Amenazas de acusación, peticiones de renuncia y nuevo estado de excepción: Tohá atraviesa oleada de presiones por crisis de seguridad

No han sido fáciles sus días como vicepresidenta de la República para la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).

En vista del viaje a EE.UU. por la cumbre APEC del Presidente Gabriel Boric, no solo asumió responsabilidades transitorias como máxima autoridad en el país, también ha tenido que afrontar las críticas políticas por los últimos episodios de seguridad, entre ellos el ataque con una granada a una carabinera.

En la derecha y en el oficialismo reconocen que la ministra está pasando por un momento complejo, a ratos agravado por algunas declaraciones, que han sido calificadas como “desafortunadas”.

Primero, el pasado 8 de noviembre la secretaria de Estado dijo que los deportistas cubanos que se escaparon de la delegación deportiva en los Panamericanos “perfectamente pueden estar en Chile haciendo turismo”, en circunstancias que después pidieron asilo en Chile.

Luego la ministra Tohá reveló que para el secuestro de un empresario de Rancagua se pagó dinero por el rescate, lo que fue criticado desde la derecha. Durante el fin de semana hubo otros casos de secuestro, lo que volvió a poner el foco en Tohá.

No obstante, el punto más álgido de las críticas contra la secretaria de Estado se produjo ayer, luego del ataque contra la cabo segundo Rayén Currihuil, quien permanece estable dentro de su gravedad.

Los hechos generaron un remezón en el Congreso Nacional, donde hubo desde peticiones de renuncia hasta amenazas de una acusación constitucional.

En una etapa inicial, fueron los diputados del Partido Republicano que la noche de este miércoles exigieron la salida de Tohá. Afirmaron que los hechos “dan cuenta de una situación de inseguridad y una crisis en esta materia sin precedentes en nuestro país”.

La crispación en Parlamento siguió escalando al punto que algunos legisladores del oficialismo y grupos no alineados pidieron un estado de excepción nacional, a pesar de que La Moneda ya se había manifestado reticente a la idea. Entre los solicitantes de la medida estaban los diputados Raúl Soto (PPD), Jaime Araya (Independiente PPD), Cristián Tapia (Ind. PPD), Héctor Ulloa (Ind. PPD), Carlos Bianchi (Ind.), Marcos Ilabaca (PS), Eric Aedo (DC) y Tomás Lagomarsino (radical), y Felipe Camaño (Ind. DC).

“Estamos en medio de la crisis de seguridad más grave de la historia republicana de Chile”, dijo Soto.

En tanto, si bien la UDI y RN partieron por exigir medidas concretas -como expulsiones masivas y derivar la discusión legislativa exclusivamente a materias de seguridad-, horas después subieron el tono. Desde la bancada de RN amenazaron con la posibilidad de una acusación constitucional si es que no se expulsa al 31 de diciembre a 12 mil personas cuyas carpetas están listas para el procedimiento.

El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Andrés Longton (RN), sostuvo que “mientras no renuncien a ese sesgo ideológico, nuestro país vivirá atemorizado y lo que le pedimos a la ministra es que cumpla con su obligación legal y constitucional”.

Lo cierto es que en la derecha de todas maneras no existía el ánimo de lanzar una acusación hasta el después del plebiscito del 17 de diciembre.

El tema también se instaló en los partidos de centro o no alineados. En el caso de Demócratas, la colectividad que encabeza la senadora Ximena Rincón, los diputados de la tienda aseguran estar abiertos a estudiar una acusación en contra de Tohá. En todo caso, ya desde el lunes, dirigentes de Demócratas salieron a solicitar a través de las redes sociales la renuncia de la ministra.

“Si la ministra quiere limitar su trabajo a ser comentarista de la delincuencia y no asumir que debe dar soluciones, sería bueno que dé un paso al costado”, dijo Rincón.

Desde el Partido de la Gente, el diputado Rubén Oyarzo sostuvo que “es evidente que hay una falta de acción por parte de la autoridad responsable... yo, al menos, no podría desestimar una interpelación e, incluso, una acusación”.

En el caso de Amarillos por Chile, su único diputado, Andrés Jouannet, toma más distancia de un eventual libelo. “La ministra hace esfuerzos importantes... El punto es que tiene un freno de mano puesto permanentemente: el Frente Amplio y el Partido Comunista”.

En la jornada, además, se dieron otros tipos de enfrentamientos, como una pugna mediática entre el exministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI), y el actual subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve (PS).

Monsalve sostuvo que “lamentablemente en el gobierno anterior perdimos una capacidad muy importante que era la relación con Venezuela para expulsar”, a lo que Delgado le respondió: “No parece razonable que este gobierno, después de dos años de gestión, siga culpando al gobierno anterior. Tuvieron la responsabilidad en su momento como oposición. Este gobierno debe dar cuenta de lo que ha hecho en materia de expulsiones. Ha logrado muy pocas expulsiones y ha hecho poco por las fronteras”.

Durante la tarde, además desde RN la mesa -liderada por el senador Rodrigo Galilea- y la comisión política del partido exigieron a Boric “evaluar la continuidad de su equipo ministerial”, afirmando que “frente a esta lamentable situación, el Presidente Boric, su ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, tienen una ineludible responsabilidad política y ética frente a la ciudadanía. Ellos deben asumir que hasta ahora han fracasado en su gestión”.

En la derecha también esperan trasladar las presiones hacia la discusión de la Ley de Presupuesto en el Senado, donde el tema de seguridad es parte de la partida de Interior.

Sin embargo, hay dirigentes opositores que quieren llevar el tema a la campaña del plebiscito, pues estiman que la seguridad beneficia al “A favor”. Por ejemplo, la propuesta constitucional promueve medidas como la expulsión de inmigrantes ilegales “en el menor tiempo posible” e instaura una nueva institución: la Defensoría de las Víctimas para hecho delictuales, en general.

El factor electoral ha sido analizado en instancias formales de los partidos, como uno de los motivos por los cuales se debe arremeter contra Tohá. De esta manera, el martes la comisión política de RN pretendía publicar el comunicado pidiendo la renuncia de Tohá, lo que finalmente ocurrió este jueves tras el hecho de la granada.

El análisis que se hace es que la línea de crédito de Tohá se ha agotado, en circunstancias que los hechos son graves y ameritan una oposición más severa.

Para tratar conducir la crisis, este jueves, Tohá se reunió con exministros y exsubsecretarios de Interior de otros gobiernos. El problema fue que, según algunos, se les “invitó muy encima” y finalmente solo llegaron tres personeros, todos ligados a la Concertación y ninguno de derecha.

A la cita concurrieron el senador José Miguel Insulza (PS, ministro entre 2000-2005), Jorge Burgos (Amarillos, exministro entre 2015-2016) y Mahmud Aleuy (PS, subsecretario entre 2014-2018).

En La Moneda fue Monsalve quien empezó a impulsar este tipo de reuniones, cuando el pasado 30 de octubre sostuvo un encuentro -con mayor convocatoria- con exsubsecretarios para abordar la agenda de seguridad. Allí estuvieron durante esa jornada Aleuy, Felipe Harboe (2006-2008), así como los representantes de derecha Rodrigo Ubilla (RN, 2018-2020) y Juan Francisco Galli (RN, 2020-2022).