A las 16.17 de este lunes, en la puerta de la oficina de partes de la Cámara de Diputados, los diputados de oposición firmantes de la acusación constitucional contra la ahora exministra de Defensa Maya Fernández, se encontraron con la sorpresa de que la socialista dejó su cargo en el gabinete.

Minutos antes, los principales diputados firmantes -Gustavo Benavente (UDI), Flor Weisse (UDI), Cristián Labbé, Luis Sánchez (republicanos), Camila Flores (RN), Harry Jürgensen (Ind. -republicano), Sara Concha (socialcristiana), Christian Matheson (Ind. -Evópoli)- presentaron el escrito e hicieron público los cargos constitucionales por los cuales acusan a la exdiputada: haber celebrado un contrato de compraventa de la casa del expresidente -y su abuelo- Salvador Allende.

Esto, a juicio de los impulsores del libelo, infringiría el artículo 37 bis de la Constitución que, a su vez, establece que a los ministros de Estado les serán aplicables los preceptos del artículo 58 de la Carta Fundamental.

Esta norma señala: “Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza”.

Con estos antecedentes jurídicos, los diputados de oposición -principalmente Chile Vamos y el Partido Republicano- afinaron la acusación constitucional que, desde ambos bloques, habían levantado por separado. En primer lugar, fueron los republicanos, en voz de su jefe de bancada, Luis Sánchez, quien anunció la presentación del libelo.

Ante la ofensiva de esa colectividad, Chile Vamos informó que no seguiría con el escrito que habían redactado ellos y que ambos textos se fusionarían para presentar uno solo. Esto quedó plasmado cerca de las 16.00 de este lunes.

Hasta ahí, pese a que ambos sectores se han visto enfrentados por la contienda presidencial que ha subido de tono por las críticas de José Antonio Kast hacia Evelyn Matthei, habían acordado actuar en unidad en el Congreso.

Sin embargo, al encontrarse con la salida de la socialista de Defensa, en Chile Vamos despertaron las dudas sobre si era pertinente seguir con este juicio constitucional. Así, sostuvieron una reunión durante la jornada, en el comité de la UDI, donde analizaron los pasos a seguir, lo que volvió a complicar a la oposición.

Conocedores de esos diálogos aseguran que los que plantearon más dudas fueron Benavente y la jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón. Los miembros de la bancada de Evópoli, en tanto, nunca adhirieron en su totalidad. De hecho, tal como confirmó Francisco Undurraga, a ese partido se le dio libertad de acción para esta ofensiva y fue el diputado Christian Matheson el único que sumó con su firma.

Así, ante las dudas que afloraron en esa coalición, la bancada republicana durante la tarde hizo un punto de prensa, donde afirmó que ingresarán otro escrito, con el mismo contenido del que ya fue presentado.

“Quizás sabrán varios de ustedes, hay dos firmas que han sido retiradas de esta acusación constitucional, la que ya está presentada y, por lo tanto, este texto ya no tiene las firmas suficientes para avanzar. Después de reflexionarlo junto con la bancada y conversarlo bastante, hemos llegado a la convicción de que a pesar de que renunció efectivamente la ministra Fernández nada ha cambiado, porque aquí ha existido una violación a la Constitución tan flagrante, tan evidente, que no se puede hacer vista gorda y aquí las explicaciones tienen que exigirse en la Cámara”, aseguró el diputado Sánchez.

Y agregó: “Entonces, el llamado que hacemos nosotros al resto de las fuerzas políticas que ya estaban convocadas para presentar esta acusación constitucional es al que perseguiremos todos, que nos mantengamos en esta unidad”.

Su par de la bancada, José Carlos Meza, en tanto, agregó: “Si es que efectivamente se han reiterado esas firmas, nosotros vamos a presentar la misma acusación constitucional, el mismo texto bajo el cual nosotros hemos firmado y hemos conseguido la firma de los otros parlamentarios”.

En medio de esa declaración, asesores de las bancadas de Chile Vamos alertaron que no había ninguna firma de diputados de esos tres partidos que se haya bajado. De hecho, uno de los representantes de republicanos se acercó a la secretaría de la Cámara para consultar si se había restado alguna rúbrica. Lo que no había sucedido.

De esta forma, la derecha volvió a enredarse en una ofensiva. Esta es la séptima acusación que presentan contra un secretario de Estado de esta administración, en la cual han manifestado diferencias.

La principal conclusión que sacan en Chile Vamos es que ya estaba cumplido el objetivo de la acusación constitucional, pues, en el mismo momento de haberla presentado, Fernández ya había dejado el cargo.

En ese sentido, fuentes de la bancada UDI aseguran que lo principal fue hacer el “impacto comunicacional”, pues eran conscientes de que los votos no lo tenían para que se aprobara y pasara al Senado.

Incluso, el hecho de que Evópoli no se sumara a la acusación ya abría un flanco entre los principales impulsores del libelo, quienes buscaban conseguir los votos de la bancada del Partido Demócrata, los que tampoco estaban a favor de la ofensiva.

Con el escrito presentado, en la sesión de este martes se dará cuenta en la sala y se sortearán a los miembros de la comisión revisora, quienes deberán evacuar un informe a la sala de la Cámara de Diputados recomendado aprobar o rechazar el libelo.

Al ser una recomendación, no es obligatorio que el pleno de la Corporación se pronuncie en línea de lo que plantea la comisión revisora.

Sin embargo, entre los cálculos de la derecha aseguran que no cuentan los votos para que sea aprobada.