La digitalización del Estado es un término que viene masticándose desde hace algunos años, pero que todavía no alcanza su mayor cúspide. Si bien la pandemia aceleró la transformación en el área a nivel nacional y otros trámites y proyectos se sumaron debido al mismo motivo, aún queda mucho por hacer y existen iniciativas públicas y privadas que buscan contribuir al desarrollo local. Al menos en marzo de este año, un 86% de los trámites de la administración central del Estado estaban digitalizados, y eso ha ido en aumento.

Así como una empresa recurre a la transformación digital, los Estados y Gobiernos también requieren dar el salto, ya sea para tener una mejor gobernanza, datos más centralizados y fáciles de localizar o trámites al alcance de la ciudadanía. Finalmente, son aquellas herramientas las que, al estar a disposición de los usuarios, facilitan y mejoran el ejercicio de la democracia, todo esto envuelto en un contexto en el que Chile avanza hacia esa evolución.

La nueva Ley N°21.180 de Transformación Digital del Estado, que parte en enero del año 2023 -y que venía en trámites desde 2019-, es prueba de ello. Y es solo uno de los tantos puntos. En carrera está también la Agenda de Estrategia de Transformación Digital Chile 2035, que es apoyada por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, pero también por la CEPAL. Esta hoja de ruta contempla la relevancia de la infraestructura digital habilitante, desarrollo de las habilidades digitales, derechos digitales, digitalización de la economía y del Estado, ciberseguridad y gobernanza. Chile aún se encuentra en una etapa intermedia.

Distintas autoridades, como el senador Kenneth Pugh, han reconocido la existencia de diversas brechas presentes en la población, como el acceso, la inclusión, la educación y la ciberseguridad en el ámbito digital, de suma relevancia para las distintas instituciones del Estado.

La digitalización del Estado, en ese sentido, es fundamental para asegurar mejorar la calidad de vida de las personas, agregando valor con mejores servicios del Estado, señala el congresista. “Digitalizar un Estado es democratizar la gestión pública con transparencia, y eso incide directamente en la probidad y en el mejor empleo de los recursos”, apunta.

Un Estado Digitalizado, plantea, es uno que está todos los días y en todo momento al servicio de las personas y en el que no existen filas ni trámites de alta complejidad, donde además los mismos ciudadanos saben a dónde van sus impuestos y en qué se gastan.

En ese camino, también existen alianzas privadas que han aparecido para intentar dar una mano al respecto. Hace unos pocos días se concretó una alianza entre Amazon Web Services y Claro empresas, por ejemplo. Desde la empresa de propiedad de Jeff Bezos destacaron que, al momento de recurrir a la digitalización, contar con infraestructura tecnológica adecuada es una pieza fundamental para concretarlo; por eso lanzarán AWS Local Zones en Chile en los próximos meses.

Estas entregan servicios de almacenamiento y bases de datos, entre otras cosas. “Es de suma relevancia, porque tener la infraestructura a nivel local se traduzca en una menor latencia, cumplimiento de residencia de datos y otros beneficios”, comenta Lorena Zicker, directora de AWS para el Sector Público en el Cono Sur. “Naturalmente, el interés en tecnologías Cloud ha ido en aumento y se prevé que en los próximos años se mantenga así, dado el ritmo de aceleración digital que estamos experimentando como país”, dice Francisco Guzmán, director de Claro empresas, que será partner estratégico para su implementación, migración y puesta en marcha.

Para fomentar la transformación digital de distintos sectores, entre ellos el público, hay también instancias como los TECH Awards, de la ACTI, cuyas postulaciones finalizan este viernes 28 de octubre, que son impulsadas por empresas del sector de las telecomunicaciones y que buscan, con esto, promover los cambios en diversas áreas, desde startups hasta el mismo Estado.

A medida que transcurren los años y proliferan las nuevas tecnologías, se hace cada vez más necesario el potenciamiento del Estado Digital. No solo utilizando las nuevas herramientas que presente el mercado, sino porque es desde el mismo sistema público que se pueden impulsar nuevas políticas de formación básica en el área; y no únicamente apelando al aprendizaje del uso de plataformas o aparatos tecnológicos, sino también a valerse de forma responsable en la red.

Los especialistas apuntan a que urge una mejora en la Ley de Protección de Datos Personales que apunte hacia “los nuevos tiempos”, porque es en las diversas redes sociales, comercios electrónicos, o incluso en el uso de tecnologías de pago que los mismos ciudadanos van dejando un rastro con un sinnúmero de información. Su día a día y datos de consumo son información que las empresas podrían utilizar para su propio beneficio. Pero para ello debe haber redes y un sistema fuerte e imbatible que asegure estas implementaciones.

Los avances en la Ley N°21.180 son parte del reconocimiento que el congresista Pugh hace de este último período, cambiando las fases de puesta en marcha y adecuando los plazos a un lapso de cinco años, con una plazo adicional de seis meses para preparar a las personas y organismos que serán parte del proceso. No es sencillo, especifica, porque involucra a más de ochocientos organismos, de los que 345 son municipios. “Se ha considerado dar un plazo menor de transformación a los organismos de gobierno central, uno intermedio a los nuevos gobiernos regionales y un mayor plazo a los gobiernos comunales, porque ellos están en diferentes etapas de madurez digital”, aclara.

La carrera por la Transformación Digital del Estado comienza el 1 de enero de 2023, y se debiera extender por cinco años para tener uno completamente digitalizado, con un nuevo sistema de notificación o avisos a toda la ciudadanía a través de la plataforma digital Notificador Digital.

También se ha creado un nuevo concepto al interior de la División de Gobierno Digital, dice el senador, equivalente a un “Chief Data Officer” (“Oficina del Dato”) a raíz de la experiencia de la modernización española que se ha vuelto fundamental para tener una visión sistémica de la transformación digital.

¿Cuál es la principal debilidad digital del Estado? La generación de un ecosistema digital integrado seguro y resiliente, acota el senador Pugh. La primera fase a completar y consolidar, dice, es la “interoperabilidad” que garantice la “certeza jurídica” de todos los actos digitales tanto del Estado, de las personas (naturales o jurídicas), e incluso de ciertos dispositivos conectados a la red. “Se requiere de trazabilidad de todos estos actos, conociendo quién accede a los datos y por qué, junto a la integridad de la información para que esta no sea alterada”, plantea. Esto requiere de una “Identidad Digital” nueva y robusta, que significa mucho más que el sistema de “credenciales” que ya se usa actualmente.

“Se requieren, además, identidades digitales con segundos y terceros factores de autenticación, junto a certificados digitales pata operar en la nube y evitar las suplantaciones de identidad”, propone el senador.