Fue el peor atentado terrorista de Latinoamérica. El 18 de julio de 1994, a las 9.53 de la mañana, un bombazo derrumbó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. 85 personas murieron. Después de la consternación inicial siguieron años donde la verdad probó ser esquiva, y la justicia aún más.

A lo largo de ese tiempo la investigación pasó por varias etapas. Uno de los hitos más importantes fue el trabajo del fiscal Alberto Nisman, quien entró a la causa en 1997 y luego se transformó en el principal investigador. El trabajo liderado por su equipo concluyó que el auto bomba había sido conducido por un atacante suicida de la organización terrorista Hezbollah, y que la operación había sido ordenada por el gobierno iraní de la época. Producto de su trabajo, la Interpol puso una notificación de arresto sobre seis ciudadanos iraníes. En enero de 2015, Nisman, que anteriormente había procesado al ex presidente Carlos Menem por encubrimiento, también llegó a anunciar una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernandez de Kirchner y su canciller Héctor Timerman, a quienes acusó de encubrir y proteger a los culpables en virtud de un acuerdo con Irán firmado en 2013, conocido como “memorándum de entendimiento”. Poco después de su anuncio, Alberto Nisman fue encontrado muerto de un tiro en la cabeza, en lo que inicialmente se calificó como un suicidio.

El atentado de la AMIA se produjo apenas dos años después de otro ataque terrorista contra un objetivo judío en Buenos Aires. En 1992, una bomba en la Embajada de Israel había dejado 29 muertos. Fueron eventos que impactaron a Argentina y Latinoamérica, pero especialmente a sus comunidades judías. Hoy en El Café Diario conversamos con alguien que estuvo en la ceremonia de conmemoración en Buenos Aires, el presidente de la Comunidad Judía de Chile, Gerardo Gorodischer.