Agenda legislativa: Los debates que marcarán el segundo semestre

Cuando quedan poco más de seis meses para el cierre del período legislativo del segundo año del gobierno de Sebastián Piñera, el oficialismo y la oposición ya han comenzado a trazar las agendas y prioridades que impulsarán en el Congreso y que terminarán marcando el debate hasta enero de 2020.

Para La Moneda será crucial sacar adelante las reformas emblemáticas de su administración en materia tributaria y previsional, donde -explican en el Ejecutivo- buscarán cumplir con los acuerdos que alcanzaron con la DC, lo que les permitirá viabilizar dos proyectos clave para su agenda legislativa.

Ambas iniciativas se encuentran en su primer trámite constitucional en la Cámara, instancia en la que, pese al intento de la oposición por articular posturas comunes para enfrentar ambos debates, La Moneda ha logrado destrabar su avance a través del diálogo con sectores de la centroizquierda. Y será esa misma estrategia la que el Ejecutivo desplegará durante esta etapa. "Durante este segundo semestre queremos apurar el tranco, especialmente en las reformas fundamentales, como la modernización tributaria y la reforma a las pensiones. Ya hemos tenido un buen debate y ahora lo que corresponde es que esas reformas se aprueben", sostiene el ministro de Segpres, Gonzalo Blumel.

Por otro lado, y en medio de la crisis migratoria que atraviesa Venezuela, el Ejecutivo decidió darle suma urgencia al proyecto de migraciones que ya se encuentra en su segundo trámite en el Senado y que el gobierno espera sea aprobado durante este período. Además, se proyecta que se instalen con fuerza los debates sobre la reforma a Fonasa e isapres; la agenda antidelincuencia; el proyecto que crea un nuevo servicio de protección especializada de la niñez y reemplaza al Sename; el de Sala Cuna Universal; y la ley que crea un nuevo sistema de financiamiento para las FF.AA., entre otras iniciativas.

Por su parte, la oposición buscará viabilizar políticamente el proyecto que despenaliza la eutanasia; la iniciativa -enviada al Congreso por Michelle Bachelet- que permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo; las modificaciones para limitar las atribuciones del Tribunal Constitucional -que ya están avanzando en la Cámara- y la Ley de Cuotas para las elecciones municipales y de gobernadores de 2020.

Al asumir como presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, el senador Felipe Harboe (PPD) se comprometió a agilizar la tramitación del proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. La iniciativa fue ingresada al Parlamento en diciembre de 2017, pocos meses antes de que terminara la segunda administración de Michelle Bachelet, y apuntaba a cumplir con el Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile comprometió tras un proceso iniciado por el Movilh ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno de Piñera, no obstante, ha tomado distancia de esta materia y planteó directamente a la CIDH que el Ejecutivo no está obligado ni a impulsar ni a lograr la aprobación de esa iniciativa.

Pese a ello, la oposición buscará avanzar con el proyecto, que genera un rechazo en la mayoría de la UDI y en sectores de RN, pero que es visto favorablemente en Evópoli.

Para la primera semana de agosto está contemplado que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados despache a la sala el proyecto que despenaliza la eutanasia desde los 14 años en adelante. Así, los parlamentarios de la oposición -junto al RN Jorge Durán- buscarán viabilizar la iniciativa, abriéndose a indicaciones en sala para evitar que algunas disposiciones, como la inclusión de menores de edad, pueda trabar su avance. De darse ese escenario, el proyecto debería volver a la comisión especializada para luego ser despachado al Senado. De hecho, el sector ya ha tenido conversaciones con sus pares de la Cámara Alta para que allá también se priorice este debate.

Desde el Ejecutivo, en tanto, han transmitido que no ven probable que, tal como está, el texto tenga los respaldos necesarios en la sala. Y agregan que seguirán impulsando el proyecto de cuidados paliativos para hacer frente a este debate que divide al oficialismo.

El proyecto que entró en noviembre de 2018 a la Comisión de Trabajo de la Cámara y que aumenta en un 4% la tasa de cotización actual con cargo al empleador, está ad portas de ser despachado por esa instancia a la Comisión de Hacienda de esa corporación. Solo queda pendiente la discusión de uno de los principales nudos que tendrá que sortear el Ejecutivo, y que dice relación con el Consejo Público Autónomo que administrará el porcentaje de cotización adicional, donde el gobierno y la DC ya alcanzaron un principio de acuerdo. Además, en los últimos días el Ejecutivo se abrió a un aumento en el guarismo fijado inicialmente para que el excedente sea destinado a seguros colectivos. En términos de plazos, se espera que el proyecto sortee su primer trámite a más tardar en agosto para que el Senado lo revise y despache a ley en noviembre de 2019 y se cumpla, así, con la promesa de aumentar las pensiones desde enero de 2020. Sin embargo, en la oposición prevén una compleja tramitación en la Cámara Alta.

A casi un año de que el gobierno ingresara la reforma tributaria, la iniciativa sigue en su primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Desde que el gobierno logró destrabar la idea de legislar del mensaje en abril de este año con votos DC y se dio inicio a la votación en particular, la instancia continúa con la revisión del artículo 1° de la propuesta de La Moneda. Así, aún no entran a la principal traba que ha marcado la tramitación: la reintegración del sistema.

Si bien el gobierno ya firmó un protocolo de acuerdo con la directiva de la DC, que contempla la aprobación de ese aspecto de la reforma, los diputados de esa bancada han puesto en duda que estén por darle luz verde. Y en esa misma línea se ha mostrado parte del comité de senadores de la colectividad. Pese al lento avance del proyecto, en el Ejecutivo esperan que el Congreso despache la reforma antes del fin de este período legislativo, es decir, no más allá de enero de 2020.

La situación que se vivió en la frontera norte, con migrantes buscando ingresar a Chile, motivó al gobierno a acelerar la tramitación del proyecto de migraciones. Así, La Moneda anunció que le pondría suma urgencia a la iniciativa, que está en segundo trámite en la Comisión de DD.HH. del Senado y que podría despacharse en diciembre. El proyecto, presentado en 2013 en el primer gobierno de Piñera y perfeccionado en el actual período, comenzó su discusión en abril de 2018 en la Cámara. Y con ella, el Ejecutivo busca modernizar la legislación, que data de 1975, para regular la entrada y salida de personas del país, generando distintas categorías y requisitos de permanencia o residencia, así como también fijando los derechos y deberes de los migrantes. Además, crea una nueva institucionalidad: el Servicio Nacional de Migraciones.

Se espera que el debate se reactive este semestre y esté cruzado por un enfrentamiento entre las visiones más o menos restrictivas para enfrentar el fenómeno, justo en medio de la crisis migratoria venezolana.

Una de las principales prioridades de la agenda que impulsará el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en el Congreso es la reforma a Fonasa. El proyecto fue ingresado en abril de 2019 y se encuentra en primer trámite en la Comisión de Salud de la Cámara con urgencia calificada de suma. Este es, precisamente, uno de los temas que la oposición ha pedido al gobierno priorizar, aunque han criticado duramente la propuesta de La Moneda. Lo mismo ha ocurrido con el proyecto que reforma la Ley de Isapres. Sobre este último, el titular de Salud retiró la cuestionada indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo y decidió ingresar nuevas enmiendas para viabilizar su aprobación, las que serán presentadas esta semana ante la Comisión de Salud del Senado, donde se encuentra en segundo trámite. Desde la oposición han pedido que las aseguradoras solo puedan reajustar sus precios cada tres años, que no les esté permitido vender seguros complementarios y que solo puedan ofrecer un plan de salud con precio único.

El lunes pasado, horas antes de que el Presidente Sebastián Piñera participara de un patrullaje aéreo de Carabineros, el gobierno había anunciado que pondría suma urgencia al proyecto que busca ampliar el control preventivo de identidad a menores de entre 14 y 18 años de edad.

La iniciativa ingresó a trámite en abril pasado, y hace poco más de una semana superó su primer escollo en el Congreso, siendo aprobada en general en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara con el respaldo de los legisladores DC. Esto, como fruto de un acuerdo del gobierno con los parlamentarios de oposición para que el control de menores se aplique solo a partir de los 16 años, y no desde los 14 como se buscaba desde un inicio.

En materia de seguridad, el Ejecutivo impulsa, además, la ley corta antiterrorista -que ya fue aprobada en general en la Comisión de Constitución del Senado- y un proyecto de modernización de las policías, entre otras iniciativas.

Otro de los debates que se tomará el segundo semestre en el Parlamento es el que impulsa el Ministerio de Defensa con el proyecto que deroga la Ley Reservada del Cobre y crea un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas.

El proyecto será votado en particular durante las próximas semanas por la sala del Senado, donde se encuentra en segundo trámite, antes de que los diputados revisen si ratificarán o rechazarán las modificaciones realizadas.

La iniciativa avanzó en la Cámara Alta tras meses de trabajo en la mesa técnica que lideró el Ministerio de Defensa con los senadores de la oposición.

La eliminación de los pisos mínimos -una de las peticiones opositoras en las que cedió el gobierno- le valió, incluso, críticas en su propio sector, por lo que el panorama en la Cámara de Diputados no es claro.

Asimismo, en paralelo continuará el debate respecto de la carrera militar y la ley de gastos reservados.

"Estamos observando un deterioro en la calidad de la política y un debilitamiento de algunas de nuestras instituciones fundamentales". Con esa frase, en su última cuenta pública Piñera convocó a un acuerdo nacional, mandatando a su ministro del Interior, Andrés Chadwick, para liderar una serie de conversaciones con los distintos sectores involucrados. Así, representantes de los partidos, del Congreso, la Corte Suprema y el Ministerio Público, entre otros, han sostenido reuniones con el secretario de Estado para trabajar en una propuesta de reformas institucionales.

Según ha trascendido, el gobierno buscará incorporar modificaciones a la Contraloría, al CDE y al sistema de nombramiento de jueces.

Las principales dudas giran en torno a lo que el gobierno hará respecto del Tribunal Constitucional, aunque la oposición ya presentó un proyecto -que está en primer trámite en la Cámara- para limitar el rol del organismo, por ejemplo, poniendo fin al control preventivo que ese organismo debe hacer de los proyectos ya aprobados en el Parlamento.

La moción parlamentaria se encuentra en su primer trámite en la Cámara de Diputados y busca establecer una cuota de género para las próximas elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, que se realizarán en 2020.

El 4 de junio pasado, la propuesta fue aprobada por la mayoría de la sala, sin embargo, recibió duras críticas respecto de su aplicabilidad, sobre todo en relación a los cargos uninominales.

Así, la iniciativa está siendo revisada por la Comisión de Mujer y Equidad de Género, donde será abordada hasta su total despacho este miércoles.

La idea de quienes han impulsado el proyecto, entre ellas la diputada Marcela Hernando (PR), es buscar fórmulas para destrabar la iniciativa y agilizar su tramitación tanto en la Cámara como en el Senado, para que la normativa pueda estar vigente 90 días antes de la inscripción de las candidaturas para esos comicios, como lo exige la ley.