Actas del Cosena revelan pugna por convocatoria, reconocimiento de Carabineros de que fueron "sobrepasados" y crítica al sistema de inteligencia

Una hora y cuarenta minutos. Ese fue el tiempo que duró, el pasado jueves 7 de noviembre, la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) que convocó el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda en medio del estallido social en Chile. La citación del organismo, que solo puede ser citado por el Mandatario para abordar situaciones graves de seguridad nacional, generó en su minuto duras críticas de la oposición.

Casi dos semanas después del encuentro, este martes Presidencia liberó las actas de la cita, en la cual se pueden apreciar las opiniones que dieron el Presidente y las principales autoridades del Estado. En la reunión estuvieron el contralor Jorge Bermúdez, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, los titulares del Senado y la Cámara, Jaime Quintana (PPD) e Iván Flores (DC) respectivamente, además de los cuatro comandantes en jefe de las FF.AA y de orden y seguridad: Ricardo Martínez (Ejército), Julio Leiva  (Armada), Arturo Merino (Fuerza Aérea) y Mario Rozas (Carabineros). A ellos se sumaron los ministros del Interior, Gonzalo Blumel y de Defensa, Alberto Espina.

Un consenso generalizado en la reunión fue la debilidad del sistema de inteligencia, el reconocimiento de Carabineros de que su labor se vio sobrepasada con el estallido social -lo que fue admitido por el propio Rozas- y un debate por parte de las autoridades del Congreso y la Contraloría sobre la pertinencia de la citación. De hecho, uno de los puntos más tensos de la reunión fue un intercambio entre Bermúdez y el Mandatario a raíz de la pertinencia para haber convocado al organismo.

En la reunión, que se extendió entre las 19.10 y las 20.50 horas, según se lee en el escrito, el gobierno realizó al inicio un resumen de la situación, asegurando que el Ejecutivo "ha hecho sus mejores esfuerzos para escuchar las demandas ciudadanas y ha propuesto una Agenda Social, recogiendo proyectos de ley presentados por parlamentarios y otros del Ejecutivo". También señaló que "los hechos de violencia y vandalismo que hemos observado en estos días han producido un grave daño al país y a los ciudadanos, con un grave impacto en la confianza ciudadana y la capacidad de crecimiento de la economía, frente a lo cual el Gobierno ha propuesto una Agenda de Seguridad Ciudadana".

"El Presidente agrega que, al momento de decretar los Estados de Emergencia, una de las principales preocupaciones del Gobierno y de las Fuerzas Armadas y de Orden fue la protección de los derechos humanos de las personas, en toda su dimensión", dice el escrito. Un poco más adelante de hecho -según las actas- el Mandatario defendió su decisión asegurando que "si no se hubieran decretado los Estados de Emergencia, no habría cumplido con su deber, dada la grave situación de violencia que vivía el país y su impacto sobre el orden público y la seguridad ciudadana".

"Finalmente, S.E. el Presidente de la República solicita al Congreso Nacional que colabore con la aprobación de las leyes necesarias que son parte de la Agenda Social y la Agenda de Seguridad Ciudadana. Asimismo, solicita al Poder Judicial que, junto con el Ministerio Público, tomen todas las medidas para investigar y sancionar todos los casos en que se haya cometido un delito o abuso. Si existen miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden que no cumplieron con la ley o los protocolos, deben ser juzgados y sancionados de conformidad al ordenamiento jurídico", dice el acta.

La palabra la tomó luego el presidente del Senado, quien partió señalando que "no comparte la convocatoria al Consejo" y pide, además, que el acta de la sesión sea pública. Junto con condenar "los actos vandálicos, la violencia manifestada en los saqueos, incendios y otros actos similares. Indica que se debe dar cumplimiento al deber de informar al Congreso Nacional acerca de las medidas que se adoptaron en el marco de los Estados de Excepción y espera que no se recurra a otras medidas excepcionales en el futuro".

Quintana también solicitó -entre otras cosas- que se autorizara la visita de una misión de la CIDH y planteó que "la solución, a su parecer, pasa por abrir los canales de participación para la aprobación de una nueva Constitución".

De acuerdo a la información liberada por Presidencia, Brito señaló que "una condición básica para restablecer la confianza y la tranquilidad es la observancia de los derechos humanos, especialmente por parte de las instituciones que deben velar por tales derechos y hacer que se cumplan", agregando que "como Poder Judicial, se han preocupado de que los jueces vayan a las comisarias en búsqueda de información, para que las personas no tengan la incertidumbre de cómo están sus familiares. Esta es una condición básica para restablecer el orden y la mejor convivencia".

En ese momento, tras la intervención de Brito, fue Bermúdez quien tomó la palabra, con una dura oratoria. El contralor señaló que "la regulación del Consejo de Seguridad Nacional se encuentra en la Constitución, no pareciéndole la convocatoria realizada. Expresó, además, "que se trata de un resabio de una época pretérita de nuestra República, en que el poder civil estaba supeditado al poder militar. En su opinión, no habría argumentos para entender que estamos frente a un problema de seguridad nacional, ya que aquí hay un problema de orden público, lo que amerita otro tipo de soluciones. En relación a los datos que se han entregado en esta sesión, como Contraloría, se está cumpliendo con la labor que les corresponde por ley, tomando razón de aquellos actos administrativos que deben someterse a ese trámite".

Bermúdez también cuestionó el sistema de Inteligencia nacional, planteando que "poco se sabe sobre qué falló para que el país llegara a la situación en que está. Se gastan muchos recursos en Inteligencia, por lo que le gustaría saber qué ocurrió y porque no se tomaron medidas preventivas para evitarlo". 

Al igual que Quintana, Flores señaló no compartir "la convocatoria a esta sesión, para informarlos de cuestiones que ya se conocen". También dijo observar con "preocupación a Carabineros, sobrepasados por los hechos ocurriendo en las calles. Quien debe actuar, más allá de los proyectos de ley anunciados hoy, es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto con Carabineros". En esa línea, el diputado dijo que la Inteligencia "está atomizada en las distintas ramas de las policías y Fuerzas Armadas, por lo que existe un problema frente a la capacidad de adelantarse a los hechos.

Luego fue el turno de los comandantes en Jefe. El primero en dirigirse a los presentes fue Martínez, quien según el acta "aclara que, respecto a las Fuerzas Armadas, les está vedado realizar operaciones de Inteligencia interna, solo residual respecto a Carabineros o la PDI. Sugiere que se avance en una Ley de Inteligencia, y así poder adelantarse a las acciones disruptivas". 

Según el texto, Martínez continúo señalando que "orden público es de responsabilidad de Carabineros, y las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad primaria en la defensa de la soberanía" y que "las policías han realizado un tremendo esfuerzo por entregar mayor paz a los ciudadanos. Explica que ni las policías ni los miembros de las Fuerzas Armadas salen a la calle a producir daño, ni tampoco a que les hagan daño a ellos".

Julio Leiva , a su turno, señaló que "la función de la institución está establecida en la Constitución, y es la defensa de la patria y que "sus actuaciones se han realizado de conformidad a la Constitución y a las leyes".  En relación a las Reglas del Uso de la Fuerza, asegura que "han sido ejecutadas por los Jefes de la Defensa Nacional, ha existido un uso gradual y proporcional de las armas, con cautela por la vida de las personas. En tal sentido, la experiencia de la Armada en misiones de paz les ha permitido contar con personal entrenado para enfrentar las situaciones vividas".

Tras Leiva se dirigió a los presentes el general del Aire, Merino, para afirmar que la "participación de la institución en los Estados de Emergencia se realizó con pleno respeto a las Reglas de Uso de la Fuerza, concentrando su apoyo desde el aire". El texto relata que "indicó luego que los miembros de las Fuerzas Armadas no salieron a las calles a agredir a la población, sino que a protegerla. Explica que fue la preocupación principal del Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional". También se sumó a quienes plantearon que el servicio de Inteligencia "debe ser modificado en cuanto a sus funciones y capacidades".

"En relación a la sensación de que las Fuerzas de Orden se han visto sobrepasadas (Merino) señala que están haciendo un esfuerzo enorme por mantener el orden público, por lo que debemos apoyarlas", dice el escrito.

Al inicio de la exposición, el general director agradeció a Piñera "su apoyo y respaldo", agregando que el Presidente "le pidió cumplir con la misión de la Institución, con la advertencia de que debe hacerse con respeto irrestricto a los derechos humanos". Más adelante planteó que "estamos viviendo una situación sin precedentes, con más de 3.500 eventos de grave alteración al orden público, incluyendo incendios, saqueos y daños a la propiedad". Describió, según dice el documento, que en esa fecha había "más de 1.180 Carabineros lesionados, de los cuales 200 sufrieron lesiones graves; más de 600 vehículos de la Institución han resultado dañados, así como también cuarteles; 3,4 millones de personas se han congregado a manifestarse y hay más de 11 mil detenidos".

Fue en ese punto que Rozas agregó: "cuando comenzó el estallido, la labor de Carabineros se vio sobrepasada y el despliegue operativo fue muy grande". 

En lo relativo al "respeto y promoción de los derechos humanos", el general director aseguró que "Carabineros tiene una relación estrecha con el INDH, la que se ha ido consolidando". De acuerdo al acta, Rozas explicó que "por cada querella que han presentado, se ha abierto un sumario interno. Es decir, por cada denuncia de abuso, se abre un sumario" y que "en el caso de los 12 Carabineros que serían formalizados, los casos fueron levantados por la propia institución, haciendo la respectiva denuncia al Ministerio Público".

Tras las intervenciones de los jefes uniformados, quien habló fue el ministro de Defensa, Alberto Espina, quien primero respaldó la decisión de decretar estado de emergencia, asegurando que "es un hecho público y notorio que existieron hechos graves como incendios, daños a la propiedad y a las personas, por lo que el Presidente de la República cumplió con su deber de respetar la Constitución".

Además, respondió a las críticas por la convocatoria del Cosena señalando que su actual modelo fue aprobado en 2005, "durante el Gobierno de Ricardo Lagos, en plena democracia, estableciéndose nuevas funciones y estructura, por lo que no corresponde decir que es un resabio del pasado (como planteó Bermúdez), sino que es producto del debate legislativo que se dio en el Congreso", y que la definición moderna de seguridad nacional "dice relación con una alteración al normal desenvolvimiento del país. Es decir, una alteración a la seguridad, por lo que citar al Consejo fue una decisión correcta".

Espina cerró pidiendo al Congreso que despachara a la brevedad el proyecto de ley sobre Inteligencia. Un punto que también reforzó el siguiente ministro en intervenir, Gonzalo Blumel, quien aseguró que "modernizar el Sistema de Inteligencia, cuya tramitación ha sido reforzada por las urgencias presentadas, permitirá anticiparse y reaccionar para poder sancionar los delitos que atentan contra la seguridad de las personas".

Blumel agregó que es relevante el proyecto de la modernización de las policías, que, entre otras cosas, "establece la creación de un sistema de reclamos por actos abusivos presentados por la ciudadanía".

Pero después de todo este debate, Bermúdez retomó la palabra para insistir en una pregunta: "si el orden público está incorporado en el concepto de seguridad nacional". Allí, fue Piñera quien habló, indicando que "juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y que la Constitución vigente incluye al Consejo de Seguridad Nacional como organismo asesor del Presidente, por lo que estimó relevante conocer las opiniones de las más altas autoridades de la Nación, en un período tan complejo como han sido las últimas tres semanas".

Más aún, reforzó lo señalado por Espina planteando que "estamos ante una ola de violencia y destrucción, como nunca antes", y que "el concepto moderno de seguridad nacional dice relación con aquello que impide el normal desenvolvimiento del Estado y el normal funcionamiento de la sociedad".

Con todo, recogió el punto sobre la crítica generalizada al sistema de inteligencia. "Se requiere cambiar el Sistema de Inteligencia, dado que el actual presenta graves falencias. Es clara la diferencia entre la Inteligencia que realiza las Fuerzas Armadas, de la que realiza Carabineros y la ANI", planteó.

El mandatario cerró su respuesta indicando, según el acta, que "nadie quiere dictar un Estado de Emergencia, pero fue su deber dictarlos, dentro del marco de la Constitución, para resguardar el orden público y la seguridad ciudadana, y para poder proteger a los más vulnerables".

El 15 de noviembre, ocho días después de la reunión, la vocera de gobierno, Karla Rubilar, confirmó la salida del cargo del director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Luis Maferrer. 

En tanto, en la reunión del Cosena, la última autoridad en intervenir fue el diputado Flores, quien reforzó el punto de Quintana pidiendo una nueva Carta Magna. "En relación a la nueva Constitución, señala que el Congreso ya partió realizando cabildos, y el Gobierno debe tomar este desafío, pues debemos tener una discusión constitucional en que la ciudadanía participe", se lee en el documento.