Ley de Datos Personales y sus desincentivos: ¿dónde está la proporcionalidad?

La irrupción de nuevos actores basados en herramientas tecnológicas en el mercado financiero partió hace más de cinco años. Un período en el que incursionaron una enorme cantidad de players denominados fintechs ofreciendo distintos servicios de fácil acceso e implementación, lo que ha contribuido a la competencia e inclusión en rubros como los medios de pago, créditos comerciales o transacciones de valores, entre otros.

Si bien todas estas iniciativas tuvieron como origen a emprendedores que se atrevieron a innovar, también hay que reconocer la contribución de las autoridades, las cuales vieron la necesidad de que Chile se haga cargo de una nueva realidad para que estas herramientas digitales de servicios financieros cuenten con reglas claras, transparentes y equitativas en relación a los actores tradicionales. Los últimos hitos han sido, por ejemplo, la implementación de la Ley Fintech, incluyendo la adopción del Sistema de Finanzas Abiertas y la hace poco en vigencia Ley de Deuda Consolidada.

Debido a la rápida masificación de distintas y sofisticadas plataformas tecnológicas en distintos ámbitos de la vida de los chilenos, que implica la circulación de información, incluso sensible para la gente, es que también la autoridad impulsó la nueva Ley de Protección de Datos Personales, aprobada hace poco y a la espera de su promulgación. En medio de este proceso de digitalización de la economía, nadie podría estar en desacuerdo con el objetivo que persigue la actualización de una legislación de estas características.

Pero como toda obra humana no es perfecta, esta última por supuesto que tampoco lo es. El gran defecto que trae la nueva Ley de Datos de Protección Personales podría echar por tierra todo lo que el país ha avanzado en materia de competencia e inclusión financiera. Se trata de las sanciones que contempla en caso de infracciones.

La multa para sanciones leves parte con una amonestación de hasta 5.000 UTM (aproximadamente, $330 millones). En el caso de las sanciones graves, la multa tiene un tope de 10.000 UTM ($660 millones), mientras que las gravísimas llegan hasta 20.000 UTM ($1.320 millones). Además, en el caso de faltas reiteradas de grandes empresas, las multas pueden ser de hasta el 2% o el 4% de las ventas anuales. Esta sanciones no están en la línea de otras leyes y acuerdos con el reguladores respecto a la proporcionalidad.

Considerando que este tipo de castigos por un error sin mayor impacto puede poner en serio riesgo la viabilidad de una empresa fintech, emprendedores con innovadoras ideas o startups de servicios financieros digitales en formación tendrán un gigantesco desincentivo para concretar o poner en marcha sus iniciativas, privando a este mercado de más competencia y, por ende, a mejores productos al alcance de todos los consumidores.

Y ¿por qué este desincentivo?. Simplemente por todo el esfuerzo que lleva crear y hacer realidad este tipo de servicios financieros digitales, ya que, por muy simples que parezcan para los usuarios, requieren enormes inversiones en materia tecnológica, como herramientas de inteligencia artificial (IA) para la evaluación de riesgos crediticios o seguridad de datos, entre otros.

Por ejemplo, en el caso de las plataformas digitales que facilitan el acceso a financiamiento a las pymes han logrado recopilar un gran volumen de información sobre el comportamiento de pago de sus clientes gracias al robot Warren, que permite un análisis de riesgo en línea mucho más preciso y a detectar facturas online falsas que tienen conmocionada a la ciudadanía producto de los últimos casos de público conocimiento.

Agregar por ley multas desproporcionadas puede terminar por privarnos de iniciativas de servicios financieros accesibles, eficientes y que no hacen otra cosa que potenciar la competencia e inclusión financiera, poniendo a Chile a la vanguardia de mercados desarrollados.

Sin embargo, como todo error, todavía queda tiempo para ser enmendado.