El miércoles, el relativo silencio de la noche en varios puntos del país se rompió con golpes de cacerolas. Era, una vez más, el sonido de la protesta. Esta vez, la demanda era por un caso, pero por muchos a la vez. El grito era “Justicia para Antonia” y la protesta era por la violencia de género y la percepción de que el sistema judicial una vez más estaba dándole la espalda a las mujeres. El día anterior, el juez de garantía de Temuco Federico Gutiérrez había denegado la petición de prisión preventiva para Martín Pradenas, acusado de haber violado a Antonia Barra, de 20 años, el 18 de septiembre pasado, en Pucón. Unas semanas después, ella se suicidó. Antes, le había contado a sus amigas lo que había pasado.
Hace tiempo que el caso comenzó a transformarse en una causa, primero en Temuco, donde vivía la víctima, y luego nacionalmente. En la prensa y en programas de televisión se han ido conociendo antecedentes, especialmente en los días previos a la formalización del martes: el padre de Antonia Barra comentó que antes de morir ella recibió un llamado, presumiblemente con amenazas, por parte del acusado.
Se reveló además que la madre reconoció ante la fiscalía haber destruido el teléfono de Pradenas dos días después del suicidio de Antonia. Según su declaración, el teléfono no paraba de sonar por los mensajes y en “un acto de arrebato” tiró el teléfono al suelo, lo pisó y lo rompió. Y se supo que el mismo Pradenas se infiltró en el grupo de Whatsapp de Justicia Para Antonia, usando el nombre de Andrea, para así monitorear todos los movimientos del grupo hasta que su teléfono fue incautado por la PDI. El imputado, por su parte, publicó una declaración en video insistiendo en su inocencia.
La formalización fue seguida por más de un millón de personas a través de la página del poder Judicial.
