Violencia judicial: el acoso legal como forma de maltrato

En casi diez años Mariana ha acumulado alrededor de 30 causas judiciales en su contra por parte de su expareja y padre de su hijo, la mayoría por cuidado personal (para pedir la custodia del niño), aun cuando es deudor de pensión alimenticia.

Laura estuvo un año y medio sin ver a sus padres, a su hermano ni a su pareja, por una medida cautelar que otorgaron los tribunales de familia a propósito de una denuncia de su expareja en modo de venganza.

Ambos nombres han sido cambiados para resguardar su identidad y la de sus hijos.

Lo que Mariana y Laura han vivido durante años aún no tiene un nombre en la legislación ni el conocimiento popular, pero el acoso legal por parte de sus exparejas sí es un tema que se discute entre psicólogas y abogadas de derecho familiar.

En medio de su doctorado en Psicología en la Universidad de Concepción, la psicóloga Bárbara Porter junto a su colega Yanaray López-Angulo, publicaron en enero de 2022 un estudio sobre la violencia vicaria en el contexto de la violencia de género. Para su investigación, de metodología mixta, entrevistaron a 239 mujeres de 13 países de Iberoamérica que han sido víctimas de violencia vicaria. Fue conversando con ellas que se dieron cuenta de un patrón al hablar de violencia: sus exparejas estaban constantemente interponiendo demandas y denuncias en su contra, la mayoría o el total de las veces sin justificación.

“Pudimos observar que esto ocurría sobre todo en hombres de estratos medios y medios altos, quienes ejercían violencia a través del sistema judicial luego del divorcio o del cese de convivencia. El hombre es quien contrata abogados para abrumar legalmente a la mujer, poniendo múltiples demandas de cuidado personal, rebaja de alimentos, de maltrato, violencia intrafamiliar y más, que dejan a la mujer atrapada en esta judicialización con todo el gasto económico y estrés”, explica Bárbara sobre su investigación.

Los deudores de pensión alimenticia e incluso quienes tienen denuncias por maltrato o violencia pueden hacer denuncias o interponer demandas en contra de sus exparejas, siempre con la excusa del bienestar de los hijos, lo que muchas veces termina siendo un motivo para que estos sean reacios a mantener un vínculo con sus padres. “Se produce una contradicción en la justicia, porque le dan orden de alejamiento por violencia intrafamiliar al hombre, pero el tribunal le da la orden de ir a buscar a los hijos tal cantidad de veces por semana a la casa de esa mujer. ¿Qué pasa cuando un niño ve al padre agredir reiteradamente a la madre? Le empieza a tener miedo y un natural rechazo. Ahí empieza el incumplimiento de las visitas y los agresores se valen de eso para alegar que son las madres las que están incumpliendo el régimen. Ese causal, diría yo, es el que valida la mayoría de las demandas de cuidado personal por parte de los padres. El argumento del agresor es que la violencia nunca ha existido y que la madre obstaculiza las visitas”, señala Bárbara, quien desde la publicación de su artículo comparte información sobre violencia vicaria y judicial con perspectiva de género en su cuenta de Instagram (@ps_barbaraporter).

Como le ocurrió a Mariana, que tuvo a su hijo joven, a los veinte años. Cuando supo que estaba embarazada, su pareja no quería tenerlo, pero ella sí. Fue ahí cuando comenzaron los problemas, aunque ya había habido violencia física de parte de él hacia ella.

Tengo más de 12 peritajes en el cuerpo. Cada peritaje es como una cirugía a tajo abierto, porque te piden que cuentes la historia de nuevo, te hacen pruebas otra vez y te vuelven a poner en duda. No he tenido un espacio de reparación

Durante el embarazo acudió a terapia para hacerles frente a las agresiones psicológicas de su ex y fue su psicóloga quien la alertó de que estaba siendo víctima de violencia. Cuando su hijo tenía un mes de vida terminaron su vínculo amoroso, pero su ex seguía violentándola, muchas veces en frente de su guagua. Cuando su hijo cumplió cinco meses decidió denunciarlo por maltrato, con prohibición de acercamiento. Pero un mes después él la demandó por régimen de visitas que se terminó incumpliendo varias veces por parte de él, convirtiendo su relación en una dinámica de alta carga judicial. “Cada vez que no le gusta algo, me demanda”, dice Mariana, ya con más de treinta causas en su contra, varias por cuidado personal o régimen de visitas.

Actualmente su expareja tiene las visitas suspendidas y una prohibición de acercamiento hacia Mariana, quien ha acudido cuatro veces a centros de terapia ordenados por el tribunal para llegar a acuerdos, pero él no se ha presentado. “Tengo más de 12 peritajes en el cuerpo. Cada peritaje es como una cirugía a tajo abierto, porque te piden que cuentes la historia de nuevo, te hacen pruebas otra vez y te vuelven a poner en duda. No he tenido un espacio de reparación porque siempre se me ha estado juzgando, siempre ha estado en tela de juicio mi maternidad. No hay conciencia de lo que les genera a las víctimas estar sometidas a este nivel de estrés porque, sean o no sean verdad las denuncias, generan una angustia demasiado grande. Esto no para y no hay una sanción para quien diga lo que quiere sobre ti”.

Belén Ferreira (@abogada_feminista), abogada especialista en derecho de familia, asegura que este tipo de violencia no está estudiada en Chile y que los estudios que hay son extranjeros. “En ellos se ha tomado un grupo de causas y se ha determinado que las mujeres son las más afectadas en la judicialización extrema como forma de violencia y castigo posterior a la separación”. Ella define esta práctica como una “violencia que se ejerce por el poder judicial a través de la interposición de acciones legales, de denuncias falsas, demandas, etcétera, con el fin de entrampar a la madre en una situación judicial de forma permanente”.

Un alcance que Belén y Bárbara comparten respecto a cómo el sistema judicial aborda cada denuncia o demanda, es que los tribunales no ven el panorama completo de la situación. “No entrecruzan la información. No revisan que esta mujer ha sido cinco veces denunciada falsamente por vulneración de derecho y que tiene demandas por rebaja de pensión. Una causa puede durar años. El agresor puede denunciar o demandar una vez al semestre o una vez al año, porque esto no solo busca desmoralizar a la víctima de forma psicológica, sino explotarla económicamente, porque los juicios requieren abogados y eso significa plata. Es súper complejo para la mujer, porque la denuncia implica exponer todo de nuevo y revictimizarla. La verdad es que en estos casos los agresores denuncian y demandan por deporte”, enfatiza la abogada.

Desde la mirada de las profesionales los agresores tienen la libertad para activar el sistema judicial cada vez que quieran, dejando a las víctimas en un círculo vicioso sin protección: “Los tribunales necesitan una mejor preparación en cuanto a la violencia machista. Esta es una forma de violencia que es más sofisticada, por decirlo de alguna forma. Los agresores prefieren pagar abogados antes de pagar la pensión de alimentos. Son personas que quieren continuar manteniendo el control y que encontraron una forma indirecta de hacerlo, pero que mantiene a la víctima todo el tiempo con el miedo de ser demandada”, apunta Belén Ferreira.

Por su lado, Bárbara Porter suma que “el daño a la salud mental es evidente, tanto en las mujeres como en los niños. Los diagnósticos más recurrentes que hemos podido observar son trastorno por estrés post traumático, depresión y ansiedad, entre otros. Desde que publicamos el estudio muchas mujeres nos han escrito diciendo que por fin pueden ponerle un nombre a lo que han vivido. Nos dicen ‘Mis hijos han sufrido violencia vicaria y yo soy víctima de violencia judicial’. Queremos que en la ley estén enunciados todos estos tipos de violencia para que se entienda que la violencia hacia la mujer no se trata solamente de golpearla; costó que se entendiera que también existe la violencia psicológica, pero hay varias más, otras estrategias que los agresores utilizan para ejercer control coercitivo contra las mujeres y una de ellas es el poder judicial”.

Laura se separó del papá de su hija cuando ella tenía un poco más de un año. Entre las razones había violencia psicológica, sumado a que ella se sentía decepcionada por la persona en la que él se había convertido. Ya no lo amaba y no estaba dispuesta a seguir así.

A la parte agresora no le interesa el bienestar de los niños. La sensación de impotencia que he sentido es una de las cosas que más me ha marcado como mujer, la impotencia de que no podemos hacer nada, de que somos un número más

El régimen de visitas y la pensión de alimentos fueron fijados por ellos mismos, sin mediadores, en una conversación en la que ambos estuvieron de acuerdo con los términos. La situación se complicó cuando Laura solicitó, después de dos años, un reajuste en la pensión porque los gastos de su hija habían aumentado, pero él se negó, así que ella se vio en la obligación de hacer una denuncia. “Sus palabras fueron ‘Ok, si quieres que las cosas sean así, nos vemos en tribunales’, y desde entonces se han abierto múltiples causas judiciales por distintos temas. Ya llevamos casi tres años así y cada vez se abren más causas”, declara Laura, quien cuando hizo la denuncia por pensión de alimentos había conocido hacía un tiempo a su actual pareja, algo que no le pareció bien al padre de su hija.

Dentro de las varias demandas que ha hecho su ex se encuentran causas por cuidado personal, régimen de visitas y vulneración de derechos, la cual extendió a su actual pareja, como también hizo una denuncia contra su hermano. “Inventó varias cosas y puedo decir ‘inventó’, porque el proceso judicial y el PRM (Programa de Protección Especializada en Maltrato Grave y Abuso Sexual) donde nos han enviado han aclarado varias cosas y se ha descartado que mi pareja, mi hermano o yo vulneremos a mi hija”.

Un momento delicado por el que pasó Laura y su familia fue cuando su hija le contó una situación de abuso que había vivido por parte de un familiar de su padre. Ante esto, Laura hizo una denuncia y constató lesiones. Como medida cautelar, se le prohibió a esta persona acercarse a la hija de Laura. Meses después su expareja pidió la misma medida para el hermano de Laura, que en ese entonces vivía en la casa de sus padres, y para su actual pareja, señalando que los autores podían haber sido ellos. “Sentí que fue una forma de decir que no se iba a quedar tranquilo ni de brazos cruzados”, dice Laura, quien pasó casi un año y medio sin poder acercarse a su círculo más cercanos: sus padres, su hermano y su pareja, por las medidas cautelares que se quitaron porque no había antecedentes para volverlas a otorgar.

La hija de Laura no ve a su padre desde el verano, cuando ella misma manifestó ciertas conductas que le generan incomodidad al pasar algunos días de vacaciones con él. Laura la llevó a una psiquiatra infanto juvenil quien recomendó respetar la decisión de la niña. Desde entonces el régimen de visitas y de cualquier contacto con su hija ha sido inconsistente por parte del padre. “A la parte agresora no le interesa el bienestar de los niños. La sensación de impotencia que he sentido es una de las cosas que más me ha marcado como mujer, la impotencia de que no podemos hacer nada, de que somos un número más”, finaliza Laura.