Hace algunas semanas se produjo uno de los avances más importantes para una idea que empezó a barajarse en Chile en 2018. Se trata de la nueva Ley Fintech, que llegará para regularizar la actividad de las cada vez más populares Fintech, concepto que se utiliza para hablar de productos y servicios financieros que utilizan avances tecnológicos e innovación.

Además de generar un marco regulatorio en torno a estas compañías y sus nuevos modelos de negocio, también ayudará a prevenir la existencia de plataformas fraudulentas que busquen captar a este tipo de clientes.

Uno de los ejes de la nueva normativa, y que fue uno de los puntos más discutidos, es el concepto de finanzas abiertas: esto significa que el sistema permitirá que los datos pasen a ser directamente de las personas y de las empresas a las que ellos autoricen. Esto facultará a las entidades financieras para entregar información a otras instituciones, previo consentimiento de los clientes, con el fin, por ejemplo, de poder ofrecerles un abanico más amplio y personalizado de productos financieros para ellos.

Este ítem fue debatido debido al proceso paralelo que se está realizando en la discusión de la nueva ley de datos personales, con el fin de que ambas garanticen los mismos derechos para los ciudadanos. Finalmente, la Ley Fintech incorporó todos los principios del otro proyecto, que son la finalidad del uso de los datos, la proporcionalidad, la calidad, la seguridad, la transparencia, la responsabilidad y la confidencialidad.

“Adicionalmente, el proyecto define que la movilidad de los datos en el sistema financiero va a ser siempre con el expreso consentimiento del usuario, no reconociendo a ninguna otra fuente de licitud, siendo este el estándar para datos sensibles”, señala Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile, la asociación que reúne a este tipo de empresas y que participó activamente en el trámite de la ley.

Uno de los usos del modelo de finanzas abiertas es el caso de los iniciadores de pago, “una Fintech que, con el consentimiento del usuario, puede ingresar a la cuenta bancaria del cliente e instruir una transferencia a un comercio para el pago de un producto o servicio. Eso permite que los comercios puedan tener costos de recepción de pagos virtuales mucho más bajos que el esquema de tarjetas. Un iniciador de pago puede disminuir hasta en un 50 o 60% el costo de recibir un pago”, explica Sierra.

Otros de los cambios que trae la ley es que permite ingresar como actores financieros a nuevas entidades, además de los bancos, abriendo la puerta a nuevas empresas que ofrecerán este tipo de servicios.

“La primera asociación que hace la gente es entre una cuenta y un banco. Pero ahora una cuenta se podrá abrir en un emisor de prepago no bancario. Una inversión se podrá hacer en criptomonedas, y movilizar dinero de un país a otro se podrá hacer a través de una Fintech”, ejemplifica Sierra.

Algunas de las entidades que entrará al juego serán las cajas de compensación, que podrán ampliar su oferta a labores de intermediación o asesoría, por ejemplo. Hoy por hoy, estas organizaciones ofrecen varios de estos servicios a través de terceros, algo que no cambiará radicalmente, pero que puede tener notables mejorías.

“Las cajas han ofrecido seguros, han ofrecido instrumentos de ahorro y una serie de servicios financieros, pero a través de terceros. Ahora lo seguiremos haciendo, pero probablemente lo haremos mejor, con mejores productos, a menor costo y algunos de ellos vamos a evaluar hacerlo directamente“, dice Tomás Campero, presidente del directorio de Cajas de Chile, la asociación gremial que reúne a estas instituciones.

Campero adelanta que entre los servicios que planean ofrecer sin intermediarios están los que tienen que ver con ahorro. “Es un tema muy dramático hoy en día en Chile. Somos un país que no está ahorrando y eso es algo fundamental para mejorar el bienestar familiar, protegerse de contingencias de salud o concretar proyectos que se tengan. Solo uno de cada cinco chilenos está generando algún tipo de ahorros”, enfatiza Campero.

Los expertos aseguran que, en el mediano plazo, esta ley puede ayudar a que Chile se convierta en un centro de tecnología financiera en Latinoamérica, calculando que la industria podría duplicarse en los próximos cuatro años. Esto también puede repercutir en que el país se convierta en un exportador de servicios de este tipo. “Esto último es una muy buena noticia, porque vamos a diversificar nuestra matriz exportadora y vamos a tener un nuevo motor para la economía”, señala Sierra.

El director ejecutivo de FinteChile enfatiza en lo novedosa que es esta legislación a nivel regional. “Es un proyecto de ley que pone a Chile a la vanguardia en Latinoamérica en materia de regulación de tecnología financiera, lo pone como líder. Obviamente toca esperar a que venga la bajada, es decir, la implementación de la ley para que esto sea una realidad”.

La inclusión de las cajas de compensación como actor financiero también es uno los puntos que hacen que esta legislación sea algo casi único en el mundo. “El hecho de que se haya incorporado un actor social la hace aún más de vanguardia, porque son pocos los actores sociales que han tenido un rol Fintech en el mundo. Si tú miras las cajas de compensación en otros países, en Colombia y en Francia, por ejemplo, que tenemos una buena opinión de su actuación, tienen una lógica mucho más tradicional y por lo tanto no hay muchos ejemplos de entidades sociales con roles financieros”, destaca Campero

En la misma línea, hace el llamado para que dentro del nueva oleada de servicios financieros también haya empresas enfocadas en nichos más populares. “Hay que diseñar ofertas para un sector de la población que tiene menor acceso a la tecnología, que no necesariamente genera grandes ventas para las empresas, pero que también requiere ofertas a muy bajo costo o gratuitas. Nosotros vamos a darles esa oferta a muchos que no pueden acceder a servicios Fintech, y hacemos una invitación a todos los otros actores financieros a tener una mirada más social”.