Agenda de seguridad aún lejos de su meta: sólo un tercio de iniciativas ha completado su tramitación

El próximo miércoles las autoridades del Senado, la Cámara y el Ejecutivo realizarán un balance de la agenda de 31 iniciativas legales en materia de seguridad ciudadana.

De hecho, este lunes 11 de septiembre vence el segundo plazo, de 150 días, autoimpuesto por el gobierno y el Congreso para avanzar con estas prioridades legislativas.

El compromiso, suscrito el 14 de abril, fue impulsado por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), quien se propuso, como sello de su gestión, avanzar con una batería de proyectos para enfrentar los problemas de inseguridad ciudadana.

Este plan, que establecía tres metas temporales (a los 75 días, a los 150 y al 31 de diciembre) también fue adherido por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y por el entonces titular de la Cámara, Vlado Mirosevic (liberal), quien fue sucedido por Ricardo Cifuentes (DC).

El primer plazo, a los 75 días, se cumplió discretamente, pues al 29 de junio sólo se había logrado despachar tres de los 16 proyectos de ley que debían estar finiquitados.

A la segunda fecha límite, hoy, a los 150 días, la agenda también tuvo un avance moderado, pues la meta era alcanzar 24 reformas despachadas (sumando las iniciativas que estaban pendientes y las que tenían que estar culminadas en este intervalo de tiempo). A la fecha, es decir, en casi cinco meses de trabajo, sólo 10 de las 31 prioridades legislativas han visto la luz. Poco menos de un tercio del objetivo final.

El problema es que ya quedan menos de cuatro meses para el último plazo, a fin de año.

Si bien casi todos los proyectos ya están en tramitación (salvo tres que debe ingresar el Ejecutivo) y existe optimismo de que en septiembre se pueda llegar al 66% de cumplimiento, están quedando para el final las iniciativas más conflictivas.

Aún falta por resolver temas cruciales como el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, los cambios al Sistema de Inteligencia, las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y el Servicio de Defensoría de las Víctimas.

En estas reformas existen diferencias ideológicas casi insalvables entre oficialismo y oposición, o bien generan un quiebre en las fuerzas gubernamentales.

Un caso especial es la llamada Ley de Usurpaciones, que para efectos de la contabilidad de esta agenda se da por culminada. El acuerdo del 14 de abril establecía votar y completar la tramitación ordinaria de estas iniciativas, independiente de que algunas fueran rechazadas. No obstante, en este caso, el Ejecutivo ya anunció que enviará un veto presidencial para corregir el texto, por lo que el proyecto volverá a la discusión legislativa.

Esta norma, que endurece medidas contra las ocupaciones ilegales de terrenos, casas o departamentos, no sólo expuso la profunda división ideológica que existe entre la oposición y el oficialismo, además, reveló un quiebre en las propias fuerzas gubernamentales. Al final, quedaron en evidencia tres bandos.

El nudo central era la disposición que permitía la legítima defensa privilegiada de un propietario, a quien se le haya usurpado su inmueble. Ese principio -sumado a la figura de la flagrancia permanente, es decir, el delito se sigue cometiendo mientras exista ocupación del terreno- permitía que el dueño pudiera recuperar el terreno por cuenta propia, usando la fuerza y en cualquier momento. Ese es el punto que el gobierno quiere eliminar.

Mientras la derecha ampara el derecho a defenderse y a rescatar propiedades, el oficialismo cree que es un retroceso civilizatorio. No obstante, las bancadas de izquierda al final adoptaron una postura más radical y optaron por rechazar toda la iniciativa, incluyendo las disposiciones del Ejecutivo que buscaban atenuar la norma.

En tanto, la reforma impulsada por La Moneda, que establece nuevas Reglas de Uso de la Fuerza, el nudo central es la resistencia del oficialismo a ceder el uso racional de la fuerza que puedan ejercer efectivos policiales o militares frente a agresiones.

Otro caso especial es el proyecto que penaliza el porte de combustible en un contexto de manifestaciones. Aunque es probable que sea despachada esta semana, el tema generó un fuerte roce dentro de las fuerzas oficialistas.

Dentro de las iniciativas priorizadas, que ya fueron despachadas por el Congreso, figuran: 1) La que penaliza el sicariato, 2) La ley de delitos económicos, 3) La que refuerza las facultades policiales en control de la migración, 4) La mencionada norma contra las usurpaciones, 5) La que sanciona daños en medios de transporte, 6) La que facilita procedimientos de notificación en situaciones migratorias irregulares, 7) La que permite ampliar la dotación de Carabineros mediante llamados al servicio de personal en retiro, 8) La que establece mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, 9) La que previene la venta de vehículos motorizados robados y 10) La que tipifica el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior.

Dentro de estas normas, seis ya son leyes publicadas, dos están a la espera de su promulgación, una depende de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional y la última corresponde a la de usurpaciones que será sometida a un veto.