Fue la Corte Suprema la que hizo saltar la alarma y las voces de advertencia. Pero la crisis se arrastraba por mucho tiempo. A fines de noviembre, el máximo tribunal se pronunció respecto de la manera en que las Isapres calculan sus tarifas. El fallo dictaminó que las aseguradoras privadas de salud deberán usar una única tabla de factores, aquella diseñada por la Superintendencia de Salud el año 2019. Además, el tribunal decretó que las isapres deben restituir a los afiliados los cobros en exceso que se hayan producido al usar alguna de los cientos de tablas distintas que aplicaban las aseguradoras.
De inmediato, las isapres advirtieron -como lo hicieron durante los alegatos- que cumplir con el fallo las podría poner en un riesgo financiero que amenaza la totalidad del sistema, que actualmente atiende a cerca de 3.3 millones de chilenos. Por su lado, la Superintendencia de Salud se vio con la tarea de llevar a la práctica el cumplimiento del fallo y al mismo tiempo sortear una crisis que a su vez impactaría directamente al sistema público. Y las clínicas privadas han advertido sobre el efecto dominó que la caída de las isapres tendría para ellas y sus pacientes.
Esta semana volvieron a reunirse las autoridades de salud con los representantes de las Isapres. El gran objetivo es encontrar una manera de dar cumplimiento a la orden de la corte evitando al mismo tiempo un colapso del sistema. Pero hasta ahora, sólo hay incertidumbre y preocupación. ¿Cuál es la dimensión de esta crisis? ¿Qué esperan los actores privados y qué ha hecho el gobierno? Sobre esto conversamos hoy en El Café Diario con Mariana Marusic, periodista de Pulso, de La Tercera.
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