“Alerta naranja”: autoridades de Estado bajo la lupa sindical por maltrato laboral (y la repercusión tras suicidio en Hacienda)

El suicidio de la abogada de iniciales P.M.S.T., de 37 años, en dependencias del Ministerio de Hacienda ha puesto en el foco un tema altamente sensible para el gobierno del Presidente Gabriel Boric: el abuso y maltrato laboral de autoridades de Estado contra funcionarios.

Esto, teniendo en cuenta que minutos antes de su deceso, al lanzarse del piso 14 de la secretaría de Estado encabezada por el ministro Mario Marcel, la profesional envió un mensaje a un grupo de trabajo en el que acusó a dos altos rangos de la Defensoría del Contribuyente -donde se desempeñó por tres años- de maltrato laboral.

“R. C. R. y V. K. son maltratadores. Avisen a la ACHS (Asociación Chilena de Seguridad). Hagan sumarios”, decía el texto que dejó en la plataforma Teams.

Se trata de situaciones que en el último tiempo han estado bajo la lupa de organizaciones sindicales como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

Es que previo a la muerte de la abogada de Hacienda, se conoció el fallecimiento de un gasfíter al interior de La Moneda por sobrecarga laboral, y también se cuenta el caso del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, formalizado por violación y abuso sexual en contra de una asesora de la repartición que encabezó hasta el 16 de octubre de 2024.

El escenario actual en esta materia fue abordado en la jornada de este viernes por el presidente de la ANEF, José Pérez: “Hay hechos que son graves y nosotros jamás omitiremos ni entendemos que se puede naturalizar el maltrato en el mundo del trabajo”, dijo en diálogo con Radio Universo.

Pérez, en la entrevista radial, transparentó que hay tres regiones del país con “alerta naranja” por maltrato laboral de autoridades del Estado. “Atacama, La Araucanía y Los Lagos”, precisó.

“Lamentablemente, se han caracterizado por una mala práctica de abusos y maltrato de parte de algunas autoridades de turno. Incluso de carrera”, recalcó.

Y luego agregó: “Nuestras organizaciones sindicales se ocupan de poder también establecer primero el diálogo, blindar a esas personas para que no se agudice el maltrato. No siempre estamos al día en esa situación, pero sí, inmediatamente cuando llega una denuncia nosotros actuamos. Y eso de ir pesquisando también es parte de nuestro proceso de trabajo responsable sindical”.

Sobre el caso particular del deceso en Hacienda, Pérez apuntó que la situación es “grave” y que desde la ANEF han solicitado “prolijidad y la rapidez” para llevar a acabo la investigación interna e implementar las medidas correspondientes para que hechos como este no se repitan.

El presidente de la ANEF planteó que “no puede haber una dilación o situación que se oculte. Jamás eso puede quedar de esa forma”.

“Se tiene que hacer con mucha transparencia”, dijo, lo que coincide con la solicitud que hizo en la jornada de ayer jueves la Federación Nacional de Asociaciones del Palacio de La Moneda (Fenapal).

En un escrito de condolencias a la familia, la federación expresó que resulta “imprescindible que las autoridades competentes realicen una investigación pronta, rigurosa y transparente, que permita esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho y adoptar las medidas necesarias para prevenir que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir”.

Desde el auditorio del edificio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió también este viernes a la muerte de la funcionaria en las dependencias de Hacienda.

Además de manifestar sus condolencias por lo sucedido, señaló que desde su cartera no pueden interferir en las investigaciones que están llevando adelante Fiscalía y la secretaría de Estado liderada por Marcel para esclarecer los hechos.

“Tal como ha señalado la Defensoría del Contribuyente y el Ministerio de Hacienda, no hay registro de denuncias previas. De todas formas hay dos investigaciones paralelas, una que está en sede administrativa, que es un sumario que se instruyó de oficio cuando ocurrieron los hechos, y hay otra investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente, en atención a algunos elementos de contexto”, indicó.

En esa línea, explicó que el ministerio de la Mujer no puede intervenir, no por “una cosa de voluntad”, sino que “por ley quien instruye el sumario es la misma unidad, y por ley los sumarios son reservados, porque eso también protege los derechos a la privacidad de los involucrados, tal como hemos debatido respecto a otros casos, y por lo tanto, legalmente el Ministerio no puede conocer el sumario”.

“Incluso si es que se decidiera radicar este sumario en otra institución, como a veces se hace, para evitar dudas. Incluso ahí la única persona que conocería el sumario sería la persona que fue designada como fiscal, no la institución en sí. Entonces la respuesta concreta es que por normativa no nos corresponde”, sostuvo, tras ser consultada sobre si su cartera se sumaría a las investigaciones.

Relativo al mensaje donde la abogada acusó maltrato laboral, la titular de la Mujer señaló que eso se conversó el miércoles en la “sesión de la Comisión de la Mujer y Equidad y Género, en donde el director del servicio civil, el director Felipe Melo, presentó las cifras de aplicación de la Ley Karin en el Estado durante estos meses ya de vigencia desde el primero de agosto”.

“Dependiendo del tamaño de la repartición pública, hay o no diferencias en el número de denuncias, pero hay que recordar que el sector público ya traía esto. En ese sentido, como señalo, previo a que se conocieran antecedentes en prensa, ya se había instruido un sumario de oficio una vez ocurridos los hechos”, sostuvo.