El abogado de Miguel Crispi (FA), Guillermo Chahuán, elevó el tono por el seguimiento policial de las conversaciones telefónicas al exjefe de asesores de La Moneda.

Mediante un comunicado, el representante legal del exasesor del Presidente Gabriel Boric recalcó que en el marco de la investigación relacionada con la Fundación ProCultura, “la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó interceptar las comunicaciones del Sr. Miguel Crispi, mientras era Jefe de Asesores del Presidente de la República”.

“La supuesta vinculación de mi representado con los hechos investigados data del año 2022, cuando se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional”, dice el texto.

Y luego agrega: “Desconocemos los fundamentos de la solicitud de la Fiscalía Regional de Coquimbo y del Juzgado de Garantía de Antofagasta para conceder una medida intrusiva de tal entidad. A la fecha, no existe ningún antecedente que dé cuenta de participación alguna de Miguel Crispi en algún delito o falta”.

Chahuán escribe en el comunicado que “en enero de 2025, la Fiscalía recogió una conversación del Sr. Crispi con su madre, diálogo privado y familiar, en que mi representado se refiere a la fallida compra de la casa del exPresidente Allende”.

Asimismo, remarca que Crispi “declaró ante el Ministerio Público que ésta fue una conversación informal con su madre, que nunca tuvo conocimiento de presión alguna que hubiera realizado la exsenadora Isabel Allende, y que sí tuvo conocimiento de que la familia Allende estaba representada formalmente por un abogado, quien efectivamente monitoreó el avance del proceso y no advirtió de la inhabilidad".

“Esperamos tener a la vista la carpeta de investigación, y los fundamentos de la concesión de la medida intrusiva para evaluar los pasos a seguir”, cierra el escrito.

“Pinchazo” a teléfono de Crispi

Desde noviembre del año pasado que el fiscal regional Patricio Cooper contaba con la autorización, otorgada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, para interceptar el teléfono de Crispi, quien hasta el 10 de marzo se desempeñaba en Palacio como asesor del Mandatario.

El exasesor presidencial se enteró recién la semana pasada que pesaba sobre él esta medida intrusiva cuando fue a declarar a la Fiscalía por el presunto tráfico de influencias en la fallida compra de la casa del difunto Presidente Salvador Allende.

Luego de ello, Crispi avisó inmediatamente a Palacio de que la Fiscalía podía tener acceso a innumerables conversaciones reservadas y sensibles de la época en que lideraba el llamado Segundo Piso de La Moneda, área donde se desempeña todo el equipo de colaboradores directos del Presidente.

Ese seguimiento policial a las conversaciones telefónicas del sociólogo frenteamplista destapó -a través de una comunicación con su madre, Claudia Serrano (PS), ocurrida el 7 de enero-, las presuntas presiones de la exsenadora Allende para vender la casa familiar. Ello abrió una investigación penal.

Este inmueble hoy pertenece a una comunidad hereditaria, donde participan la exparlamentaria y también la exministra de Defensa, Maya Fernández. Ambas estaban en pleno ejercicio de sus cargos cuando estalló la polémica debido a que la Constitución prohíbe a autoridades públicas celebrar contratos con el Estado, como la compraventa de un inmueble.

A partir de ese contrato, Allende fue destituida del Senado por un fallo del Tribunal Constitucional en un proceso paralelo a la actual investigación penal por el mismo caso; mientras que Fernández salió del gabinete el 10 de marzo de este año en forma repentina, justo el mismo día en que Crispi dejó sus funciones como asesor.