Acusación Constitucional: defensa de Presidente Piñera argumenta ante la comisión revisora

Pasadas las 15 horas de este viernes 29 de octubre, se dio inicio a una nueva sesión de la comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. El libelo fue ingresado por diputados de oposición el pasado 13 de octubre, tras los hechos conocidos por la investigación periodística Pandora Papers, en la que se indica una millonaria transacción entre la familia Piñera-Morel y Carlos Alberto Délano, para la compra venta del proyecto minero Dominga.

Tras jornadas que recibieron invitados como el director del SII, Fernando Barraza, abogados ambientalistas, el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y la actual ministra de la misma cartera, Carolina Schmidt, entre otros, y que recibió las excusas del Fiscal Nacional Jorge Abbott y el exfiscal Manuel Guerra; fue el turno del equipo jurídico del Mandatario.

La defensa, liderada por el abogado Jorge Gálvez -quien anteriormente defendió al ministro de Educación, Raúl Figueroa-, acudió a la Cámara junto al ministro Segpres, Juan José Ossa, a fin de “dar una relación y explicación respecto de los principales aspectos de la defensa, en la cual hemos centrado las justificaciones para recomendar a esta comisión que en su informe sugiera el rechazo total y absoluto de la AC, que ha demostrado que carece de todo argumento fáctico y jurídico”, según detalló el defensor.

Antes de iniciar su exposición, Gálvez felicitó a la instancia revisora, conformada por los diputados Maya Fernández (PS) como presidenta, Florcita Alarcón (PH), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind.-RN).

“Me he percatado que existe un auténtico deseo de comprender los hechos que en la AC se expresan de manera poco clara. A nuestro juicio, hay situaciones que se intentan forzar, generando algunas confusiones en el plano fáctico, lo cual dificulta comprender adecuadamente los hechos que se imputan. (...) Asistimos a una AC que más allá de un inteligente uso del lenguaje y un serie de recursos para adecuar mañosamente la realidad de los hechos, no establece a ningún hecho constitutivo de ilícitos constitucionales”, dijo Jorge Gálvez.

Sin embargo, la sesión en la Quinta Región se realizó con escasa participación presencial de los legisladores integrantes de la instancia, quienes en su mayoría optaron por participar vía telemática. Situación que fue criticada por el Ejecutivo.

Según explicó la defensa de Piñera, su presentación se sustenta fundamentalmente en que la AC “se basa en hechos falsos”, “no tiene y no ofrece prueba de sus dichos”, “se basa en meras especulaciones”, “se basa en hechos ocurridos en el anterior periodo presidencial”, y “contradice fallos judiciales firmes y pronunciamientos de Contraloría, SII y SVS”.

El texto de la defensa fue presentado antes de la medianoche del jueves a la secretaría de la Comisión. En el documento de 242 páginas, se calificó el libelo contra el Mandatario como “una maniobra política mañosa y con claros fines electorales”, además de señalar que los hechos acusados “son manifiestamente falsos, mañosamente relatados y atribuyéndole intenciones en meras suposiciones”.

Ante los legisladores Gálvez reiteró todos los puntos expuestos en el escrito ingresado a la instancia. Insistió en que el Presidente no intervino en la decisión de venta de Dominga, que el acuerdo de pago por la venta del proyecto minero “no estableció un pago de USD 10 mm para la familia del Presidente”.

También sostuvo que durante su actual periodo en el cargo, el Jefe de Estado no ha intervenido en el procedimiento de calificación ambiental de Dominga. Y que no existe omisión en torno a decretar una zona de protección ambiental en La Higuera y que ello no configura causal de ilícito constitucional.

Para concluir -considerando que se va continuar mañana sábado con la exposición-, Gálvez acotó que “el Presidente Piñera no interviene en las decisiones de los órganos técnicos relacionados con la calificación ambiental del proyecto Dominga. El informe favorable ocurre en la administración de la Presidenta Michelle Bachelet. Se basa en un proceso de largos años de duración y numerosas iteraciones con el titular de la comunidad y los órganos del Estado con competencia ambiental”.

Luego agregó: “Si he demostrado que durante el periodo del Presidente de la República entre 2010-2014 no existió intervención de su parte, y que esto está judicialmente establecido, pero además se explica por la propia dinámica de a estructuración del mismo negocio del Proyecto Dominga; lo que he hecho es demostrar fehacientemente que en lo que toca los actos de esta administración y la evaluación ambiental, que no ha sido otra cosa que acatar fallos judiciales, actuar en consecuencia y restablecer el derecho e institucionalidad que había sido maltratada en la administración anterior. No se puede advertir desde ningún punto de vista una actividad ni ilegal, ilícita ni la configuración de ilícitos constitucionales de tal gravedad que supongan la posibilidad de destituir a un Presidente de la República en ejercicio”, cerró el abogado.

Finalizada la intervención en la sala, Gálvez y Ossa dieron un punto de prensa donde abordaron lo expuesto ante los legisladores.

“Hemos tenido la oportunidad de exponerle no solo a los integrantes de la Comisión, no solo a la prensa, si no que a todos los chilenos y chilenas, los principales argumentos que llevan a concluir que la acusación constitucional debe ser rechazada. Que se trata de una acusación basada en hechos falsos, que es puramente electoral”, sostuvo el titular Segpres.

Mientras que el abogado del Mandatario indicó que “los diputados que sostienen la acusación, una vez conocido los antecedentes de los así llamados Pandora Papers, no dieron el tiempo adecuado, tal vez a sus asesores, para efectos de que pudieran tener una adecuada revisión de los antecedentes del caso para que pudiesen entender la operación y por lo tanto, se apresuraron, a sacar conclusiones de manera bastante, me atrevo a decir, desacertada, en términos de sugerir que ahí existía una intervención por parte de la familia del Presidente”.

Al respecto, esta mañana el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, declaró que Gálvez “va a demostrar que el Presidente no tenía ningún tipo de participación en esta venta entre privados, que su familia no tenía nada que ver en poner las condiciones y sobre todo el lugar de la venta. Que es absolutamente falso que no se hayan pagado los impuestos correspondientes y que, obviamente, todo esto se funda en una simple falsedad”.

El secretario de Estado aseguró, también que “lo que uno ve es que aquí hay un grupo de parlamentarios que lo que intentan hacer es una zancadilla a la democracia, manchar las elecciones que vienen ahora, que son muy relevantes para nuestro país. Al mismo tiempo que impedirle a los chilenos, hacer un traspaso democrático, republicano, el 11 de marzo de 2022″.

Un par de horas después el que tomó la palabra fue Juan José Ossa, desde Valparaíso: “Desde la perspectiva política vamos a acreditar no solo la improcedencia de esta acusación, sino el evidente y malintencionado uso electoral que se le está dando a una herramienta tan importante como es una acusación constitucional. Fines electorales que han sido reconocidos por varios de los acusadores. No es casualidad que los 16 acusadores van a la reelección”, indicó.

Y criticó a los legisladores ausentes, al afirmar que “los parlamentarios están en su derecho a estar o no estar, pero obviamente demuestran un eventual desinterés, siendo día viernes de la tarde, de un fin de semana largo, en una materia tan relevante como ésta”.