La reforma a la institución de Carabineros de Chile fue una de las respuestas del gobierno ante las denuncias de abusos policiales tras el estallido social de octubre de 2019, confirmadas por informes de varias instituciones internacionales. La reforma incorpora la consulta de una unidad coordinadora integrada por expertos civiles y uniformados. Está basada en cuatro ejes: institucionalidad y gobernanza, formación y carrera profesional, modernización de la gestión y control del orden público.

El plazo fijado apunta a 2027, cuando la institución celebre sus cien años de existencia.

Por su parte, la Universidad de Chile llegó a un acuerdo con Carabineros para hacerse cargo de una de las principales recomendaciones de la mesa de trabajo para esta reforma: la capacitación del personal activo. El diplomado de “Extensión en Psicología de Multitudes y Gestión Policial” comenzó a impartirse el pasado 23 de agosto.

Pero paralelamente hay otro proceso de cambio con plazos más urgentes y definiciones más radicales: la Convención Constitucional. Aunque ese órgano aún no ha comenzado la redacción de la nueva Constitución, la semana pasada la Comisión de Derechos Humanos aprobó la idea de sustituir a Carabineros por otra institución encargada de funciones policiales, bajo dependencia y control civil “con enfoque ciudadano”.

Independientemente de si tal iniciativa quedará plasmada o no en el texto final de la propuesta de carta magna, la resolución le dio otro cariz a la conversación sobre qué hacer con Carabineros.

Un debate donde la visión de los expertos desde la academia tiene mucho que aportar con datos, conocimiento de procesos y legislaciones internacionales comparadas y visión de largo plazo.

En este capítulo de Crónica Estéreo conversamos con uno de ellos.