Alrededor de las 10.30 horas, la exministra de Defensa Nacional, Maya Fernández (PS) llegó a la Cámara de Diputados a enfrentar la acusación constitucional en su contra acompañada por los ministros del Interior, Álvaro Elizalde (PS); Educación, Nicolás Cataldo (PC) y la vocera subrogante Aisén Etcheverry(FA). La presencia de los titulares fue criticada por la bancada republicana, impulsores de la acusación junto a parlamentarios de Chile Vamos. Por lo mismo, el diputado Luis Sánchéz, quien presentó los argumentos del escrito, solicitó al Ejecutivo entregar las explicaciones pertinentes.

“Que nos puedan explicar si todos los ministros que están acompañando acá a la exministra Maya Fernández, se piden un día administrativo para estar sentados acá, porque tener al ministro del Interior con la crisis de inseguridad que tenemos, tener al ministro de Educación con la crisis que tenemos en la educación, francamente es otra cachetada más en la cara de todos los chilenos, adicional a que se esté usando la plata de todos los chilenos para financiar la compra de la casa de Salvador Allende”, manifestó.

Pese a los reclamos de la oposición, el secretario de la Corporación explicó: “De acuerdo a nuestra Constitución, los señores ministros pueden asistir a cualquier sesión dentro de la Corporación, no es necesario que sean citados”.

Fernández enfrenta un libelo tras la truncada compra de la casa del expresidente Salvador Allende. En concreto, el gobierno anunció con bombos y platillos un proyecto de museo para la vivienda en Guardia Vieja, sin embargo, quedó a medio camino tras los cuestionamientos de la oposición.

A la ministra se le acusa de infrigir el artículo de la que Carta Magna que señala que “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades”. Lo que aplicaría en el caso de Fernández al ser heredera de la propiedad.

Los argumentos de la oposición

Sánchez comenzó sus alegatos criticando el argumento de la defensa que sostiene que el contrato para adquirir la casa no fue perfeccionado, es decir, que no tenía vigencia jurídica.

Ante esto, el republicano afirmó: “La falsa premisa de que el contrato de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende no se habría perfeccionado porque faltan los decretos aprobatorios de la Contraloría. Esta afirmación es una distorsión de nuestro ordenamiento jurídico y un intento de confundir a la ciudadanía. El contrato de compraventa no depende de un decreto de la Contraloría para estar perfeccionado. En nuestro derecho, para quienes no saben, la compraventa de un inmueble se perfecciona al momento en que se firma la escritura pública entre las partes”.

Además, calificó la transacción como “una vergonzosa operación de la familia Allende a costa del erario público, un plan de jubilación para la senadora y una pasadita para la exministra, donde se le metió la mano en el bolsillo a todos los chilenos”.

“Los mismos chilenos que hoy esperan hace meses una operación en hospitales, los mismos chilenos que esperan hace más de un año que se les reconstruyan las casas en la zona del megaincendio de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana. Con esa plata se quiso comprar la casa de Salvador Allende, la plata del pueblo. Algunos sostienen que el pago aún no se habría materializado, a pesar de que la escritura de compraventa, dice lo contrario, y que la inscripción en el conservador de bienes raíces no se llevó a cabo y que por eso el contrato de nuevo no se habría perfeccionado. Esto de nuevo es falso y refleja una vez más un desconocimiento brutal de la legislación chilena”, añadió.