AC contra Presidente Piñera: director del SII asegura que compraventa de Dominga cumplió con el marco tributario del 2010

Este jueves continúo la revisión de la acusación constitucional contra el Presidente Piñera, esto luego de que el pasado 13 de octubre diputados de oposición ingresaran la acción por un eventual conflicto de interés en el marco de la compraventa del proyecto minero Dominga.

En la tercera sesión de esta semana la comisión evaluadora -integrada por los diputados Florcita Alarcón (PH), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind.-RN) y liderada por la diputada Maya Fernández (PS)- iba a recibir al exministro de Economía, Luis Felipe Céspedes (2014-2017), y al exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés (2015-2017).

Ambos exjefes de cartera, de la segunda gestión de la Presidenta Michelle Bachelet, se excusaron de asistir a la comisión. Céspedes apuntó a compromisos académicos previos, mientras que Valdés excusó su inasistencia por estar fuera del país y no tener conexión.

De esta forma, las inasistencias de Céspedes y Valdés se unen al Fiscal nacional, Jorge Abbott -se excusó de asistir apuntando que la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich, está al mando de la investigación y que él no puede referirse a este proceso-, a la exministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos -argumentó que no pudo asistir por sus labores constitucionales- el director del SII, Fernando Barraza -por temas de agenda- y el exfiscal Manuel Guerra -que investigó a Piñera por el caso Exalmar y señaló que “no es procedente ni adecuado referirse a una investigación penal concluida”-.

Con todo, Julio Pertuzé, subsecretario de Economía, fue el primero en intervenir en esta sesión. En la instancia indicó que la Oficina de Proyectos Sustentables (GPS) se creó a través del decreto supremo n°99 en el año 2018, la cual reemplazó al Comité Asesor Presidencial Pro inversión, creada el 2016.

La oficina GPS “actúa como la secretaría ejecutiva del comité asesor de proyecto sustentables, instancia colegiada integrada por 10 subsecretarios para el seguimiento y coordinación de la tramitación de las iniciativas de inversión en el país, sean de carácter privado o públicas”.

Respecto al proyecto Minero Dominga afirmó que “se encuentra judicializado y sin actividad desde antes de la fecha de creación de la oficina GPS, por lo que ésta no está realizando ningún tipo de gestión en relación con este”.

“Por tratarse de un proyecto de inversión de gran impacto en términos de inversión y empleo se incluyó las primeras tres versiones del reporte de inversión que publica la oficina GPS, septiembre, octubre y noviembre del año 2018, en el que es algo meramente informativo. Sin embargo, por no presentar actividad a la cual hacer seguimiento, ni claridad respecto de su desarrollo, se eliminó de los reportes sucesivos”, sostuvo el subsecretario.

Tras su intervención, el diputado Auth le consulta al subsecretario “¿Por qué el 2018 se incorpora un proyecto en el listado de prioridades que desde el punto de vista legal no existe, no está sobre la mesa? (...) ¿Qué motiva que entre al listado un proyecto que no está en trámite? y por lo tanto la oficina GPS no tiene nada que hacer”.

Ante la pregunta, Pertuzé recalcó: “eso obedece a que justamente cuando se crea la oficina lo primero que se hace es que realiza un arqueo de todos los proyectos que se están monitoreando, que se delega del comité en cuestión, pero un proyecto que está judicializado la verdad es que no tiene sentido porque no se está monitoreando, no está avanzando, no se está tramitando y por lo mismo se toma la decisión de sacarlo del listado”.

En una línea similar, el subsecretario de Economía aseguró que “nosotros como Estado, los plazos se exceden hasta siete veces los plazos legales o lo establecido dentro de las normas, entonces nosotros efectivamente tenemos un problema enorme de coordinación ministerial”, y sobre la priorización de proyectos enfatizó que “no hay ninguna priorización, ninguna”.

La autoridad también fue consultada sobre gestiones específicas y un eventual trato especial al proyecto, a lo que respondió: “cero, nada”. Y añadió que “el Presidente tampoco ha inferido en ningún otro proyecto de inversión que este monitoreando la oficina GPS”.

Unos minutos pasadas las 15:00 horas se retomó la sesión de la comisión revisora. La primero en exponer fue la directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Coquimbo, Claudia Martínez, quien fue invitada a la sesión de la mañana pero que, al presentar problemas de conexión, fue reagendada su intervención para la segunda sesión.

En el lugar, Martínez comenzó señalando que el proyecto, en primera instancia, fue calificado en marzo del 2017. A pesar de esto, el primer tribunal ambiental de Antofagasta resolvió retrotraer el proyecto Dominga - en abril de este año- a la etapa posterior del informe consolidado de evaluación. “El tribunal al resolver de esa forma nos indica, como servicio, tener que analizar el fallo”, afirmó.

“Posteriormente el titular del proyecto nos hace llegar la solicitud de que debemos calificar el proyecto nuevamente en los términos que indica el fallo del primer tribunal ambiental (...) tuvimos que citar a comisión extraordinaria porque los estudios de impacto ambiental deben cumplir un plazo máximo para calificarse de 180 días y el proyecto se tuvo que volver a abrir en el día 173″, detalló.

Tal como contó la directora regional, se calificó el proyecto en el día 179 y no se agregó ningún antecedente técnico nuevo. “Como servicio presentamos los antecedentes técnicos y sugerimos la recomendación de aprobación porque era lo que se había resuelto en la etapa anterior del proceso de evaluación”, aseguró.

A propósito de la aprobación del proyecto, Martínez fue consultada por el informe de la CONAF, ya que, como señaló el diputado Pepe Auth, la corporación habría estado en una posición contraria. “CONAF solamente fue el servicio que quedó finalmente con condiciones, con observaciones al proyecto y que no dio su conformidad ni al estudio ni al informe consolidado de evaluación”.

En la instancia, Martínez fue consultada por si es que hubo algún tipo de gestión para favorecer el proyecto, a lo que contestó: “obviamente que no porque nosotros somos un ente técnico y reglado que nos acogimos a lo que indicó el primer tribunal”.

El segundo, y último, expositor de la jornada fue el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, quien inició detallando el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario del SII, el que establece procesos focalizados en los contribuyentes que usan planificaciones con esquemas agresivos, “con especial énfasis en los riesgos transaccionales de las operaciones internacionales”, destacó.

Después de explicar las estrategias para controlar los eventuales incumplimientos tributarios, y asegurar que se ha realizado un fortalecimiento de colaboración internacional en la materia, compartió las conclusiones del SII sobre al proyecto minero, en base al marco legal que regía en la época.

Respecto a la compra directa que se realizó en Chile señaló que “se genera mayor valor que es reconocido en el mismo ejercicio, cumpliendo con las obligaciones tributarias correspondientes”.

Esta conclusión se rige al inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Impuesto a la Renta en el cual “se gravaba con impuestos en el país la ‘venta indirecta’ -efectuada en el extranjero- de activos subyacentes en Chile, solo cuando el comprador de las acciones o derechos sociales era residente o domiciliado en Chile”, vigente hasta el 27 de septiembre del 2012.

En tanto, sobre la venta en las Islas Vírgenes Británicas indicó que “al percibir el contribuyente chileno la renta de fuente extranjera, esta es reconocida para fines tributarios, cumpliendo con las obligaciones tributarias correspondientes”.

Para esta conclusión se tuvo en cuenta el artículo 12 de la Ley de la Renta que establece el cómputo en Chile de las rentas de fuente extranjera: “se establecía que se consideraba aquellas rentas líquidas percibidas”, detalló Barraza sobre esta norma que estuvo vigente hasta el año 2016.

Tras la presentación de Barraza, la presidenta de la comisión, Maya Fernández, preguntó: “¿Cuál sería la ventaja, cuál sería la diferencia de hacerlo dentro o fuera de Chile?”

Ante la pregunta, el director del SII declaró que “con la norma de la época, y de la manera en que se estructuró esta operación, desde la perspectiva tributaria no hay ventajas en haber hecho ésta operación en el extranjero (..) se pudo haber hecho en el país y con las normas de la época los efectos tributarios habrían sido, sino los mismos, muy similares”.

Y en la misma línea subrayó que “nosotros con la información que tenemos hasta ahora no podemos afirmar cuál fue la razón por la cual esto se hizo fuera del país (...) nosotros hasta ahora no vemos que la operación se haya realizado fuera por obtener mayores ventajas tributarias de las que ya existían”.