El fin de semana, cuando el nuevo gobierno aún celebraba en diferentes instancias su instalación, debió enfrentar su primera polémica interna. El anuncio por parte de la Compañía de Jesús sobre la convocatoria del sacerdote Felipe Berríos a encabezar un trabajo en torno a la nueva política sobre los campamentos, generó controversia dentro del propio gobierno, donde se levantaron las voces de quienes objetaban la participación del jesuita. Al cabo de dos días de declaraciones que incluyeron la del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes y la del propio presidente Gabriel Boric, fue Berríos quien oficialmente declinó la invitación extendida por el MINVU.El episodio, de paso, sirvió para constatar algo mucho más trascendente: que el ministro Montes está consciente de que el problema de los campamentos requiere de una nueva aproximación, con acciones urgentes y transversales. No es para menos. En los últimos años los campamentos han tenido un crecimiento explosivo, motivado por factores como el estallido social, la crisis económica de la pandemia y la inmigración masiva. Se calcula que son 80 mil las familias que se reparten en mil campamentos en todo el país, la cifra más alta desde 1996. Además, cerca de 500 mil familias viven en una condición precaria a causa de la dificultad de acceso a la vivienda, lo que las hace candidatas a optar por mudarse a campamentos. El déficit de vivienda es un problema complejo y con altos costos políticos.

Para entender un poco más las dimensiones de este fenómeno conversamos con Sebastián Bowen, ex director ejecutivo de la ONG Techo, quien ahora encabeza un nuevo proyecto abocado al problema de la vivienda. Se llama Déficit 0