Chile ha visto cómo en los últimos años grupos narcotraficantes internacionales han ido ganando posición. Y los puertos nacionales han demostrado ser un punto particularmente débil. Primero, por una obvia razón estratégica de localización, pero también de imagen en el extranjero.

El peligro, y el fantasma, de que el país sea “pasillo” para los carteles que buscan exportar sus cargamentos a Europa ha sido una preocupación constante, pero en el último tiempo los datos acusan una realidad. Desde 2018, más de 25 mil kilos de cocaína ocultos en cargamentos provenientes desde puertos chilenos han sido requisados en terminales extranjeros. Eso hace que esa “imagen país” esté cambiando. Alertados sobre el interés y los modus operandi de los carteles latinoamericanos en los puertos chilenos, las autoridades euorpeas hoy fiscalizan con mayor celo sus cargamentos.

Una segunda vulnerabilidad está dada por cómo funciona el sistema portuario después de su modernización con la gran reforma de fines de los años 90 que avanzó hacia una mayor privatización. Las autoridades policiales critican que la coordinación entre los actores públicos y privados que deberían velar por la seguridad en los puertos es escasa, y que la labor policial se hace muy difícil.