Un gran sacudón que desplomó los cimientos de barrios y ciudades es el oscuro recuerdo de Chile hace 15 años. El 27 de febrero de 2010 en la memoria del país se estamparon más de 500 muertes, un poco más de 50 desaparecidos, y el verano colmado de viajeros que emigraban para ver postales boscosas, arenas y aguas calmas, se convirtió –de un momento a otro– en la sentencia de familias enteras, especialmente en las regiones más azotadas por el tsunami que acompañó al terremoto; Maule y Biobío.

La tragedia que en un principio fue descartada por las autoridades marítimas lentamente se instaló en La Moneda, que en ese entonces encabezaba la expresidenta Michelle Bachelet. La insuficiente y confusa respuesta de los servicios de emergencia como la Onemi y el Shoa, fueron blanco de críticas que apuntaban a que un aviso oportuno pudo salvar vidas, sin embargo, el erróneo mensaje de calma que descartó peligro de tsunami, contribuyó a que las personas no estuvieran en zonas seguras cuando la ola arrasó con todo a su paso.

Algunas autoridades de gobierno y figuras a cargo de instituciones resultaron ser el centro de las críticas y cuestionamientos. Acá la historia de estos protagonistas, a 15 años de la tragedia.

Quienes eran autoridades el 27 de febrero de 2010, tiempo más tarde asumieron culpas apuntando a que no estaban preparados para afrontar la catástrofe. El mismo ministro de Defensa de ese entonces, Francisco Vidal, como primer instinto acudió al Palacio Presidencial, pero se encontró con los reproches del jefe de gabinete de la Mandataria, Rodrigo Peñailillo, quien le recomendó apostarse en la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi). Desde allí, las recriminaciones a las figuras del gobierno terminaron en el Ministerio Público, donde se persiguieron responsabilidades penales.

El ahora presidente del directorio de TVN tenía a su mando a las Fuerzas Armadas, flanco que fue cuestionado por la tardanza de la expresidenta en sacar a los militares a las calles, en medio de hechos delictuales y saqueos. En la investigación para determinar responsabilidades, Vidal declaró como imputado ante la Fiscalía Occidente sobre los primeros pasos que dio como autoridad tras el terremoto.

En los detalles que entregó en un especial de La Tercera sobre el 27-F, reflexionó: “Sabemos que se veía todo como una manga de ineptos. No era así, pero eso se veía. Lo que pasa es que se vivía mucha confusión, porque la información era contradictoria”.

Vidal estaba encargado de coordinar el traslado de las autoridades a las principales zonas afectadas, lo que no se concretó con la urgencia necesaria porque las tripulaciones no podían acceder a la base. “La Presidenta se enojó”, afirmó Vidal. Recién a las siete u ocho de la mañana llegaron cuatro o cinco helicópteros.

El despliegue de las FF.AA. fue duramente cuestionado debido a los retrasos para acceder a zonas, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, afirmó ante el Senado que recién se pudo iniciar un registro ocular a las nueve de la mañana por falta de equipos aéreos.

Patricio Rosende, subsecretario del Interior de ese momento, ofreció disculpas públicas como parte del acuerdo al que llegó con la fiscalía para suspender la causa Tsunami, que buscaba penas de 818 días de presidio menor en su grado medio para él y funcionarios del Shoa y la Onemi, por su responsabilidad en los fallecimientos. En concreto, la exautoridad fue acusada por la muerte de 105 personas y se cuestionó que no alertara sobre el peligro mientras en las costas ya habían sido aplastadas cientos de familias. La defensa de Rosende alegó que solo acató la información que recibió de los organismos de emergencia.

En su declaratoria, Rosende expresó que albergaba la esperanza “de que los familiares de quienes murieron puedan tener el consuelo de que el Estado de Chile reconoce, en la voz de sus representantes esa madrugada, la incapacidad que tuvo para sobreponerse con rapidez ante la catástrofe. Si alguna de mis acciones esa noche contribuyeron de alguna forme a que se cometiere algún error, lo lamento profundamente y expreso mis disculpas por aquello”.

Otro de los hombres que tuvo un rol clave fue el comandante en jefe de la Armada, almirante Edmundo González, quien tenía bajo su mandato el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (Shoa), organismo con la obligación y facultad de alertar sobre el riesgo de tsunami.

El comandante debió rendir cuentas ante la Cámara de Diputados sobre su actuar el 27/F, donde reconoció el error de la institución: “A raíz de los acontecimientos posteriores podemos concluir que la cancelación de la alerta de maremoto fue apresurada y que si bien se emplearon ciertos criterios técnicos en el análisis de los antecedentes considerados, no se efectuó una acuciosa evaluación de la totalidad que el Shoa tenía disponibles a esa hora”.

Además de las fallas en las alarmas, la autoridad castrense fue el único del alto mando de las Fuerzas Armadas que no se presentó en las oficinas de la Onemi, donde se estaba llevando a cabo la primera reunión de la emergencia. Ahí es cuando ocurre el famoso video de Bachelet escuchando las recomendaciones de los funcionarios.

Su ausencia en la Onemi también fue parte de las explicaciones que le dio a los parlamentarios: “Yo me mantuve en mi casa, tenía energía, un generador propio, entre comillas, porque al final no tuve ningún celular, ningún teléfono satelital hasta que al final a las 5:10 am. fui informado que la escuadra no había zarpado, que no había maremoto porque la alerta había sido cancelada hace cinco minutos y obviamente que me relajé un poco”.

Mariano Rojas, capitán de navío y director del Shoa –que debió renunciar a su cargo tras la negligente conducción de la emergencia– fue uno de los imputados en el caso Tsunami. El militar en retiro aceptó cargos por cuasidelito de homicidio en un juicio abreviado que indagó su responsabilidad penal al cancelar la alerta que permitía la evacuación de las personas.

Previo a la judicialización de la tragedia, el marino enfrentó un sumario de la Armada en el que reconoció que dio marcha atrás a la alerta “37 minutos después de haberla activado, porque no se recibió ninguna comunicación de la Onemi que señalara alguna anormalidad en el borde costero”. Rojas tomó esta decisión pese a que desde un inicio una experta oceanógrafa comunicó el avistamiento de “olas destructivas” y también ignoró los reportes de centros de Hawai que identificaros los anomalías. Ocho días después del movimiento telúrico, el comandante en jefe de la Armada relevó del cargo al director del Shoa.

La dirección de la Onemi a cargo de Carmen Fernández quedó manchada por su tardío actuar ante la emergencia. La autoridad sobreseída en el caso Tsunami debió pagar junto a los otros imputados $235 millones a cerca de 100 familiares de las víctimas. Pese a que era la encargada de dar aviso sobre las evacuaciones costeras, la autoridad defendió en todo momento, incluso ante la Cámara de Diputados, que la Armada entregó información errónea sobre dónde estaba situado el epicentro del terremoto, lo que evitó que se diera aviso oportunamente.

De todas formas, Fernández renunció a su cargo a tan solo días antes de que Sebastián Piñera asumiera la Presidencia, desoyendo el llamado que realizó el empresario a las autoridades para que continuaran en sus cargos con el fin de garantizar la continuidad de mando en la emergencia, que ya entraba en la etapa de reconstrucción.

El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, debió responder las preguntas de la comisión investigadora del terremoto debido a la autoridad que tenía la cartera sobre la Onemi. Si bien, no fue parte de los acusados por la fiscalía ya que la noche del terremoto no se encontraba en la oficina donde se tomaron las decisiones, esa misma falta de participación mientras el resto del gabinete junto a los funcionarios de emergencia decidían sobre la alerta, fue la principal crítica que recibió desde la oposición.

El manejo posterior también fue uno de los flancos del secretario de Estado, que adjudicó la lenta respuesta del gobierno a la descoordinación con las Fuerzas Armadas.