Miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron el domingo las sedes de los tres poderes del Estado de Brasil: el Congreso, la Presidencia y el Supremo. Fue la ejecución de una amenaza que estaba en el aire hace meses y que, finalmente, no sorprendió a la ciudadanía, justamente por el ambiente político de desconfianza que dejó instalado Bolsonaro antes de partir a Estados Unidos y dejar el país en manos de Lula da Silva, el actual mandatario. Todavía no son claras las consecuencias institucionales y políticas de este atentado a la democracia brasileña, pero la República busca defenderse.
Lula impuso ayer el orden con arrestos masivos y mostró fuerza con un encuentro en el palacio presidencial con los jefes del poder legislativo y judicial, el ministro de Defensa, los jefes de las Fuerzas Armadas y los gobernadores. Es una señal contundente hacia los partidarios de Bolsonaro que hace meses piden un golpe de Estado fuera de los cuarteles, pero que no representan a los 60 millones de brasileños que le dieron su voto al expresidente en las elecciones de fines de octubre. Este episodio empuja, de paso, a que las fuerzas de la derecha empiecen a separar aguas con los radicales. Porque toda la política democrática brasileña está desafiada tras el 8 de enero, el momento de mayor complejidad de Brasil desde el fin de la dictadura militar en 1985.
Para conversar sobre las causas y consecuencias del asalto de los partidarios de Bolsonaro, hoy, en El Café diario, conversamos con Paulo Alfonso Velasco, cientista político y académico de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
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