Hoy comienzan en La Haya los alegatos de la demanda presentada por Chile contra Bolivia por las aguas del río Silala, a casi seis años de la decisión del segundo Gobierno de Michelle Bachelet de levantar una causa en la Justicia internacional y, con ello, adelantarse al país altiplánico. La decisión en 2016 fue empujada por las amenazas del entonces presidente boliviano, Evo Morales, en medio de un proceso en la Justicia internacional por la demanda marítima donde, finalmente, se determinó que Chile no tenía la obligación de negociar. La demanda chilena dejó, entonces, perplejas a las autoridades bolivianas. La ofensiva chilena, hoy, pretende demostrar que son aguas internacionales.

Sin relaciones diplomáticas desde 1962, este nuevo capítulo de la historia convulsa entre Chile y Bolivia volverá a tensar los vínculos. El presidente Gabriel Boric nombró de subsecretaria de Relaciones Exteriores a Ximena Fuentes, justamente la agente de Chile en esta causa. Y su Gobierno debutó con la invitación a restablecer relaciones, pero la Administración de Luis Arce dio un nuevo portazo a esa posibilidad. Era esperable: la aspiración marítima forma parte de la propia Constitución boliviana y muchas veces, según los analistas chilenos, la salida al mar opera más para Bolivia como un asunto de política interna que de política exterior.

Para hablar sobre la historia de este golpe diplomático de Chile a Bolivia, hoy, en el Café Diario, conversamos con Heraldo Muñoz, quien era el canciller chileno cuando se decidió interponer esta demanda.