El 75% de lo que gastó Chile en La Haya se destinó a asesorías jurídicas

Poco después de haber ganado en el Tribunal Internacional de La Haya, los abogados del estudio jurídico detrás de la defensa de Chile para la demanda marítima de Bolivia, Freshfields Bruckhaus Deringer, se refirieron de esta forma a la labor que comenzó en 2013 y culminó hace casi cuatro meses: "Con docenas de personas de diversos orígenes involucradas, hacer presentaciones ante la Corte Internacional de Justicia requiere una reflexión y una coordinación cuidadosa. Freshfields dirigió la orquesta y se aseguró de que se diseñara y ejecutara una única estrategia coherente".

La "orquesta" de abogados a la que se refiere la prestigiosa oficina jurídica que acompañó el trabajo del gobierno tuvo un costo para Chile de exactamente $ 12.037.961.823.

La cifra significa el 75% de los gastos totales desembolsados en los seis años de litigio internacional, monto que ascendió a poco más de $ 16 mil millones.

La información y el detalle de todos esos gastos fue proporcionada a La Tercera vía Transparencia Pasiva desde la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol) de la Cancillería, que es liderada por Ximena Fuentes, quien, además, es la agente chilena para el otro caso que tiene nuestro país con Bolivia en La Haya por el uso de las aguas del río Silala.

Según la revista británica The Lawyer, el estudio Freshfields integra el denominado "círculo mágico" de abogados que concentran los mayores ingresos del mercado jurídico del Reino Unido, donde se incluye a otras cuatro firmas.

En su sitio web, Freshfields destaca ser el bufete de abogados más antiguo del mundo, habiendo celebrado ya 275 años de existencia desde su fundación, en 1743.

Ben Juratowitch, australiano, fue litigante del equipo chileno y pertenecía a Freshfields. Otros cinco abogados de ese estudio formaron parte del grupo: Callista Harris (Singapur), Yuri Mantilla (Francia), Daniel Müller y Lluís Paradell Trius (Italia).

Freshfields ya había asesorado a Chile en la demanda de Perú por el límite marítimo, pero, según explican conocedores de esos gastos, los montos fueron menores.

En la información enviada por la Difrol a La Tercera se señala como mayor gasto por asesorías de abogados el pagado a empresas jurídicas. Según los registros, más de $ 8 mil millones fueron destinados a asesorías de este tipo. Y alrededor de $ 3 mil 800 millones cubrieron los cobros de abogados mediante boletas de honorarios (ver infografía). Según Transparencia Activa, el agente Claudio Grossman, por ejemplo, es uno de los abogados que figura con pagos a honorarios.

El resto de los gastos afrontados por Chile apunta a los costos de pasajes, alojamientos y viáticos. Aunque la respuesta obtenida por transparencia no precisa exactamente los montos asociados a cada ítem, sí señala los conceptos de gastos generales.

Estos se dividen en tres grandes áreas: el numeral 21, que corresponde a "Gasto en Personal" y donde se consideran los gastos asociados al pago de honorarios (nacionales y extranjeros) y viáticos; el numeral 22, que consigna "Gastos en Bienes y Servicios de Consumo", cuyo objetivo es cubrir los servicios profesionales contratados con empresas, como también pasajes y otros gastos generales que también se pagan a sociedades; finalmente, el numeral 29 es un ítem que apunta a la "Adquisición de Activos no Financieros". Esto consiste en la adquisición de equipos y programas informáticos.

Según el cruce de cifras proporcionadas por Difrol, en viáticos del numeral 21 (profesionales) se pagaron $ 1.500 millones, mientras que en pasajes y otros servicios del numeral 22 se gastaron $ 2.500 millones. En el concepto de gastos 29, solo se desembolsaron $ 12 millones.

En el desglose de estas cifras se considera también los peaks de gastos según las distintas etapas del caso (ver línea de tiempo), concentrándose los montos más altos en la fase de los alegatos orales.