Alexis Cortés, experto del PC: “La subsidiariedad, tal como la hemos experimentado, es incompatible con un Estado social e implicaría violar una de las bases institucionales”

El sociólogo y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Alexis Cortés, es uno de los expertos que designó el Partido Comunista (PC) en la Comisión Experta. Cortés se formó en Brasil y se ha especializado en la sociología urbana y a estudiar a los movimientos de pobladores.

Desde esa vereda el comisionado -quien además es parte del Comité Central del PC- aportará en la redacción del anteproyecto de nueva Constitución que se le entregará al Consejo Constitucional. “Nosotros estamos comisionados para llegar a acuerdos, es lo que se nos solicita. A partir de la mayor evidencia posible, a partir de la especialidad que cada uno posee, tenemos que llegar a acuerdos que faciliten la posterior deliberación de quienes sí van a tener un mandato popular para definir la redacción final de la nueva Constitución. Para poder avanzar necesariamente tenemos que estar disponibles para acordar”, comenta Cortés al referirse a cómo cree que será la dinámica de trabajo entre los 24 comisionados.

El sociólogo dice estar muy satisfecho con la conformación de la mesa directiva y con lo que fue la ceremonia de instalación de la Comisión Experta. Cortés integrará la subcomisión de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Desde ahí, adelanta, se la jugará por completo por darle forma al Estado social y democrático de derecho.

¿Cuál es el nivel de compromiso del Partido Comunista con este proceso constitucional?

El diseño final del acuerdo no es el diseño deseado por el Partido Comunista. Si el Partido Comunista hubiese hecho un diseño sería distinto, pero el Partido Comunista no es el único partido que existe en el país y lo que primó fue nuestro compromiso histórico a favor de la redacción de una nueva Constitución. El primer elemento que se puso en la mesa para firmar ese acuerdo es que el acuerdo mantenía abierta la posibilidad de por fin dejar atrás la Constitución heredada de la dictadura. Ese me parece que es un deber político y moral para aquellas fuerzas transformadoras.

¿Cómo cree que debería ser el Estado social y democrático de derecho que le tocará regular en su subcomisión?

El Estado social y democrático de derechos es la principal conquista social del largo proceso constituyente. Hemos dado un gran avance con el establecimiento de esta definición de Estado como una base del nuevo proceso y eso es una buena razón para que quienes desean que en el país hayan cambios sociales apoyen este proceso. Yo por Estado social y democrático de derecho entiendo un Estado que se define por los derechos que garantiza, en el cual los derechos sociales, derechos políticos, derechos civiles y derechos económicos se establecen en un estatus simétrico y complementario para permitir un desempeño en la esfera pública con un estándar mínimo de igualdad material que posibiliten nuestro desarrollo como individuos y como sociedad. Me imagino un Estado social y democrático robusto, pero preciso, que establezca derechos claramente definidos y que se consideren como aquellos imprescindibles para el buen desempeño de las personas, de la sociedad y la vida democrática. Todo esto, sin llegar al punto de establecer políticas públicas dentro de la Constitución.

¿Eso lo piensa en contraposición a como se dio en el texto de la Convención?

Uno de los elementos más valorables del proceso anterior fue precisamente el desarrollo en la discusión de los derechos sociales. Ahora tenemos que ser capaces de buscar los mayores grados de precisión posible en la redacción de las normas. Nosotros debemos buscar el mayor grado de rigor técnico a la hora de redactar y también buscar la precisión para que las discusiones no den pie a distorsiones o ruidos futuros.

¿Cómo cree que se insertará su definición de Estado social con el interés de la derecha de garantizar la provisión mixta ligada a la subsidiariedad?

La provisión mixta ya está dentro de las bases. Me gustaría decir que el Estado social y democrático derecho no es compatible con Estados subsidiarios, al menos como se ha implementado en Chile. Estado social y democrático de derecho sí es compatible con la provisión mixta, pero en la medida en que ese Estado es un Estado que se define por sus derechos y por el modo de garantizarlos e implementarlos, es decir, que el primer deber queda en el Estado y, por lo tanto, la ciudadanía tiene derecho de exigir al Estado una provisión adecuada de sus derechos. Esto no contradice que otros organismos privados coparticipen de esos objetivos de implementación de determinados derechos sociales, pero obviamente impidiendo que ocurra bajo las lógicas mercantiles del lucro. Es decir, estableciendo las regulaciones que impidan que los derechos sociales terminen mercantilizándose.

Considerando que la derecha tiene interés en reivindicar el principio de subsidiariedad, ¿cree que si se avanza hacia incorporar el Estado social y el principio de subsidiariedad como elementos que conviven juntos significaría transgredir una de las bases institucionales?

Para esta discusión es necesario ser mucho más explícito por parte de quienes han estado blandiendo la bandera del Estado subsidiario en lo que entienden por tal. Lo que Chile entiende por Estado subsidiario es lo que nosotros hemos experimentado, es una definición práctica. Respecto de eso me parece que sí hay una posible erosión de una de las bases. Ahora, si lo que se pretende es plantear que se debe asegurar la provisión mixta, eso ya está definido en las bases, por lo tanto, provisión mixta va a haber.

¿En dónde radica el problema, entonces?

En que la subsidiariedad, tal como nosotros la hemos experimentado, significa que el Estado solo interviene cuando los privados no pueden o no quieren hacerlo. La subsidiariedad tal como la hemos experimentado hoy es incompatible con un Estado social e implicaría violar una de las bases institucionales. Además, no hay que olvidar que hoy en la Constitución el principio de subsidiariedad no está consagrado explícitamente, es una lógica que se desprende de esa arquitectura normativa. Por lo tanto, si lo que se está planteando es pasar de una norma implícita a una norma explícita, me parece que lo que se está comprometiendo es la idea de una nueva Constitución.

Si entiendo bien, usted está diciendo que si hay un sector de la Comisión que intenta mencionar de forma explícita el principio de subsidiariedad en el sentido de lo que se desprende de la Constitución vigente, ¿entonces eso sería un punto insalvable que atentaría con la idea de tener una nueva Constitución?

Sería insalvable tanto con una de las bases como con la idea de una nueva Constitución. Me parece que es una reiteración de lo que ya existe si se está planteando en esos términos.

¿Si se plantea en esos términos, estaría disponible para activar el Comité Técnico de Admisibilidad?

Me parece que efectivamente sería una posible vulneración de una de las bases y creo que sería absolutamente legítimo activar al Comité Técnico de Admisibilidad.