Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera: comisión revisora recibió a los abogados expositores, determinó siguientes invitados y Abbott se excusó de asistir

La acusación constitucional presentada por la oposición el 13 de octubre en contra del Presidente Sebastián Piñera por un eventual conflicto de interés en la compraventa del proyecto minero Dominga sigue su curso en la Cámara de Diputados.

Este martes la comisión revisora del libelo -que deberá emitir un informe con una conclusión no vinculante-, con Maya Fernández (PS) a la cabeza, convocó a los diputados integrantes -Florcita Alarcón (PH), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN), Virginia Troncoso (Ind.-RN)- para escuchar a los primeros invitados de la instancia revisora. Una cita que contó con la presencia del abogado de la defensa del Presidente, Jorge Gálvez, quien no expuso.

El comité -que sesionará también el miércoles 20 y jueves 21 en doble jornada, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00- además avanzó en la definición de los próximos expositores. En ese marco, el fiscal nacional, Jorge Abott, envió una misiva en la que señaló que la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich, está cargo de la investigación, por lo tanto, él no podría referirse a este proceso.

Ante esto, el diputado y jefe de bancada DC, Gabriel Ascencio, intervino para sugerir la presencia del exfiscal Manuel Guerra -quien investigó al Mandatario en el llamado caso Exalmar- lo que fue acogido por la diputada Fernández. Además, parlamentarios como Auth y Núñez recomendaron que -al menos- se enviara un cuestionario al fiscal Abbott.

También se decidió que para la sesión del miércoles en la mañana sean citados el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, así como la actual titular de la cartera, Carolina Schmidt y la exministra de Educación y hoy convencional, Marcela Cubillos; para luego, en la tarde, escuchar la exposición del Servicio de Impuestos Internos (SII) y exfuncionarios.

Los expositores de este martes 19 fueron los abogados ambientalistas Llankiray Díaz, Ezio Costa y Dominique Hervé, el abogado Enrique Aldunate (parte del equipo de redactores del libelo) y Marcelo Drago (expresidente del Consejo para la Transparencia); quienes abordaron aristas del caso como en qué consiste la comisión revisora ambiental, qué es una área protegida marítima, la relación de Chile con el tratado de Escazú, la cronología del caso, y el principio de probidad y una posible transgresión a la ley, entre otros aspectos.

Durante las alocuciones, el rol de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) -que está a cargo del Ministerio de Economía- fue sido uno de los más abordados. En ese sentido, la diputada Fernández recomendó invitar a una próxima sesión al subsecretario de Economía, Julio Pertuzé, para que explique el funcionamiento de la oficina y para conocer cuáles son los criterios con que se priorizan ciertos proyectos.

“Necesitamos saber cómo funciona, cómo se prioriza y cómo se deciden estos grandes proyectos, porque lo que tenemos hasta ahora es que hay una priorización de proyectos, pero no sabemos cuáles son los criterios y no hemos podido tener esos antecedentes”, expresó la parlamentaria socialista.

En la jornada de la tarde -que inició pasado las 15:00 horas-, la comisión revisora recibió a representantes de medios.

Desde La Moneda, el ministro Segpres, Juan José Ossa, se refirió a esta acusación constitucional como una acción “con fines que son completamente antidemocráticos”.

“Se trata de una acusación que busca una ganancia electoral. Todos vimos cómo expresamente el diputado Daniel Núñez (PC) decía que ésta acusación tenía que votarse antes de las elecciones. Por cierto ,esa no es una actitud especialmente democrática”, dijo el secretario de Estado.

“Hemos dicho también que lo que se busca no es solo acusar al Presidente Piñera, sino evitar un traspaso democrático del mando presidencial como aquellos que siempre nos han caracterizado y, en ese sentido, compartimos que obviamente se está abusando de esta herramienta de acusación constitucional con fines electorales y con fines que son completamente antidemocráticos”, agregó el titular de la Segpres.

El Presidente Piñera tiene de un plazo de 10 días para contestar el libelo -sin contar domingos ni festivos- desde que fue notificado; lo que ocurrió el pasado sábado.

En caso de que la acusación sea visada por ambas cámaras -por mayoría en la Cámara Baja y 2/3 en Senado-, el Mandatario se verá obligado a dejar su cargo y quedará con la inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos.

La acusación -la segunda que impulsa la oposición contra Piñera en este periodo- se concretó a poco más de una semana de la publicación de la investigación periodística denominada Pandora Papers, que constituye la mayor filtración de datos financieros de paraísos fiscales, que vincula a presidentes, ministros, exfuncionarios, artistas, reyes y futbolistas con sociedades offshore.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló la investigación que dio cuenta de una millonaria compraventa de la minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas realizada entre la familia del Presidente y Carlos Alberto Délano.

Según el reportaje, la tercera cuota a pagar por los Piñera Morel habría estado condicionada a que el sector no se declarara zona de exclusión. Antecedente que llevó a los parlamentarios del bloque opositor a impulsar esta acción constitucional, y al Ministerio Público a abrir oficio de investigación del caso.