Aunque en el último tiempo la preocupación del país está centrada en gran parte en la llamada macrozona sur y la violencia asociada al conflicto mapuche, existe otra macrozona que reclama atención. Es la macrozona norte, como se denomina al territorio comprendido por las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. El aumento en la violencia de los delitos, la operación de organizaciones criminales extranjeras y chilenas y algunos crímenes de alta connotación han sonado la alarma sobre lo que está ocurriendo allá. Como ejemplos recientes se pueden recordar el secuestro y homicidio de un comerciante a manos de una banda criminal extranjera o el asesinato de una persona en plena vía pública en Iquique, justo detrás de los tribunales de justicia, a manos de un par de delincuentes chilenos.

Se trata de un fenómeno complejo, asociado no sólo al orden público y a la investigación policial, sino también al control de las fronteras y a la inmigración masiva.

Ayer en su cuenta pública a la nación, el presidente Gabriel Boric anunció una serie de medidas para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado, comenzando por el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, Protección Civil y Convivencia Ciudadana. Además, anunció una inversión de 48 mil millones de pesos en infraestructura para la seguridad en el marco del Plan Nuestro Norte.

Las autoridades nacionales están poniendo atención y tomando medidas, pero ¿es suficiente? ¿estamos a tiempo? Es lo que conversamos hoy con quien ha estado levantando la voz de alarma al respecto, el Fiscal regional de Tarapacá Raúl Arancibia.