El problema del acceso a la vivienda digna ha sido permanente en nuestra historia. A pesar de que en algún momento el problema de las tomas de terreno y la instalación de campamentos con precarias condiciones de vida pareció posible de solucionar y llegamos a soñar con “un bicentenario sin campamentos”, como rezaba una campaña, esto sigue siendo parte de nuestra cotidianidad. Fenómenos como la crisis económica, el alza de los costos de los terrenos y propiedades y la inmigración han agravado el problema.
El año pasado, el déficit de vivienda en Chile se cifraba en cerca de 500 mil familias. Se trata de personas que viven como allegados o en condiciones muy complejas de habitabilidad; es decir, perfectos candidatos para decidir instalarse en un campamento. La respuesta tradicional de las autoridades de gobierno es entregar subsidios para la compra de viviendas sociales, y el actual gobierno argumenta que han aumentado en cerca de un 35 por ciento la entrega de estos servicios en relación con los años anteriores. Pero ante la magnitud del problema ese esfuerzo parece insuficiente. Techo Chile ha calculado que a este ritmo, una solución tardaría entre 20 y 30 años.
Y esa es sólo parte del problema. Una vez que las familias ya están instaladas en campamentos asentados sobre terrenos tomados ilegalmente se desencadena una situación para la que, en la práctica, a las autoridades no parecen quedar rango de acción eficaz posible.
Conversamos sobre este tema con Jorge Arellano, periodista que ha estado cubriendo el asunto en sucesivos reportajes, el último de ellos publicado el lunes pasado en La Tercera, con el título “Tomas ilegales de terrenos: el complejo escenario para erradicarlas”.
