Desde el 11 de diciembre pasado, cuando se publicó en el Diario Oficial el reglamento de la Ley N°21.180, se puso una de las piezas restantes para poder comenzar de lleno en lo que es la Transformación Digital del Estado. Esta también formaba parte de la campaña del ahora Presidente de la República, Gabriel Boric. Infraestructura, comunidad y derechos digitales se incluían entre sus propuestas, y que tomaba esos tres aspectos para poder construir el camino hacia el Chile 2.0. Pero apuntaba a mucho más que a eso.

Todo partió hacia 2019, cuando la Ley N°21.180 vio la luz. Esta entraría en vigencia seis meses después de publicado el último reglamento en el Diario Oficial, es decir, el 9 de junio próximo y, desde ahí, tendría un plazo de no más de cinco años para su total concreción. Eso si es que por Ley no se le concede alguna prórroga oficial. Y en caso de no ser así, el plazo se cumpliría a mediados de 2026. José Inostroza, actual jefe de la división de Gobierno Digital, explica que los esfuerzos irán en ayuda de los ciudadanos, los espacios y su sustentabilidad en el tiempo. “Estas implementaciones no son solo para el desarrollo económico, sino que para enfrentar un desarrollo sustentable y verde en la transformación digital”, señala.

Para eso, afirma, impulsarán y profundizarán iniciativas que estaban ya puestas en marcha, y seguirán “las mejores prácticas de países avanzados”, y se apoyarán seriamente en las orientaciones de la OCDE que, en su marco de Gobierno Digital, promoviendo soluciones proactivas y el diseño impulsado por las necesidades de los usuarios.

Inostroza comenta que iniciarán este nuevo periodo basados en fortalecer el sistema de identidad digital y autenticación. Por ejemplo, toda la administración pública, incluyendo los municipios, deberá gestionar sus procedimientos administrativos en formato electrónico. Pero la ley establece un plazo hasta 2024 con etapas intermedias. Esto fijará nuevos rangos de seguridad en todos los trámites y procedimientos, algo que sigue el camino de la tramitación online post pandemia.

El plan está muy centrado, afirma, en la ley que crea la Agencia Nacional de Protección de Datos, y que va a tener todos los elementos necesarios para garantizar ciberseguridad, que incluye protección de infraestructura crítica de la información e higiene digital, donde pretende impulsarse la enseñanza a los menores sobre cómo usar la red con responsabilidad y cuya educación puede significar la disminución del ciberbullying, hasta hacer seguimientos de quién ocupa una identidad falsa para actuar en contra de terceros.

“En cualquier caso, lo esencial es que esta política de Transformación Digital debe estar llena de sentido y orientada a los valores”, precisa Inostroza, quien también afirma que saben que la implementación de la ley debe hacerse considerando especialmente las brechas de equidad en la población y sus territorios. Entre los proyectos más relevantes de la actual Administración, y que tiene relación con lo planteado por el jefe de la división de Gobierno Digital, está la creación de un Plan Nacional de Alfabetización Digital, que incluirá a los emprendedores, y que implica un gran esfuerzo particularmente para aquellas zonas más alejadas de la capital y los sectores etarios menos interiorizados con la tecnología.

De la mano de este proyecto, apoyarán a las MiPymes en sus capacidades digitales para mejorar su productividad, e implementarán coworks para el trabajo remoto. Como el 17% de las personas en Chile no usa internet, dice, seguirán impulsando iniciativas como Biblioredes y otras similares. A estas sumarán “Me Conecto para Aprender”, asegurando el equipamiento y conectividad a los estudiantes de la educación pública y docentes.

Otro de los puntos relevantes, apunta, es el uso de software de código abierto. “Tiene enormes ventajas sobre la soberanía de los Estados en términos de disminución de costos, de adaptabilidad, evolución o acceso, y para eso necesitamos fomentar su uso y crear comunidades de desarrollo”, dice Inostroza. Y potenciarán al máximo el software SaaS SIMPLE, que ayuda a diseñar y gestionar procesos y que varias instituciones públicas chilenas y extranjeras están utilizando. Además, entre los fondos que sumarían en este periodo, de acuerdo al proyecto del actual Presidente de la República, aparecerían aquellos enfocados al uso de Inteligencia Artificial, orientados a soluciones para el avance de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también aquellos para el Fomento de las Comunicaciones Digitales.

Para este primer año, implementarían un Plan de Emergencia Digital, que consistiría en establecer un Registro Nacional de Conectividad para identificar zonas excluidas y fomentar el ingreso de operadores locales como Pymes, ONG y Municipalidades para regular el internet como un servicio básico, subsidiando a aquellas familias sin recursos, por un monto de unos US$150 millones anuales. A eso se sumarían otros US$1.700 millones, que serían utilizados en cubrir localidades en las que no existe tecnología móvil.

“Con el buen manejo de datos de las personas se puede mejorar la calidad de vida de todos los chilenos”, comenta convencido el senador Kenneth Pugh, experto en transformación digital y telecomunicaciones. Y es algo que se ha demostrado durante la pandemia. Los esfuerzos del anterior Gobierno terminaron en la digitalización del 86% de los trámites de la administración central del Estado, llegando con iniciativas como la ClaveÚnica y comunicación electrónica de documentos oficiales a través de DocDigital, justo en un momento donde era primordial hacerlo de forma sencilla y sin tener que salir del hogar.

Para comprender este punto, hay que tomar en cuenta que desde hace unos años se está viviendo en una nueva sociedad digital, y la pandemia aceleró este proceso de convergencia digital entre el mundo físico y virtual. “Vamos en camino a ser una sociedad hiperconectada, donde todos los dispositivos van a conversar entre ellos, y ayudarán a permitir que se viva mejor”, señala Pugh. Apunta también a que esto puede ayudar a controlar problemas graves como el cambio climático, el envejecimiento y la escasez, pero también para mejorar la disposición del Estado para ayudar a los más necesitados.

Máximo Pavez, exSubsecretario General de la Presidencia del Gobierno de Sebastián Piñera, coincide en que todos los esfuerzos hechos en su período iban dedicados a esos mismos puntos y la simplificación de la vida diaria. “La digitalización del Estado ayuda a la eficiencia del mismo, y también a las personas, porque permite simplificar trámites tanto para los funcionarios como para los ciudadanos, ahorrando tiempo, dinero y papeles en gestión”, dice el abogado, quien luego precisa que también tiene un impacto en la descentralización, puesto que muchas veces en regiones los ciudadanos tenían que trasladarse.

En julio de 2019, el exPresidente Sebastián Piñera hizo pública una hoja de ruta diseñada para acercar el Estado a las personas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esta agenda constaba de 50 medidas ordenadas en seis ejes principales: Mejores Servicios del Estado, Mejor Gestión del Estado, Personas en el Estado, Transparencia, Probidad y Participación, Institucionalidad, y Desarrollo Local y Descentralización. De esa lista, destacan ChileAtiende, una red multicanal de Estado donde se encuentran disponibles productos de 28 instituciones en términos de trámites, y que entre 2020 y 2021 superaron los 833 millones de atenciones. Otro es la ClaveÚnica, identidad digital para realizar unos 1.600 trámites y que cuenta con 14 millones de usuarios, con un registro de 654 millones de transacciones.

Pávez destaca también lo realizado con la Comisaría Virtual, en la que se le permite a las personas dejar diversas constancias, y que durante el Estado de Excepción sirvió para otorgar permisos temporales y salvoconductos. Bajo esta plataforma se emitieron más de 280 millones de permisos de desplazamiento, alcanzando un peak de 2.500 por minuto. Todos los avances en esta materia se dirigían principalmente a la solución rápida y sencilla de tramitación para la sociedad civil, como Hospital Digital y la licencia médica electrónica, que aumentó su uso del 30% al 90% en el último año.

Pero también tenían un apartado que aplicaba lo digital como mecanismo de transparencia del Gobierno, como Presupuesto Abierto, que publica y visualiza los datos transaccionales de ejecución del gasto fiscal de la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, y cada uno de los Ministerios y sus respectivos servicios, de forma simple e interactiva para que la ciudadanía pudiese conocer de forma fácil dónde y cómo se gastan los recursos del sector público. Eso entre otras implementaciones, y el balance de estos últimos 4 años dejó el 90% de las transacciones de trámites fueron realizadas a través de canales digitales.

Chile tiene una larga historia en cuanto a la digitalización de sus entidades. La aduana, en Valparaíso, fue la primera en tener un computador en el país en 1960. Después, instituciones como la Armada trajeron equipos para sus sistemas de pago, y en 1989 se entregaron todos los protocolos HTTP para comenzar a crear el World Wide Web, instancia en que comenzó la verdadera transformación profunda del Estado.

El país se conectó al internet en 1992 y, ocho años después, se produjo la gran conectividad de redes, que permitió conectar todos los computadores del Estado a este sistema. Y lo que robusteció al país luego de todo ese período fueron los proyectos de tendido de cable de fibra óptica terrestres y submarinos en Magallanes, que conecta Puerto Montt con Puerto Williams, pasando por Aysén. “Y fue esencial, porque permitía el traspaso de una gran cantidad de datos, y creó un precedente para lo que pasa hoy y pasará en el futuro”, cuenta Kenneth Pugh.

Este desarrollo del traspaso de la información es el que tiene que actualizarse y renovarse para trabajar en los tiempos de hoy, refrescando la Plataforma Integrada de Servicio de Estado, con cuatro capas, donde la capa más baja, la técnica, es la que asegura los datos. “Para eso se necesita seguridad técnica con criptografía, un blockchain que permita dar seguridad”, dice Pugh.

Los mayores esfuerzos legislativos para robustecer esta República Digital son definir los pasos a seguir en cuanto a seguridad. Saber cuáles son los nuevos delitos informáticos, homologando con la Convención de Budapest, un acuerdo europeo que cuenta con la firma de más de 60 países, entre ellos Chile, y un proyecto de ley de delitos informáticos que está lista para su despacho. “Entonces el país será un referente por tener esta ley para perseguir el crimen transnacional, la más avanzada en el continente, para garantizar que las personas puedan vivir seguras de que esos otros países no puedan atacar a Chile y viceversa”, explica.

Los esfuerzos, dice Pugh, están puestos en la interoperabilidad, que es la capacidad que se tiene para traspasar información entre diferentes elementos y proveer certeza jurídica de todos los actos digitales del Estado, de las personas naturales y jurídicas, e incluso los dispositivos. Con esto se tendría trazabilidad, para así saber quiénes acceden a la información y así evitar que sea cambiada. En ese sentido, dice, le agrega seguridad a esta digitalización, y que es un paso primordial en la transformación.

Con el avance de una nueva ley de gobernanza de interoperabilidad, el país estaría capacitado para tener sistemas que permitan el intercambio de información segura, protegiendo un bien fundamental: los datos personales. Actualmente se está avanzando con las legislaciones que están en la Cámara de Diputados en su segundo trámite legislativo, para tener una Ley de Protección de Datos que cree la nueva Agencia de Protección de Datos Personales mencionada por Inostroza, actual jefe de la división de Gobierno Digital. Esta garantizaría el derecho a ser cautelado. “Se requiere tener una autoridad que pueda redimir en aquellas circunstancias en que no se cumpla este consentimiento y esa información privada, para que así su mal uso sea multado”, sentencia el Senador.

Todos estos desafíos, que se rigen en muchos aspectos por la ley, tienen una visión compartida de aquí a doce años más. Chile Digital 2035 es un trabajo realizado con ayuda de la CEPAL, informes de la OCDE, y compañías como Microsoft. La idea es tomar todas las experiencias y prepararse para al futuro. Actualmente existe una comisión encargada que va a congresos internacionales para saber qué está pasando con el metaverso, la conectividad de los dispositivos y la mejora de la calidad de vida con respecto a la tecnología y su uso, para tener un sello verde y duradero en el tiempo.