Al hablar de violencia intrafamiliar automáticamente pensamos en el maltrato físico, verbal o psicológico. Al hacerlo, sin embargo, muchas veces dejamos de lado otros tipos de violencia como la económica, una que aunque pasa más desapercibida, existe al punto de haberse normalizado en gran medida por los roles que históricamente se le han impuesto a las mujeres.
PRODEMU (Promoción y desarrollo de la mujer) define la violencia económica como “el control que existe desde el hombre proveedor en la entrega de dinero necesario para la mantención del hogar y/o de las hijas o hijos comunes o de otras personas que integran el núcleo familiar”. Además, plantea que la violencia económica ocurre cuando un “otro” se apropia del dinero que ganó la mujer con su trabajo, así como la negación, condicionamiento o extorsión de los recursos económicos necesarios para el hogar común. También cuando el “jefe de familia” no deja que la mujer trabaje y genere un ingreso propio.
Paola Diez Berliner, directora de PRODEMU, señala: “Aunque este tipo de violencia afecta de manera transversal a las mujeres, sin distinción del nivel socioeconómico, son aquellas en situación de vulnerabilidad quienes más sufren las consecuencias de la violencia económica, afectando su autonomía, su desarrollo, su participación, su capacidad de toma de decisiones y, sobre todo, su capacidad de salir de este círculo. No obstante, enfatiza que también se da en estratos socioeconómicos acomodados, donde “las mujeres lo viven en completo silencio por el hecho de no contar con recursos propios, estar dedicadas al cuidado de los hijos/as o adultos mayores y tener que pedir a sus parejas dinero para sus gastos personales y familiares”. Y añade que se trata de violencia de género, porque la manipulación de los recursos por parte del hombre en una relación de pareja es una de las formas de la asimetría de poder que existe entre hombres y mujeres vinculados en una relación sentimental de convivencia, la cual, en la mayoría de los casos, está normalizada. “En Chile aún existen estereotipos machistas como el hombre proveedor, ese que soluciona y que toma las decisiones. Así, las mujeres normalizan el hecho de que ellas no pueden trabajar y solo se deben hacer cargo de las labores domésticas y de sus familias”.
Lo anterior se condice con las cifras entregadas por la encuesta Casen 2017, que reveló que el 75% del total de personas encuestadas entre los 15 años y más, son mujeres sin ingresos propios. Además, la encuesta indicó que entre mujeres de 25 a 59 años el 65% se encuentra fuera del mercado laboral debido a que sus responsabilidades familiares se lo impiden. En tanto los hombres que se encuentran fuera del mundo laboral por la misma razón, solo alcanzan el 8%.
Danitza Pérez, directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), comparte esta percepción. “Estamos hablando de una realidad que está absolutamente normalizada en nuestro país. Recordemos que cuando se empieza a avanzar en las políticas para el retiro del 10%, se visibiliza que el 84% de las pensiones de alimentos tenían deudas impagas. Ahí decidimos legislar y avanzar sobre estos temas, tomando otras medidas como reconocimiento explícito de este tipo de violencia dentro de la ley de violencia intrafamiliar”.
Este reconocimiento es reciente: apenas en noviembre de 2021, con la Ley 21.389, la violencia económica empezó a ser reconocida como una categoría específica dentro del contexto de violencia intrafamiliar (VIF) y no como un carácter asociado a otros tipos de violencia, como la psicológica. En ese sentido, Danitza Pérez sostiene que la ley reconoce específicamente aquella violencia que se da dentro del contexto de relaciones afectivas o familiares y que tienen como objeto directo “la vulneración de la autonomía económica de la mujer, la vulneración patrimonial o de la subsistencia económica de la familia o de los hijos, por ejemplo, en el incumplimiento reiterado de los deberes de proveer alimentos”.
Si bien el reconocimiento de este tipo de violencia es un avance, no basta solo con eso. Para Danitza Pérez lo que subyace en este comportamiento es una cultura patriarcal y machista que permite o normaliza este tipo de actos, por lo que se requiere avanzar legislativamente en otros aspectos. “Por una parte, en aquellos que tienen un carácter punitivo, por ejemplo, buscando que las personas respondan ante las deudas y que no puedan acceder a ciertos beneficios. Pero además, es importante avanzar en medidas legislativas que son muy necesarias y que van en la línea de prevenir esta violencia, y eso va más allá de visibilizarla y castigarla. Es fundamental también intentar modificar los patrones culturales que han permitido mantener invisibilizada esta violencia”, explica.
