12 artículos aprobados y 18 rechazados: el detalle de la votación en general del informe de la Comisión de Sistemas de Conocimientos en el Pleno de la Convención

La jornada de este jueves, el Pleno de la Convención Constitucional continuó con la votación de normas que alcanzaron la mayoría dentro de sus comisiones temáticas.

Esta vez, correspondió el turno a 30 artículos plasmados en el primer informe de la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.

Entres las principales normas que fueron visadas por 2/3 de los constituyentes -12 en total y que serán votadas en particular este viernes- destacan el Artículo 2 que indica que “el Estado tiene el deber de respetar la libertad de prensa, velar por el pluralismo de los medios de comunicación y por la diversidad de opiniones”; así como las relativas a derechos digitales, que incluyen textos como el que indica que “todas las personas, individual y colectivamente, tienen derecho al acceso universal, a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación”; y que “el Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, uso y participación en el espacio digital, sus dispositivos e infraestructuras”,

En tanto, 18 artículos fueron rechazados por el pleno, donde destacan los referentes al rol del Estado en los medios de comunicación y el que prohíbe la concentración de la propiedad de los medios de comunicación e información.

También destaca el rechazo al texto que sostiene que “los pueblos y naciones preexistentes al Estado, el pueblo tribal afrodescendiente chileno y sus integrantes tienen derecho a la identidad e integridad cultural, y a que se reconozcan y respeten sus formas y modos de vida (...) las formas y modos de organización social, económica, política y alimentaria; las formas y modos de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, valores e idiomas y lenguas, lo que se desarrolla en procesos de interrelación”.

A continuación, el detalle de la votación de este jueves:

Tras obtener 101 votos a favor, 19 en contra y 28 abstenciones fue rechazada y devuelta a comisión la norma que indica que “toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a participar en la comunicación, y a acceder, buscar, recibir, producir y difundir información. Asimismo, se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información”.

El texto agrega que “los pueblos y naciones tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a todos los medios de comunicación e información, en sus propias lenguas, particularmente en sus territorios o donde tengan presencia”.

En tanto, fue aprobado por 113 votos positivos, 19 negativos y 19 abstenciones el artículo que indica que “el Estado tiene el deber de respetar la libertad de prensa, velar por el pluralismo de los medios de comunicación y por la diversidad de opiniones, siendo esto consustancial a la democracia y su fortalecimiento”. Agrega en su inciso segundo que “se prohíbe la censura previa”.

Sin embargo, fue rechazado y devuelto a comisión el artículo que indica que “el Estado fomenta la existencia de medios de comunicación libres e independientes. Se prohíbe la concentración de la propiedad de los medios de comunicación e información. Corresponderá a la ley regular dicha prohibición. En ningún caso se podrá establecer el monopolio estatal sobre ellos”.

Obtuvo 101 votos a favor, mientras que 26 constituyentes votaron en contra y otros 24 se abstuvieron.

También fue rechazado en general la norma que indica que “el Estado fomenta y facilita la creación de radioemisoras, televisoras, canales y plataformas digitales, así como cualquier otro medio de comunicación e información, asegurando el espacio igualitario para la transmisión eficaz de estos”. Logró 96 votos a favor, 49 en contra y 5 abstenciones.

Misma suerte tuvo el Artículo 5, que con 99 preferencias, 46 votos en contra y 7 abstenciones, regresó a su comisión de origen para un segundo informe.

En su texto, se señala que “el Estado promueve y respeta la existencia y desarrollo de medios públicos, regionales, locales y comunitarios. Asimismo, el Estado contribuye a que las personas, individual o colectivamente, desarrollen sus propias iniciativas de comunicación, asegurando el acceso y participación equitativa de los distintos grupos sociales, pueblos y naciones, en un sistema de medios y soportes de comunicación e información diverso, pluralista, transparente, inclusivo, intercultural ,plurilingüe y descentralizado”

Añade que “la ley promoverá la comunicación e información comunitaria y de los pueblos y naciones, su presencia en el sistema de comunicación y su contribución al conocimiento, la cultura y la promoción de los derechos humanos”.

Tampoco pasó la barrera de los 2/3 el Artículo 6, que indica que “el Estado garantiza y fomenta la educación mediática con perspectiva de género, feminista y no sexista, derechos humanos, descentralizada y plurinacional en los medios de comunicación, de acuerdo a la forma que establezca la ley”. Un total de 88 convencionales lo votó a favor, pero registró el rechazo de otros 56. Seis de ellos se abstuvieron.

Al conseguir 87 votos positivos, 29 en contra y 34 abstenciones, volvió a comisión el texto que señala que “el Estado garantiza la protección y seguridad de las fuentes de información, de quienes ejercen la labor de comunicar, de periodistas y de sus familias, en especial de mujeres y diversidades”. Agrega que “una ley establecerá los mecanismos adecuados y efectivos de protección, que incluya una respuesta adecuada frente a vulneraciones”.

Sí logró pasar a la votación en particular la norma que indica que “toda persona ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación e información tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea difundida gratuitamente por el mismo medio en que hubiese sido emitida”. El texto, que agrega que “la ley regulará el ejercicio de este derecho, con pleno respeto a la libertad de expresión”, fue visado por 132 preferencias, 11 rechazos y 8 abstenciones.

Fue también rechazado en particular (por 97-20-35)el artículo más extenso del informe, que indica que “la Constitución asegura a todas las personas y comunidades:

1°. El derecho a participar libremente en la vida artística y cultural siendo fundamental para el buen vivir y el bien común de la sociedad. Los pueblos y naciones preexistentes y el pueblo tribal afrodescendiente chileno desarrollan su cultura en relación a su tierra, territorio, mar, maritorio, instituciones propias y lenguas, garantizando el Estado su ejercicio en cada ámbito que estimen conveniente.

2°. El derecho a elegir y construir la propia identidad cultural, a decidir si identificarse o no con una o varias comunidades y a conocer la memoria de sus culturas.

El Estado reconoce el valor de las culturas comunitarias como espacios relacionales de creación y construcción de identidades culturales.

3°. El derecho a conocer, comprender y educarse en la cultura propia, las diversas culturas, los conocimientos, saberes y las memorias, para permitir el libre y pleno desarrollo de la identidad cultural. Esto implica particularmente el derecho a recibir formación en derechos humanos como valores esenciales de la sociedad.

4°. El derecho al acceso a las expresiones culturales y artísticas. El Estado promueve, fomenta y garantiza su disfrute, bajo los principios de colaboración e interculturalidad, procurando los medios para su democratización.

5°. El derecho a acceder, gozar y participar de los bienes, infraestructura, información, servicios e institucionalidad relativa a las culturas, artes y conocimientos.

6°. La libertad de creación artística y de conocimientos, la investigación, el desarrollo y la difusión de éstas, así como el derecho a participar y disfrutar de sus beneficios. Se prohíbe toda forma de censura previa.

7°. El derecho a participar de manera libre e informada en la definición, formulación, ejecución y evaluación de políticas y decisiones que afecten los modos de vida o el ejercicio de cualquier derecho cultural.

Asimismo, se reconoce el derecho a participar de forma incidente y vinculante en el proceso de creación y gestión conjunta de políticas públicas que elabore el Estado.

8°. El derecho a hacer uso de los espacios públicos y bienes comunes, para desarrollar, ejecutar y difundir sus expresiones y manifestaciones artísticas y culturales, sin más limitaciones que las que establezca esta Constitución y las leyes.

9°. El derecho a expresarse, sin discriminación, en el idioma o lengua conforme a su identidad cultural.

Estos derechos deben ejercerse con pleno respeto a los derechos humanos y de la naturaleza. Ni el Estado, grupo o individuo alguno podrán emprender actividades o actos encaminados a la vulneración de derechos o libertades reconocidas o a su limitación en mayor medida que la prevista.

Los derechos culturales deben desarrollarse bajo el pleno respeto a la diversidad cultural.

La ley regulará el ejercicio de los derechos contenidos en este artículo.

También fue rechazada en general -al obtener 89 preferencias, 39 votos en contra y 21 abstenciones- la norma que indica que “los pueblos y naciones preexistentes al Estado, el pueblo tribal afrodescendiente chileno y sus integrantes tienen derecho a la identidad e integridad cultural, y a que se reconozcan y respeten sus formas y modos de vida, su vinculación con la tierra, el territorio, el mar, el maritorio, cosmovisiones, epistemologías, ontologías, espiritualidad, normas, tradiciones, prácticas sociales y culturales; sus usos, costumbres; las formas y modos de organización social, económica, política y alimentaria; las formas y modos de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, valores e idiomas y lenguas, lo que se desarrolla en procesos de interrelación.

Lo anterior incluye el derecho de determinar la forma de ejercicio y sus límites, en el marco de respeto y dignidad entre los pueblos y naciones.

Para el pleno ejercicio de estos derechos, el Estado debe resguardar, proteger e implementar medidas de reparación y restitución de su patrimonio cultural.

A lograr 95 votos a favor, 47 rechazos y 9 abstenciones, fue rechazado el artículo que señala que “en conjunto con los pueblos, el Estado tiene el deber de colaborar tanto nacional como internacionalmente, para el logro efectivo de la práctica, participación, manifestación, recreación y regeneración de sus culturas, facilitando sus procesos de transmisión, transferencia, intercambio, diálogo y encuentro para su continuidad colectiva, de sus integrantes y para las generaciones futuras”.

Por 146 votos a favor, un rechazo y 5 abstenciones, fue aprobado en general el texto que indica que “el Estado promueve, fomenta y garantiza el acceso, desarrollo y difusión de las culturas, las artes y los conocimientos, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y contribuciones, bajo los principios de colaboración e interculturalidad”.

En un segundo inciso agrega que “el Estado debe generar las instancias para que la sociedad contribuya al desarrollo de la creatividad cultural y artística, en sus más diversas expresiones”.

Asimismo, agrega que “el Estado promueve las condiciones para el libre desarrollo de la identidad cultural de las comunidades y personas, así como de sus procesos culturales”, además de un inciso cuarto que sostiene que “esto se realizará con pleno respeto a los derechos, libertades y las autonomías que consagra esta Constitución”.

También fue visado, por 109 preferencias, 35 en contra y 7 abstenciones, la norma que indica que “los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a obtener la repatriación de objetos de cultura y de restos humanos pertenecientes a los pueblos. El Estado adoptará mecanismos eficaces en materia de restitución y repatriación de objetos de culto y restos humanos que fueron confiscados sin consentimiento de los pueblos y garantizará el acceso de los pueblos a su propio patrimonio, incluyendo objetos, restos humanos y sitios culturalmente significativos para su desarrollo.

Sin embargo, se rechazó y vuelve a comisión el Artículo 14, que indica que “el Estado garantiza los recursos para hacer efectiva la actividad artística y cultural desarrollada por personas y comunidades, asegurando la descentralización y autonomía de las regiones, localidades y pueblos en esta materia”. Agrega que “la ley deberá asegurar criterios de perspectiva de género, plurinacionalidad, inclusión, pluralismo y pertinencia territorial en la distribución de los recursos.

Un total de 87 convencionales lo apoyó, mientras que 51 lo rechazaron y otros 14 se abstuvieron.

Otro de los artículos aprobados fue el que señala en su texto que “el Estado velará por remover los obstáculos que impidan o dificulten el acceso, goce y ejercicio de los derechos culturales, con el objeto de desarrollar una vida cultural plena.

Al obtener 93 votos positivos, 35 rechazos y 19 abstenciones, fue devuelto a comisión el texto que señala que “el Estado promueve la cooperación internacional cultural y la integración regional, fortaleciendo sus relaciones solidarias con otros Estados y pueblos velando por el respeto de las culturas migrantes y extranjeras”.

Estuvo lejos de alcanzar los 2/3 el texto del Artículo 17, que indica que “el Estado reconoce y valora el arte callejero y su aporte a la democratización de la vida cultural, a través de sus saberes, oficios, disciplinas y expresiones. A la vez reconoce que el arte callejero forma parte de los patrimonios culturales de los pueblos de Chile”

Agrega que “el Estado protege el desarrollo pleno del arte callejero y las expresiones populares de la ruralidad a través de los mecanismos que la ley determinará. Estos mecanismos deben respetar su diversidad de expresiones y formas de organización, así como también, asegurar el involucramiento vinculante de personas y comunidades que en ellas participan”.

Solo obtuvo 82 votos a favor, mientras que 46 constituyentes lo rechazaron y otros 23 se abstuvieron.

En medio de un gran aplauso, fue visada la norma que indica que “todas las personas, individual y colectivamente, tienen derecho al acceso universal, a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación, con pleno respeto de los derechos y garantías que establecen esta Constitución y las leyes”.

Obtuvo 135 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones.

También fue visada (por 113-3-25) la norma que indica que “el Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, uso y participación en el espacio digital, sus dispositivos e infraestructuras”,

Su texto añade que “el Estado participa y promueve activamente el desarrollo e implementación de las telecomunicaciones, servicios de conectividad y las tecnologías de la información y comunicación, posibilitando distintos modelos y alternativas, respetando los principios de igualdad, continuidad, adaptabilidad, sustentabilidad, equidad territorial, descentralización y gestión compartida”.

Agrega que “la ley determinará la forma en que el Estado y sus instituciones, además de la sociedad civil, participarán en los servicios de telecomunicaciones”.

Un total de 122 convencionales aprobaron en general el texto que refiere que “el Estado garantiza el cumplimiento del principio de neutralidad en la red. Las obligaciones, condiciones y límites en esta materia serán determinados por la ley”. Obtuvo cinco votos en contra y 22 abstenciones.

Asimismo, por 127 preferencias, 6 rechazos y 17 abstenciones pasó a votación en particular el siguiente texto: “El Estado garantiza el acceso libre, equitativo y descentralizado, con condiciones de calidad y velocidad adecuadas y efectivas a los servicios básicos de comunicación”.

Por 125 votos a favor, 11 rechazos y 13 abstenciones, fue visada la norma que sostiene que “toda persona tiene el derecho a la educación digital, al desarrollo del conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico, así como a gozar de sus beneficios. El Estado asegurará que todas las personas tengan la posibilidad de ejercer sus derechos en los espacios digitales, para lo cual creará políticas públicas y financiará planes y programas gratuitos con tal objeto”.

También fue visado el Artículo 23, que “reconoce el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia en cualquier plataforma o medio digital, con especial énfasis en los grupos históricamente excluidos”.

Agrega que “el Estado promueve que el acceso a las tecnologías de información y comunicación en las plataformas o medios digitales y el uso del espacio digital sea libre de toda forma de violencia y agresiones. Es deber del Estado entregar educación y el acompañamiento adecuado para el ejercicio de este derecho”. Su texto finaliza señalando que “las obligaciones, condiciones y límites en esta materia serán determinados por la ley”.

Sumó los votos positivos de 110 convencionales, frente al rechazo de 13. Otros 27 se abstuvieron en la votación.

Fue rechazado al obtener 97 votos a favor, 25 en contra y 30 abstenciones el artículo que señala que “todas las personas tienen derecho al descanso, al ocio y a disfrutar el tiempo libre. La legislación establecerá un límite máximo a la jornada de trabajo y los derechos al descanso semanal y a todos los demás derechos laborales que establezca la Constitución y las leyes”.

Añade que “en todas las políticas públicas relacionadas con estos objetivos, el Estado deberá velar por la participación de las comunidades, especialmente en el nivel local, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, la promoción del diálogo intercultural, así como la protección, conservación y restauración de la naturaleza y su biodiversidad”.

Sin posibilidad de volver a su comisión de origen, al no alcanzar siquiera la mayoría simple en el Pleno, resultó el texto que indica que “todas las personas tienen el derecho a desarrollar, respetar y disfrutar de su corporalidad, emociones y mente, en las distintas etapas de la vida, según las necesidades que se requiera para cada una de ellas”

“Asimismo, tienen el derecho a una muerte, rito y sepultura digna, al conocimiento de las causas de su deceso como la ubicación de sus restos, para permitir la preservación de su memoria, todo de acuerdo a su cosmovisión, cultura y creencias”, añade.

Finaliza indicando que “el Estado debe promover una educación integral e intercultural, que entregue herramientas motrices y socio-afectivas, teóricas y prácticas, para poder conocer, comprender y disfrutar la experiencia del lenguaje corporal.

Por 112 votos positivos, 8 en contra y 32 abstenciones, se aprobó la siguiente norma: “El Estado reconoce la neuro diversidad y a las personas neuro divergentes, su derecho a una vida plena, al buen vivir, autonomía y autodeterminación durante todo su ciclo vital; a su respecto debe garantizar el acceso todos los derechos reconocidos en esta Constitución y en tratados internacionales ratificados por Chile, asegurando los ajustes necesarios y especializados dirigidos a eliminar las barreras estructurales que impidan su ejercicio pleno”.

En un segundo inciso, agrega que “el Estado deberá garantizar y promover el trato digno y su inclusión en todos los espacios sociales y políticos en igualdad de condiciones sin discriminación”.

Agrega que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes, oportunidades y equidad de condiciones”.

Rechazado resultó el Artículo 27, al obtener 93 preferencias, 18 rechazos y 29 abstenciones. En su texto indica que “El Estado prestará especial protección a las personas y otorgará las garantías en sus derechos asegurando la igualdad de condiciones con los demás; a las personas o grupos de atención prioritaria; personas mayores; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad, personas neuro divergentes, personas con enfermedades catastróficas, degenerativas y de alta complejidad y personas en condiciones interseccionales de vulnerabilidad quienes recibirán atención prioritaria y especializada tanto en el ámbito público como privado”.

También vuelve al comisión la norma que sostiene que “las ciencias y tecnologías están al servicio de las personas y comunidades, teniendo como fin la promoción del desarrollo integral y del bien común, con respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales, los derechos de los animales no humanos y los derechos de la naturaleza, además de los otros derechos consagrados en esta Constitución y la ley”.

Sumó el apoyo de 98 convencionales, el rechazo de 24 y otros 3 se abstuvieron.

En tanto, fue visado por 105 votos a favor, 27 en contra y 17 abstenciones el texto que indica que “la Constitución reconoce el principio de protección de la identidad humana presente y futura, base del respeto de la dignidad personal como principio y valor en sí”.

Finalmente, se rechazó el Artículo 30 (por 96-23-32), que expresa que “el Estado debe promover las ciencias y tecnologías y velar porque se realice dichas actividades según los principios de pro humanidad, de solidaridad, de responsabilidad, precautorio y de protección del medio ambiente y la biodiversidad”.