Parecía una buena idea. Al menos para el fiscal nacional y para la Conferencia Episcopal. Ambas autoridades acudieron el martes 30 de abril a firmar y anunciar un acuerdo para "facilitar la entrega de información" en la investigación de los casos de abuso dentro de la Iglesia chilena. Pero lo que en el Ministerio Público supusieron que sería una buena nueva desató una ola de críticas y gatilló la presión de grupos de víctimas de la Iglesia. En menos de una semana, el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, dio por anulado el convenio.¿Qué pasó en seis días? ¿Qué estaba pensando Abbott y cómo se explica el desenlace?