Después del reportaje publicado el domingo por Ciper y LaBot, como parte del equipo internacional que dio a conocer la filtración de los llamados “Pandora Papers” en todo el mundo, las cosas se han complicado para el presidente Sebastián Piñera. La difusión de los detalles del contrato de compraventa de minera Dominga celebrado en Islas Vírgenes en 2010 motivaron el inicio de una segunda acusación constitucional en su contra, que podría ser presentada la próxima semana.

Aunque su defensa ha sido enérgica al señalar que todos los antecedentes estaban en la investigación judicial de 2017 que fue sobreseída, el problema está lejos de desaparecer de su horizonte. Y no sólo en la dimensión política. Ayer, un artículo de La Tercera PM dio cuenta de que la Fiscalía estaba analizando abrir una investigación de oficio, pues estimaba que lo dado a conocer el domingo sí agregaba detalles que no estaban en la carpeta de 2017. Al final de la tarde de ayer, el abogado del Presidente, Juan Domingo Acosta, insistió mediante un comunicado en que la Fiscalía estaba equivocada.Independientemente del frente judicial, la inminente acusación constitucional en el congreso complica el epílogo de la administración Piñera más allá de su desenlace: lo obligaría a cancelar sus giras internacionales, empaña la imagen mundial que alguna vez el presidente pretendió proyectar pondría a prueba la lealtad de los parlamentarios de Chile Vamos en un momento en que el liderazgo presidencial ha demostrado ser débil entre ellos. De hecho, ya hay parlamentarios oficialistas que se han mostrado dispuestos a estudiar la acusación.

¿Cómo vivió La Moneda la semana de los Pandora Papers?