Gran parte de las redes sociales existentes, entre ellas Facebook y Twitter, permiten eliminar todo rastro que se deja en internet. Desde borrar el contenido e información después de 30 días de inactividad, o hacer un “barrido” con todos los comentarios y publicaciones realizadas durante cierto periodo de tiempo. Pero otra, particularmente las hechas por terceros, quedan indexadas en los grandes buscadores como Google y son un problema al tratar de limpiar la propia imagen en las redes y una complicación al momento de buscar trabajo. Como respuesta, han surgido distintas iniciativas ocupadas de mejorar la propia reputación en el mundo digital y que están encargadas de cazar todos esos datos que pueden afectar a los usuarios y aplican el denominado derecho al olvido.

“Todas las personas tienen derecho, así como en el mundo real, a rehacer su vida. Incluso en internet”, resume Manuel Avendaño, cofundador de la agencia de reputación en línea Eliminalo.CL. En los últimos meses, la firma ha tratado con cerca de 500 casos, y el año pasado superaron los mil. Según comenta el informático, quienes los contactan son principalmente usuarios de unos 30 años hacia arriba y empleados con “cargo públicos conocidos”. “Suele suceder que, cuando vas a buscar un trabajo, envías una propuesta o tu currículum, lo primero que hacen las empresas es buscarte y encuentran esa información que tú no quieres que sepan y que te afecta: alguna fotografía, video que se hizo viral, información de alguna mala práctica o incluso los rutificadores”, añade Avendaño.

En general, los usuarios buscan eliminar eso que puede molestarles a nivel personal o en lo laboral, pero también hay opiniones vertidas por terceros que pueden afectar la propia imagen. En situaciones específicas, se presentan algunos médicos que, por alguna razón, tuvieron un conflicto con un paciente y este les hizo una “funa” en las redes. Recuerda el caso de una veterinaria que, tras operar a un perro, el dueño de este volvió a las dos semanas porque el animal murió y lo culpaba. “Le dio huesos de pollo, falleció y se fue en contra del doctor y empezó a hacerle mala fama. Hubo una querella por injurias y calumnia, se solucionó, pero esta persona había ya quedado afectada y difamada, por eso en estos casos se puede recurrir al derecho al olvido”, especifica, aunque en algunos casos no se procede.

Los tiempos de trabajo, en el caso de Eliminalo.CL, tienen un desfase de tiempo, pero pueden ir entre los 30 a 70 días, dependiendo de cuál sea el requerimiento. “El contenido es variado, pero generalmente eliminamos funas o páginas web difamatorias o rutificadores, que son lo que entregan información y ubicación privada”, dice el informático. Los valores, en estos últimos, dice que pueden estar cercanos a los $35 mil, pero como hay más de un sitio web, pueden ser $50 mil. Si el usuario solicita eliminar alguna noticia o publicación en la que se le involucre, siempre y cuando la condena esté zanjada o no sea de interés público, el precio comienza desde el millón de pesos. Dependiendo del caso puede eliminarse, dice, en siete días, pero también entre cuatro a cinco meses. “No es solo lo que yo publique en internet, sino también lo que se diga sobre mí”, plantea.

En el extranjero existen también otras firmas que realizan el trabajo de reputación en línea, principalmente hacia las grandes empresas, pero también particulares pueden solicitar los servicios. En ReputationX, por ejemplo, construyen y reparan la reputación, mejoran las reseñas, páginas de Wikipedia, entre otras. En su sitio web indican que los valores son variados y que una simple eliminación puede ser gratuita, costar US$3 mil o mucho más. Reducir lo resultados de búsqueda en Google puede tener el mismo precio, US$15 mil o mucho más por un solo mes de trabajo. En InternetReputation, otra del rubro, se han centrado en el trabajo de la reputación en línea para personas individuales y tiene un costo de US$29,99 por mes, dependiendo de cuál sea el requerimiento.

Similares son los casos de DeleteMe, que ofrece servicios orientados a particulares y planes anuales que comienzan en los US$10,75 mensuales. Parte de sus servicios incluye eliminar de los corredores de datos información como el nombre, edad, ubicación, fotos en línea, anteriores direcciones, números de teléfono y profesión, entre otros. Existen otras plataformas, como Deseat.Me, que son gratuitas y que, entregando acceso a la casilla de correo electrónica, pueden analizar todas las cuentas y servicios a la que los usuarios están suscritos y, en su mismo sistema, enviar solicitudes de eliminación. Pueden eliminarse perfiles en Pinterest, Facebook, Twitter, entre otras. Firmas españolas como Eliminalia, BorrarDatosInternet, ePrivacidad, entre otras tantas, también trabajan en el área.

El derecho al olvido, explica la abogada Jessica Matus, fundadora y directora de la fundación Datos Protegidos, es un concepto que se desprende a partir del Tribunal de Justicia Europeo, pero que se refiere al ya existente derecho a la protección de datos personales. El organismo lo utilizó en la sentencia de 2014 del caso de Mario Costeja, un español que pedía desindexar de Google una deuda que tenía en los años 90, pero que seguía apareciendo en el buscador y que estaba publicada en un diario oficial.

“El fallo abrió el debate sobre por qué una empresa privada puede tener atribuciones de determinar cuándo una información puede estar pública y cuándo no, cuando esta pudiese afectar al derecho a la privacidad u otros involucrados, como la libertad de expresión”, dice la abogada. Explica que lo que busca el llamado “derecho al olvido” es la facultad que tienen las personas de solicitar la desindexación de cierta información que está asociada a un nombre. “Entonces, no es que se borre, sino que el motor de búsqueda deja de indexarlo públicamente”, añade.

Con respecto a la situación en Chile, dice que el llamado “derecho al olvido” no debiera estar estipulado explícitamente en una nueva Constitución, puesto que el Artículo 19 ya se refiere al respecto y existe la Ley N°19.628, sobre la Protección de la Vida Privada. “El tema es cómo se ejercita ese derecho y qué herramientas te da la ley para poder hacerlo”, dice la abogada. Ella recomienda que se puede presentar un recurso de protección (acción constitucional por afectación al derecho de la protección de sus datos); tomar acciones civiles para reparar los daños y perjuicios; ejercer los derechos ARCO del art. 12 de la ley 19.628 ante el responsable del tratamiento de los datos, y si no obtiene respuesta o es negada, puede recurrir judicialmente en un procedimiento sumario”.

Matus también explica que están los denominados derechos ARCO (de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de información), en el artículo 12º de la Ley,  para poder tener control sobre los propios datos personales y que están estipulados en la ley misma. Alguien que piense que se ve afectado por la publicación de sus datos personales sin su consentimiento, como sucede en los rutificadores, debe de contactar directamente al responsable de la carga de esos datos a Internet. Según consta en el Artículo 16° de la Ley, este tiene dos días hábiles para pronunciarse a la solicitud y, de no ser así, “el titular de los datos tendrá derecho a recurrir al juez de letras en lo civil del domicilio del responsable”.

Hay determinadas ocasiones donde los usuarios se ven involucrados en hechos que los sacan a la palestra pública, como acusaciones de abuso, robos, etc. Finalmente la justicia, en algunos casos, esclarece su inocencia, pero las publicaciones siguen en internet y no se realizan ni siquiera actualizaciones al respecto y los aludidos quedan con daño moral. “Esto se ha solucionado en algunos países, donde las noticias no se eliminan de las bibliotecas digitales, pero muchas veces se restringe su indexación a través de búsquedas por el nombre en Internet para así resguardar la libertad de expresión e información y compatibiliza la privacidad y protección de datos de la persona involucrada”, explicita.

La especialista comenta que la existencia de este tipo de publicaciones e información en internet que ha sido subida sin consentimiento del usuario y que contienen datos de la vida privada, pueden afectar a la construcción de los perfiles de las personas. “Y esos perfiles que se construyen pueden generar discriminación o ser equivocadas. Errores del pasado o publicaciones pueden afectarte o determinar tu futuro”, comenta Matus. Muchas veces, ya que los mismos sitios entregan la posibilidad de eliminar la propia información, es un tema de autocuidado. “Pero uno no hace tanto el ejercicio de buscarse en internet. Es como de hacer un data detox y revisar qué es lo que hay sobre mí”, añade.

Eso sí, advierte que debiese de potenciarse el derecho al olvido con características especiales para los niños y adolescentes, porque sus padres, e incluso ellos mismos, están haciendo pública su vida desde temprana edad. También debiese dársele un enfoque de género, porque hay muchas situaciones donde las personas, particularmente mujeres y gente de la comunidad LGTBI, se está viendo sometida a acoso en las redes por la divulgación de su información personal.

Pedro Huichalaf, ex Subsecretario de Telecomunicaciones del segundo Gobierno de Michelle Bachelet y miembro de Magliona Abogados, explicita que no es que la información en sí se borre de las redes, sino que lo que se logra es que los buscadores no la indexen para sus resultados. “Más que haber empresas que hagan esos trabajos, en teoría tratan de eliminar algunos links de los buscadores, más que eliminar la información desde los bancos de origen. Si yo escribo en mi blog en contra tuya, no borrarán esa información, sino que probablemente los enlaces de indexación o intentarán potenciar más otros contenidos para que quede de los últimos resultados”, advierte.

Además, añade que “si una empresa u organización toma como referencias fuentes externas a las tuyas y las da por hecho, puede resultar discriminatorio”. “Hay países que exigen saber qué es lo que haces en tus redes, como Estados Unidos, porque quieren saber si existe algún factor de riesgo por tu conducta en Internet. Hay causas que pueden resultar válidas, pero otras que no, como la de los empleadores”, plantea.

Hay algunos casos, como el sucedido con el fiscal Jorge Abbott, en el que, más que apelar al “derecho al olvido” se apelan a otras instancias. “Como no está concebida como tal en la legislación chilena, se puede recurrir a un recurso de protección y que se ha utilizado para la eliminación de ciertos antecedentes que pudiesen afectar tu honra. Se alude a otros derechos, más que al derecho al olvido”, dice el abogado especialista, y luego ejemplifica: “Si eres acusado de un delito y de la investigación se desprende que eras inocente, pero si buscas tu nombre y aparecen aún esos antecedentes donde hay dudas de si eres un delincuente o no, hay quienes apelan a la dignidad y la privacidad para la baja de la indexación del contenido, pero no es derecho al olvido porque no está en la legislación chilena, pero sí está esta otra figura que produce una figura similar y el efecto deseado”.