Acusación contra ministros de la Suprema llega a su fin tras larga jornada en la Cámara

Tras un debate de más de nueve horas, la Cámara de Diputados rechazó anoche por 64 votos a favor y 73 en contra la acusación constitucional que pesaba sobre los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama, por haber concedido el beneficio de libertad condicional a un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad.

La votación del libelo se abrió luego de que la sala desestimara la cuestión previa invocada por las defensas de los magistrados en el hemiciclo -Jorge Correa Sutil, Davor Harasic y Alfredo Etcheberry-, quienes pidieron a los diputados declarar como inadmisible la acción por no cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución. Ante esa solicitud, un inesperado empate de 69 votos permitió dar paso a la discusión del fondo.

Ese primer hito, que fue calificado como un "triunfo simbólico" desde la ex Nueva Mayoría y el Frente amplio, había sido celebrado con aplausos y en medio del llanto de varias parlamentarias del sector. Esto, porque pese a que lograron que el libelo no se cayera de inmediato, asumían desde ya que luego no tendrían los votos para que la Cámara aprobara la acusación propiamente tal.

Y es que algunos diputados de la DC, entre ellos Matías Walker, y del Partido Radical habían advertido que si bien votarían en contra de la cuestión previa -para permitir el debate del fondo del libelo-, luego se opondrían a que la acusación siguiera su curso en el Senado.

Más allá de los resultados, la discusión estuvo marcada por duros enfrentamientos entre la oposición y Chile Vamos, como también entre los parlamentarios que impulsaron el libelo y los representantes de los magistrados, cristalizando así una pugna que se instaló desde el momento en que se ingresó el libelo.

"Quienes aquí se han entrometido en otro poder del Estado no somos nosotros, sino, por el contrario, ha sido el Poder Judicial, que institucionalmente y a través de declaraciones del Pleno de la Corte Suprema ha cuestionado la facultad de formular una acusación constitucional", dijo la diputada Natalia Castillo (RD).

El diputado Leonardo Soto (PS) enfatizó que "el Congreso Nacional no puede ni debe renunciar al ejercicio de sus facultades".

Los parlamentarios de la oposición aseguraron que la Suprema habría ejercido "presiones inmorales" al reunirse con el propio Presidente Sebastián Piñera para manifestar su inquietud por la presentación del libelo. El gobierno, que desde el principio manifestó una postura crítica, asegurando que con su acción los diputados ponían en riesgo la independencia de los magistrados y el Estado de Derecho, hizo intensas gestiones previas a la votación para evitar la aprobación del libelo.

Por su parte, la diputada Carmen Hertz (PC) aseguró que lo que aquí hubo por parte del Poder Judicial y el gobierno fue una verdadera "defensa corporativa" e, incluso, fue más allá y aseguró que fue una especie de "ejercicio de enlace de los tiempos modernos". Mientras que el diputado Fidel Espinoza (PS) enfatizó en que "hubo un intervencionismo brutal" desde el Ejecutivo.

El abogado Harasic, por su parte, aseguró que "nunca había visto en Chile un intento tan burdo de quitar la independencia judicial".

Asimismo, desde la oposición cuestionaron que la UDI hubiese buscado inhabilitar a la diputada Hertz. "Miserables son ustedes", les dijo el diputado Gabriel Boric (MA).

Los argumentos

Los abogados Correa Sutil, Harasic y Etcheberry, reiteraron ante los parlamentarios que si bien la acusación constitucional era un instrumento válido, este es de carácter excepcional y debe invocarse solo cuando se han agotado todas las otras vías para dar solución a una determinada controversia. Así, Harasic reiteró a los diputados que era responsabilidad del Poder Legislativo y no de los magistrados haber actualizado la normativa de 1925 que hoy regula el otorgamiento del beneficio y aseguró que el libelo era inconstitucional y una forma "burda" de afectar la independencia del Poder Judicial.

"Esta acusación pretende enrostrarle a los jueces el reproche del incumplimiento del legislador", sostuvo el jurista.

En la misma línea, Etcheberry destacó que fue el propio máximo tribunal el que no ha aplicado la Ley de Amnistía que aún está vigente y que el Parlamento no ha derogado.

Mientras que los parlamentarios de la oposición, con fotos de detenidos desaparecidos en sus escaños, defendieron el argumento de que al conceder dichos beneficios los ministros incurrieron en notable abandono de deberes al no haber considerado los estándares del derecho internacional en materia de DD.HH.

Otro punto que enfrentó a las defensas y la oposición en la Cámara fue si se debía o no considerar la trayectoria de los ministros en materia de derechos humanos. Tanto Harasic como Etcheberry apelaron a los aportes que hicieron Dolmestch y Künsemüller en causas de delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, se nombró el rol que jugó el primero de ellos en el procesamiento de los agentes de la CNI y, asimismo, en la Operación Albania. Así se recalcó que los tres magistrados habían actuado siempre como "paladines de la Justicia" en materia de DD.HH.

Respecto de los argumentos del fondo del libelo, en tanto, Correa Sutil aseguró que no se configuraba un notable abandono de deberes en vista de que los magistrados, a diferencia de lo que plantea la acusación, sí consideraron en su decisión la norma internacional respecto al otorgamiento de las libertades condicionales. Según el abogado, no existiría ninguna regla que obligue los jueces a no haber fallado como lo hicieron. Etcheberry, en tanto, aseguró que el control de convencionalidad que debían hacer los ministros "no puede ser sinónimo de un acatamiento de lo que postulan quienes los acusan".

Asimismo, Correa Sutil cuestionó que la oposición acusara dolo en el actuar de los jueces sin acompañar antecedentes probatorios. También dijo que la acusación contravenía el artículo 76 de la Constitución, puesto que intentaba "examinar para reparar" un fallo de un tribunal con el objetivo de "desagraviar" a las víctimas y al Estado, cuando dicha prohibición está consagrada en la Carta Magna.