la larga.

El otro obstáculo es ideológico. Esa idea de que, si el Estado se involucra, le está quitando algo al ‘rol natural’ de las familias. Por eso es importante que los cuidados no caigan en un espacio de nicho, que no se aborden como tal. También es importante que se involucre al sector privado, que tiene un rol clave: participar y permitir el cambio cultural.

Tenemos que ver cómo se implementan y los resultados de la Ley de Conciliación. Vamos a ver si hay hombres trabajadores que piden teletrabajo; si las empresas actúan de igual manera cuando son hombres quienes lo piden. Vamos a tener que ver si las empresas responden a la idea de que todos podemos cuidar, que es el espíritu de la legislación; la idea de corresponsabilidad, de la coparentalidad. De aquí en adelante, el camino tiene que ser de colaboración.