Acusación constitucional a Blumel suma apoyos tras nuevos cuestionamientos a actuar de Carabineros

A primera hora de este martes, las bancadas del PS y la DC se comunicaron con el jefe de los diputados de Revolución Democrática (RD), Giorgio Jackson. Los contactos tenían como objetivo abordar la viabilidad de un acuerdo amplio entre todas las fuerzas de la centroizquierda para avanzar en una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ofensiva que ya había sido anunciada por el Frente Amplio, pero que -hasta ahora- no había tenido eco en el resto de la oposición.

La resistencia inicial que generó la idea de impulsar un libelo contra el jefe de gabinete por las violaciones a los DD.HH., se diluyó. Esto, luego de que se conociera un video en que, durante las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, un grupo de efectivos de Carabineros golpeó reiteradamente a Patricio Bao, un hombre de 69 años, que fue posteriormente formalizado por desórdenes públicos.

Así, dicen quienes participaron de las conversaciones, los dirigentes opositores concordaron explorar si en sus respectivas bancadas estarían los 78 respaldos necesarios para viabilizar una acusación en contra del titular de Interior. Además de activar diferentes estrategias para presionar al gobierno en materia de derechos humanos.

En ese sentido, la presidenta de RD, Catalina Pérez, aseguró que “la acusación constitucional contra Blumel va”. Asimismo, emplazó al resto de la oposición a sumarse.

“Después de lo ocurrido el domingo, estoy favorable a una acusación en contra del ministro Blumel, pero ese es un tema que tenemos que conversar en la bancada y con los demás partidos de la oposición”, sostuvo el jefe de bancada de la DC, Gabriel Ascencio, quien agregó que “a estas alturas no es posible que Blumel continúe en el cargo”.

En la misma línea, el jefe de los diputados socialistas, Luis Rocafull, dijo que “el PS nunca se ha cerrado a presentar esta acción, siempre está abierta la posibilidad. Hay méritos suficientes como para poder levantar una acusación”.

A su vez, su par del PR, Alexis Sepúlveda, señaló que “la permanencia del general director de Carabineros, Mario Rozas, es insostenible, y si el gobierno se empeña en mantenerlo no nos deja más opción que acusar a Blumel”.

Donde persisten dudas de avanzar en la ofensiva es en el PPD y el PC.

En el sector admiten que destituir a Blumel no implicaría el cese de las vulneraciones de DD.HH. y, de hecho, podría empeorar el escenario en caso de que el Presidente Sebastián Piñera opte por una figura con un perfil más “duro” para liderar esa cartera.

Otro factor que genera inquietud en la centroizquierda es que la fecha en que el Congreso revise la acusación, dados los plazos legales, sea cercana a la realización del plebiscito del 26 de abril, lo que podría empañar el clima político y polarizar los ánimos entre el oficialismo y la oposición.

“Parece que el gobierno y Carabineros están haciendo mucho esfuerzo para que se vayan sumando argumentos para aquello (presentar una acusación contra Blumel). No tenemos una decisión tomada, estamos en reflexión”, sostuvo el jefe de bancada PPD, Ricardo Celis. Mientras que el presidente del PC, Guillermo Teillier, aseguró que analizarán su decisión a “la luz de los nuevos hechos”, aunque advirtió que “hicimos una acusación contra el Presidente, que nos parece que está en la cúspide de las responsabilidades y fue rechazada, entonces estar acusando a ministros no da mucho resultado para cambiar la situación”.

Con todo, en las bancadas de la centroizquierda admiten que en caso de que se presente el libelo, para lo que solo se requieren 10 firmas, el sector estará obligado a cuadrarse con la ofensiva, para no aparecer defendiendo a un ministro que no ha logrado restablecer el orden público y bajo cuyo mando han ocurrido situaciones graves en materia de DD.HH.

El titular de Interior salió este martes a dar explicaciones por el actuar de Carabineros, instancia en la que si bien calificó como “intolerable” la agresión de Bao a un uniformado, admitió que el episodio contempló un “uso excesivo de la fuerza”.

Antes de sus declaraciones, el ministro se había contactado con el Presidente Piñera y con el general Rozas para que este último le entregara mayores antecedentes del hecho que complicó a La Moneda.

Las declaraciones de Blumel, dicen en el gobierno, dan cuenta de la disyuntiva del jefe de gabinete para tener que salir a enfrentar el tema, en donde se buscó dar “una señal ecuánime” entre reconocer que hubo una agresión a Carabineros y que no existió un procedimiento policial adecuado.

En este escenario, el gobierno decidió adelantar para la próxima semana el anuncio de la reforma a Carabineros, el que estaba contemplado para la última semana de este mes.

A la par con la posible acusación constitucional y como medida de presión para que se destituya a Rozas, desde el PS se planteó la opción de vetar el ingreso de subseceretarios y asesores de gobierno a las comisiones legislativas del Congreso, tal como ocurrió en 2019 luego de que la entonces ministra vocera, Cecilia Pérez, vinculara al partido con el narcotráfico.

Al interior del sector también se iniciaron conversaciones para coordinar acciones internacionales para denunciar vulneraciones a los derechos humanos, como acudir a la Corte Penal Internacional de La Haya.