En el debate sobre las herramientas con las que el estado debe auxiliar a los chilenos durante la pandemia y los efectos económicos del confinamiento, algunas iniciativas desde fuera del gobierno han desafiado en la práctica el monopolio casi total que tiene el ejecutivo en esas materias; particularmente aquellas que implican un gasto fiscal.

Lo sucedido con uno de ellos en particular constituye un caso interesante por su desenlace, pues terminó con el gobierno cediendo a una solución para, en la práctica, lograr los mismos efectos. Se trata del proyecto que fue conocido como “de postnatal de emergencia”.

El gobierno había reaccionado a las demandas planteadas en el proyecto de la cámara con otro proyecto de ley, que proponía que las madres que fueran a terminar su período posnatal durante esta emergencia se acogieran a la ley de protección del empleo, haciendo uso de su seguro de cesantía.

Este consiste en que el gobierno apoyará una indicación parlamentaria a su iniciativa legal que crea una licencia médica parental que durará tres meses o lo que se extienda el estado de emergencia, y a la cual se podrán acoger las madres y padres cuyo permiso postnatal se les haya acabado desde el 18 de marzo o esté pronto a vencer.

¿Qué planteaba el proyecto original de la cámara? Revisamos la historia con una de sus impulsoras, la diputada de Renovación Nacional Marcela Sabat.