Con las nuevas tecnologías, y forzados por la pandemia, distintas industrias han tenido que buscar su sostén en el mundo digital. El sistema educacional encontró su mejor aliado en plataformas como Zoom, Teams, Meets, entre otras, pero ha expuesto a los usuarios a distintos peligros presentes en la red. El gate-crashing, en el que una “ola” de personas llegan sin ser invitados a una reunión, se pasó al mundo virtual bajo el concepto de “Zoombombing” y cuestiona a qué peligros pueden exponerse los alumnos de las instituciones, mientras en Chile algunas iniciativas ya toman cartas al respecto para la educación online y su impacto.

“Con querer ayudar a los usuarios, aparecen también nuevos riesgos y este es solo uno de ellos. No es otra cosa que la vulneración e irrupción durante las transmisiones o reuniones en línea, siempre y cuando sea a través de estas plataformas”, dice el Comisario Mauricio Araya, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana. Según explica el especialista, existen grupos que se coordinan a través de ciertas redes sociales, como Discord o WhatsApp, e incluso Facebook, para realizar estas irrupciones, perjudicando la educación online. “Es muy improbable que alguien al azar adivine ya sea el código alfanumérico de la clase, que ya es muy largo y difícil, y además pueda acertar en el momento exacto en que se está realizando la clase, por lo que se puede deducir que alguno de los participantes que tenía las clases la entregó”, afirma.

En Chile han habido casos en distintas universidades, pero no en colegios y que involucren a menores. En el caso de las figuras delictuales implicadas para los gate-crashers digitales, Araya explica que, al existir una vulneración en la seguridad, puede existir una infracción a la ley informática N° 19.223 por el concepto de sabotaje informático o acceso indebido en la educación online. Además, como los mismos involucrados o alumnos, incluso profesores, pueden entregar los códigos libremente y atentar contra la reunión en línea, dice que es importante destacar que las leyes de responsabilidad penal juvenil, en el caso de ser el responsable un menor de edad, comienzan a los 14 años. Por lo general, el comisario explica que se límite solamente a hacer ruidos, insultar a profesores y han habido situaciones, las más graves, donde se ha exhibido pornografía.

Appoderado nació hace cerca de 10 años como una plataforma de mejoramiento escolar que permitía almacenamiento de notas, descarga de informes y comunicación hacia los padres. Con el paso del tiempo y las tecnologías, hoy día más de 500 mil usuarios en Chile –desde hace dos años están en Brasil, Colombia y México– pueden tener acceso a la aplicación que trabaja directamente con unos 750 establecimientos alrededor de todo el país, entre ellos la Escuela Alonso de Ercilla de Temuco o el Colegio Altamira de Peñalolén. Ahí pueden realizar sus clases en línea, descargar informes, enviar alguna comunicación a las familias o simplemente acceder a las clases grabadas y así recordar lo que un profesor en determinado dijo en clase, para que los tutores puedan ayudar a sus hijos.

“A la gran parte de los colegios, de un día para otro le dijeron que hay que hacer educación online, entonces tomaron lo primero que estaba a mano, como Meet, Zoom, Skype, entre otras”, afirma Jaime Villagrán, director comercial de la firma, y añade que el conflicto en esos casos fue que, en determinadas instituciones, hubo quienes requirieron a los alumnos que se hicieran casillas de correo electrónico en una edad en la que no es conveniente someterlos al peligro de los datos en la red y que “después reciben información por medios de bases de datos” y quedan expuestos.

Para prevenir los ataques a las clases en línea, en Appoderado hacen que, cada vez que una persona se conecta, debe estar matriculado en el establecimiento en particular en el que se está dictando la clase. “Como deben acceder a nuestra plataforma con los usuarios que les entregamos y que están asociados a determinado rut y contraseña, es imposible que entren por un link o cuenta de correo al azar”, explica Villagrán.

Además, en la instancia previa de cada clase y en caso que la seguridad se vea vulnerada, los profesores que ejercen la educación online cuentan con una sala de espera para poder aprobar quién ingresa y quién no, para así no exponer a los alumnos, siendo estos menores de edad, a contenido que pudiese ser perjudicial o comprometer la privacidad. “Ese profesor podría sacar a esa persona antes de que exponga a los niños o tenga contacto con ellos y es importante que trabajemos en eso, porque estamos con menores de edad a cargo, que están formando su criterio y muchas veces hay adultos que ingresan y ponen material no apto”, plantea.

“Poner material pornográfico o de contenido sexual, ya constituye un abuso hacia un niño, porque se puede exponer a un menor de edad a ese contenido”, apunta Araya, de la PDI. Además, dice que es importante que las instituciones y padres de los alumnos estén al día en cuestiones de seguridad en línea para la educación online y que “lo que para ellos puede parecer una buena broma, puede ser constitutivo de delito. En el caso que sea una clase con menores de edad, es muy poco probable que ellos mismos difundan un código y horario de la clase, significa que alguien filtró ese dato y por eso mismo hay que establecer salas de espera”, propone el comisario. Eso sí, afirma que, como estas plataformas no muestran más que el usuario, no entregan mayores datos y no representan un mayor peligro para la privacidad de los mismos. “No es como que te puedan hackear o llegar a tu casa por esta medida”, afirma.

Otras iniciativas para fortalecer la educación online han surgido y apuntado hacia diversas áreas de la seguridad. En el proyecto Letra Libre, que nació en 2020 dado el avance del COVID-19 en Chile para reforzar la lecto-escritura en alumnos de 1º y 2º básico, consideraron que la seguridad de los estudiantes, junto a la del docente, era fundamental. “En algún minuto pensamos en no hacer nada por todos los riesgos que esto podía tener, porque no somos un colegio, sino una fundación que trabajaría con niños y voluntarios”, dice Guillermo Tagle, fundador de la iniciativa. Según comenta, hablaron con abogados, colegios y gente con experiencia para así poder armar un protocolo que protege a los niños, pero también a sus voluntarios que imparten las tutorías.

Una de las medidas que tomaron para iniciar su proyecto fue establecer que siempre tiene que haber un adulto al lado de los niños durante las tutorías. Para ello, le piden a los padres que firmen un compromiso de que así será. “Es una limitación para el proyecto y las tutorías, pero garantiza que el niño esté protegido en todo momento frente a la pantalla”, dice Tagle. Como las clases son personalizadas uno a uno, cada uno de los 1.300 tutores que tuvieron el año pasado se enfocó en un solo alumno y el “zoombombing” en este sentido es imposible. Lo mismo harán los tres mil que tienen planificados para este año.

“Nuestro riesgo va por el lado que al tutor se le acuse de algo, o que este vea algo como algún abuso, o que este mismo sea vulnerado por la familia del niño. En este conexto, pueden existir abusos en todas las direcciones e incluso que alguien pudiese malinterpretar algo que dijo el profesor o darse situaciones incorrectas”, plantea. A esto, agregan que los tutores graben las sesiones para así resguardarse él y, en caso de cualquier irregularidad o situación de vulneración hacia el niño por parte de las familias o un tercero, debe dar aviso inmediato al colegio.

En el caso de ONG La Otra Educación, finalizaron en marzo del año pasado con su proyecto Escuelas Libres y se reorientaron hacia distintas problemáticas asociadas a niños y adolescentes. “La seguridad la hemos abordado desde el área psicosocial, por lo que hemos implementado estrategias de acompañamiento con psicólogos y trabajadores sociales, para dar contención y apoyo a la familia”, dice Eduardo López, director social de la organización.

López comenta que actualmente están estructurando el área de apoyo escolar, y que responde a la problemática actual de deserción escolar –se proyecta que al menos 265 mil niños dejarán los colegios este año, afirma–, por lo que decidieron acompañar este proceso. Se han enfocado en entregar herramientas de conexión remota, para que así los niños puedan tener accesibilidad a internet en sus casas y han hecho campañas para conectar familias uno a uno, a través de donaciones.

“No estamos haciendo clases, pero sí haciendo acompañamiento, respondiendo con las ayudas necesarias con respecto a la conectividad y para que no aumenten los datos de deserción escolar. E incluso de exclusión, porque ahora hay plataformas que están siendo bloqueadas por los colegios porque hay niños que no pagan”, afirma López. Con respecto particularmente al “zoombombing”, dice que el fenómeno de los “gathe-crashers” digitales en el ámbito educacional, son un reflejo del modelo educativo actual y que no es algo completamente nuevo.

“Son espacios digitales, pero es la réplica del modelo educativo tradicional, donde muchas veces hay bullying, pero hoy se traslada a estas plataformas. Cuando se priorizan los contenidos en temáticas que preparan a los niños más para el campo laboral, que más para el desarrollo personal, ocurren estos efectos”, analiza el también sociólogo.

La ONG tiene cinco Escuelas Libres en la región Metropolitana y esperan en junio poder volver a las actividades, cada una de ellas con 25 niños. Como sus proyectos educativos son muy distintos a los del currículum del Mineduc, orientados al medio ambiente, identidad barrial, vida cotidiana en la comunidad, necesitan volver a tener presencialidad para continuar el proyecto.