Ayer, Colombia vivió una nueva jornada de protestas. Como ha venido sucediendo durante más de una semana, las masivas manifestaciones ciudadanas han dado lugar a hechos violentos: desde el vandalismo de grupos más radicalizados a la represión de parte de las fuerzas policiales y del ejército, que ha sido llamado por el gobierno para reforzar esa labor. Oficialmente hasta anoche se contaban 24 muertos, pero otras versiones elevan ese número. Los cortes de caminos y los desórdenes en zonas rurales han significado escasez de bienes básicos y aumento de precios. Más grave, han causado dolorosas muertes. El gobierno acusa la infiltración de guerrilleros de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, mientras desde la oposición se acusa la deslegitimación de la protesta con esa excusa. La chispa de todo estuvo dada por la presentación de una reforma tributaria por parte del presidente Iván Duque, buscando recursos para hacer frente a la crisis económica desatada por la pandemia. Pero en el fondo hay un descontento más profundo que hoy parece difícil de extinguir. A fines de 2019, Colombia vivió su propio estallido social, apenas semanas después del iniciado en Chile. Ahora todo parece haber regresado con más fuerza.