Desde enero de 2017, una serie de atentados explosivos impactaron al país. Principalmente el primero de ellos: la explosión de un paquete bomba enviado a la casa del entonces presidente ejecutivo de Codelco, Óscar Landerretche.Le siguieron una serie de explosiones en la vía pública, y el envío de otro paquete bomba a otra autoridad, el presidente del Metro de Santiago, Louis De Grange, que fue desactivado por carabineros. La reivindicación de los hechos por parte de un grupo ecoterrorista internacional resultó aun más sorprendente.Dos años después, el ministerio público detuvo al que se convertiría en el único imputado en el caso. Esta semana, la fiscalía presentó la acusación en contra de Camilo Gajardo Escalona, quien habría actuado solo en la fabricación, transporte, envío, colocación, activación y detonación de una serie de artefactos explosivos. Sin embargo, la fiscalía no recurre a la ley antiterrorista sino a la ley de armas. ¿Por qué?¿Cómo se configura el caso? ¿Qué sabemos de Camilo Gajardo Escalona?