Acevedo, Bulnes y Jiles: diputadas que sufrieron prisión política fijan postura sobre reabrir su pasado y alzar el secreto de la Comisión Valech

A través de un conjunto de indicaciones que ingresarán por el Senado, el gobierno del Presidente Gabriel Boric reactivará un debate sensible para liberar más información que pueda ser usada en casos de detenidos desaparecidos: el posible levantamiento, bajo ciertas circunstancias, del secreto que pesa en torno a los testimonios recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que presidió el fallecido obispo Sergio Valech (llamada Comisión Valech).

La decisión del Ejecutivo es patrocinar una moción del año 2016, presentada por el exlegislador Hugo Gutiérrez (PC) y el actual diputado Leonardo Soto (PS), junto a un grupo de parlamentarios de la época, que hoy ya no son parte de la Cámara, entre ellos el propio Boric, el fallecido presidente del PC, Guillermo Teillier, y el hoy senador Matías Walker (Demócratas, ex DC).

Esa moción, de un sólo párrafo, permitía a los tribunales tener acceso a los antecedentes de la Comisión Valech, que de acuerdo a las Ley 19.992, quedaron con carácter secreto por 50 años. Ahora, la idea del gobierno es insistir en ese punto, pero con la salvedad de que la información puede ser liberada a las peticiones judiciales con el consentimiento de las víctimas o de sus herederos si es que se trata de un fallecido.

Sin embargo, redactar una cláusula que permita levantar el secreto no es sencillo, admiten algunos legisladores oficialistas. Además de convencer a sectores reticentes, se requiere de un trabajo de joyería legislativa.

Actualmente en el Congreso hay tres diputadas que sufrieron la prisión política y que están reconocidas como víctimas por la Comisión Valech: María Candelaria Acevedo (PC), Mercedes Bulnes (independiente Frente Amplio) y Pamela Jiles (indep.).

Una de las legisladoras se opone al levantamiento del secreto, mientras que dos de ellas son partidarias de liberar información.

De hecho, Acevedo y Bulnes presentaron una moción el año pasado con ese objetivo, que, incluso, va más allá de lo que pretende el Ejecutivo. Le daría carácter “público” todos los antecedentes y testimonios, salvo que las víctimas o sus familiares se opongan por escrito. Es decir, da vuelta el peso de quien debe tomar la iniciativa.

“Nosotros tenemos claro que tiene que ser decisión de cada uno, los que somos expresos políticos, de dar la anuencia para abrir los procesos, donde hay información. Yo siempre he estado dispuesta a liberar información. Una ley no me impide entregar información de lo que me ocurrió”, señaló a La Tercera la diputada Acevedo, representante de la Región del Biobío y cuyo caso hasta hoy estremece la sociedad penquista.

En noviembre de 1983, agentes de la CNI la detuvieron a ella y a su hermano Galo. Ambos eran militantes de las juventudes comunistas.

Al no tener información del paradero de sus hijos, su padre, Sebastián Acevedo Becerra, tomó una decisión desesperada. Después de una búsqueda infructuosa por el paradero de sus hijos, el 11 de noviembre de 1983, en la Plaza de Armas de Concepción, frente a la Catedral penquista, se roció gasolina y se prendió fuego como acto de protesta.

El hecho no solo conmocionó a la ciudad, también impactó a nivel nacional, al punto que María Candelaria fue liberada inmediatamente después de haber estado tres días en prisión, en un cuartel de la CNI, donde fue interrogada con golpes y apremios ilegítimos.

“Cuando me sacaron de la CNI no pude ver a mi padre, él nos dijo que no era necesario, y hablamos por citófono. Mi padre para saber que era yo me preguntó cómo me decían cuando niña... Y sólo me dijo que me preocupara de mi hijo, de mi madre y mi hermano, que saliera de la cárcel y que criara bien a mi hijo. Él no quiso verme, porque tenía el 95% de su cuerpo quemado... Tenía todavía conciencia. Ese mismo día 11 de noviembre falleció a las doce de la noche”, relató a Radio Tehuelche la legisladora, quien siempre ha definido la muerte de su padre como un “sacrificio” que le salvó la vida.

Tras la muerte de su padre, sin embargo, la CNI volvió a detenerlos. Ella pasó un año y dos meses privada de libertad. Su hermano Galo estuvo detenido durante dos años.

Recientemente en una entrevista a Radio Nuevo Mundo, volvió a narrar parte de lo que sufrió: “fui violentada sexualmente”.

La diputada Acevedo y su hermano Galo hoy figuran en las nóminas del informe Valech, mientras que su padre también fue reconocido como víctima de “violencia política” por la Comisión de Verdad y Reconciliación (Rettig).

El caso de la diputada Bulnes ocurrió en 1976. Ella estaba embarazada, cuando fue detenida junto a su marido, el abogado Roberto Celedón. Ambos eran simpatizantes de la Izquierda Cristiana.

“Siempre estuve de acuerdo (con liberar la información). Estimaba que el secreto de la Comisión Valech era una transacción para tener la aprobación (del Congreso) de la Ley Valech. Puede que alguna persona excepcionalmente quiera el secreto, pero a la gran mayoría de las víctimas no le importaba y no necesitaba secreto. Porque no nos protegía a nosotros ni a nuestros hijos, con quienes hablamos antes de prestar declaración ¿Qué estamos protegiendo? ¿Secretos de familia?”, comentó Bulnes.

La legisladora y su marido fueron reconocidos como prisioneros políticos y víctimas por la Comisión Valech.

“Mi marido fue sometido a torturas en el regimiento Buin y yo fui sometida a apremios y abusos de carácter sexual por parte de un capitán de la inteligencia militar. Estaba embarazada de una hija”, señaló la legisladora, cuya hija -hoy convertida en jueza- fue uno de los casos especiales de “personas que estaban en gestación cuando sus madres fueron torturadas”, que la comisión recomendó al gobierno de Ricardo Lagos también calificarlos como víctimas a pesar de que no estaba en el mandato original.

La diputada Jiles tiene una voz disidente frente al alzamiento del secreto.

Recientemente en un tuit, criticó con dureza el anuncio presidencial. “La amenaza del gobierno de @GabrielBoric de levantar el secreto Valech, nos revictimiza a los sobrevivientes y a nuestras familias, en cuanto se nos prometió reserva absoluta de nuestros testimonios como condición para entregarlos a esa Comisión de Prisión Política y Tortura. Solo plantear que se incumpla esa promesa constituye un nuevo daño del Estado en nuestra contra”.

En conversación con La Tercera, Jiles dijo que “es grave la propuesta”. “Ponernos a las víctimas, en posición de responsabilizarnos de que debemos hacer públicos los antecedentes de lo que se nos prometió reserva durante 50 años y que esta sea condición para encontrar a los detenidos desaparecidos, es remover el dolor que uno sufrió y ponernos el peso de que somos responsables si uno no entrega esa información”, manifestó la parlamentaria quien agregó que plantear que mediante esa información se obtendrá el paradero de detenidos desaparecidos es una premisa “falsa”

Añadió que el gobierno debiera priorizar la identificación de cajas con osamentas que permanecen el Servicio Médico Legal.

“Son testimonios que requieren de una extrema delicadeza. Cuando fui detenida era una adolescente, prácticamente una niña. Tenía 15 a 16 años. Fui secuestrada, detenida y maltratada. Era militante de las Juventudes Comunistas. Mi abuela debió recurrir a mis tíos (que eran militares en esa época) para pedirles ayuda y no recibieron ninguna ayuda”, dijo la diputada, quien pocas veces ha dado más detalles de lo que sufrió.

Jiles fue incluida en la lista de víctimas en la etapa de reconsideración, que se abrió posteriormente al primer informe. Cuando comenzó el trabajo de Comisión Valech, alcanzó presentar su caso, pero su calificación no logró completarse por un viaje al exterior.

Frente a ello, la misma Comisión Valech, que inicialmente terminaba su mandato en 2004, pidió una prórroga para dar un período de gracia a varias personas que ya habían presentado su caso, pero no habían reunido los suficientes antecedentes. Al final, Jiles fue incorporada en el informe de la Comisión Valech, a finales de 2005.

En el gobierno de Michelle Bachelet se abrió un nuevo plazo, en lo que se llamó la Comisión Valech II, que amplió la lista de prisioneros políticos a más de 40 mil personas.