El abogado de Miguel Crispi (FA), Guillermo Chahuán, se refirió esta noche a la conversación telefónica entre el exjefe de asesores de la Presidencia y su madre que, tras ser interceptada por la PDI, dio origen a la investigación penal contra la otrora senadora Isabel Allende por su participación en la fallida compra por parte del gobierno de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.

Según reveló este viernes La Tercera, fue esta conversación telefónica, realizada el pasado 7 de enero, entre Crispi y su madre, la socióloga Claudia Serrano (PS), la que abrió la investigación penal que hoy sigue vigente en contra de la destituida parlamentaria. Esto, ya que un par de meses antes, el fiscal regional Patricio Cooper había solicitado al Juzgado de Garantía de Antofagasta interceptar el teléfono de Crispi en el marco de diligencias del caso ProCultura.

Así, el abogado Chahuán sostuvo a este medio que “al declarar como testigo en la causa sobre las compras de las casas de los expresidentes, nos enteramos que al señor Crispi le habrían interceptado sus comunicaciones privadas, en el marco de otra investigación, relacionada con la Fundación ProCultura. En esas escuchas, la Fiscalía recogió una conversación del Sr. Crispi con su madre, conversación privada y propia de un contexto familiar, en que mi representado se refiere a la fallida compra de la casa del exPresidente Allende”.

Al respecto, el jurista destaca que “en esta conversación de ninguna forma atribuye presiones indebidas ni un delito a la exsenadora. De manera informal y coloquial lo que quiso transmitir es que tuvo conocimiento que el abogado de la familia monitoreó el avance del proceso y tampoco advirtió la inhabilidad. Es una conversación en un espacio familiar y, por supuesto, sacada de contexto, se presta para otras interpretaciones”.

La conversación de Crispi

Crispi era sujeto de interés para la Fiscalía debido a que -mientras se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional- validó a ProCultura para firmar un convenio por $ 630 millones con el Gore de Antofagasta, decisión por la que fue querellado por diputados del Partido Republicano y la UDI.

Cuando ese 7 de enero Crispi hablaba con su progenitora, al otro lado un detective tomaba nota. Y fue, justamente, el tono de esa conversación la que hizo que la PDI incluyera en el Informe Policial N°14, del 8 de enero de 2025, la transcripción de lo que el jefe de asesores del Segundo Piso de la Moneda le había confidenciado a su madre, ya que, a juicio de la Brigada Anticorrupción, se trataría de un “hallazgo casual relevante”.

Tras revisar el informe, el fiscal jefe Eduardo Yáñez determinó separar esa pieza investigativa del caso ProCultura e iniciar una nueva investigación por el delito de tráfico de influencias. ¿La explicación? Crispi en la conversación -a juicio de los investigadores- deslizaba gestiones de Allende para agilizar la compra de la casa de su padre.

En la señalada conversación -según quienes conocen del tema- Crispi le respondió a su madre que también había responsabilidad del abogado de la familia y de la propia Allende en el fallido proceso de compraventa del inmueble de Guardia Vieja".

“O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del ministerio. Weveando, weveando, weveando, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”, se lee en la transcripción.