El Presidente Gabriel Boric impuso desde y una exigencia a sus ministros: que mantengan la prescindencia de cara a las primarias del progresismo previo a la elección presidencial de noviembre de este año.

El Mandatario lo hizo de manera pública ayer martes, en su alocución en el marco del cambio de gabinete que concretó la salida de Jeannette Jara del Ministerio del Trabajo. El mismo mensaje ha sido transmitido en privado y se espera que lo refuerce este viernes.

“En esto quiero ser muy claro: mi candidato es Chile. Y el mejor aporte que personalmente y como gobierno podemos hacer, a nuestras ideas y sobre todo a los chilenos y chilenas, es gobernar bien”, dijo en la despedida de la ahora candidata presidencial del Partido Comunista.

En la misma línea, el Jefe de Estado indicó que “mucho se ha especulado de quién es el candidato del gobierno o el mío en particular. Si es Carolina (Tohá), si hoy es Jeannette (Jara), si es Gonzalo Winter o podría ser Vlado Mirosevic o Jaime Mulet. Todos quienes menciono han mostrado su disposición a competir en buena lid por representar a los sectores progresistas en una primaria amplia y convocante. Incluyo, por cierto, también al diputado (Alberto) Undurraga. (...) Quiero insistir en esto: nuestro candidato es Chile. Y, por lo tanto, a mí y a mis ministros en esta etapa lo que nos corresponde es prescindencia en materia electoral y dedicar todas nuestras energías a nuestras tareas de gobierno”.

Qué dice Contraloría

Previo a cada elección, la Contraloría General de la República suele publicar un instructivo sobre la prescindencia que deben seguir los funcionarios públicos de cara a las elecciones. Si bien, se trata de un documento que se va actualizando, sus lineamientos generales se mantienen.

Así, con miras a la elección de 2024, que se desarrolló en octubre de ese año para elegir alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales, el texto fue dado a conocer el 5 de abril.

En ese escrito, el órgano encabezado por la contralora general Dorothy Pérez recalca: “Los cargos públicos que sirven funcionarios, autoridades y jefaturas, deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, otorgando a todas las personas de manera regular y continua las prestaciones que la ley impone al respectivo servicio, sin discriminaciones”.

De la misma manera, sostiene que “en el desempeño de la función pública, los empleados estatales, cualquiera sea su jerarquía y el estatuto jurídico que los rija, están impedidos de realizar actividades de carácter político contingente y, en tal virtud, no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas o participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, ejercer coacción sobre los empleados u otras personas con el mismo objeto y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias, partidos políticos o pactos electorales”.

Además de señalar las actividades prohibidas para funcionarios públicos, el texto también explica las sanciones a quienes no cumplan con las normas de prescindencia, que incluso contemplan la destitución de su cargo.

“Cabe tener presente que, acorde a lo dispuesto en el artículo 62 de la aludida ley N°18.575, contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, las conductas que esa disposición señala, de manera que quien infringe gravemente tales deberes puede ser sancionado incluso con la medida disciplinaria de destitución o término de la relación laboral”, se lee en el escrito.

Con todo, la Contraloría especifica que el instructivo solo aplica dentro de la jornada y horario laboral de los funcionarios públicos, por lo que poseen autorización para participar de actividades políticas durante su tiempo libre.

La advertencia de Bermúdez a Boric en 2022

En abril de 2022, previo al plebiscito de salida para una nueva Constitución, que se desarrollaría el 4 de septiembre de ese año, el entonces contralor general Jorge Bermúdez se reunió con el Presidente Gabriel Boric para dar cuenta de la prescindencia que debía mantener el gobierno sobre dicho proceso eleccionario.

Esto, luego que el Mandatario afirmara por aquella fecha que su administración no sería neutral frente al plebiscito constitucional.

“La prescindencia significa neutralidad, evidentemente”, dijo Bermúdez a la prensa tras la cita con el Jefe de Estado.

La declaración del contralor fue realizada el mismo día en que la entidad emitió en aquel año el instructivo sobre las normas de prescindencia que deben cumplir las autoridades y funcionarios públicos en elecciones.

Esta disposición hizo que en ese momento, además, se generara un debate por la transmisión de un video producido por la Secretaría General de Gobierno y grabado en La Moneda, en el cual la ministra vocera, Camila Vallejo, y el entonces titular de la Segpres, Giorgio Jackson, valoraron los avances en el trabajo de la Convención Constitucional y, en especial, la aprobación del capítulo de derechos fundamentales.