Análisis del CEP concluye que las iniciativas de norma más votadas del Consejo se asocian con ideas vinculadas al “conservadurismo identitario”

Este lunes el CEP, a través de su equipo C22 -un grupo interdisciplinario enfocado en el estudio del proceso constitucional-, publicó un análisis sobre cómo se han ido comportando las iniciativas populares de norma (IPN), una de las cuatro formas de participación ciudadana que contempla el proceso constitucional para incidir en el proceso de escribir una nueva Constitución.

El informe concluye que las iniciativas, hasta el momento, dan cuenta de tres tendencias. Una de ellas está relacionada al “conservadurismo identitario”, esto porque algunas de las iniciativas con más votos, hasta ahora, están inclinadas hacia ese sector. Entre ellas, consigna el estudio, están: “Con mi plata no”, “Es mi plata y punto”, “Identidad chilena”, “Toda vida cuenta”, “Reclusión domiciliaria a mayores de 75 años”, “Protección de las FF.AA. y Carabineros reforzando el uso de la fuerza pública” y “La cueca y el rodeo como emblemas vivos de la nación”.

“Este es un catálogo de orientación conservadora y unitaria en relación con la identidad chilena. Esto es claramente nuevo en este proceso constitucional, constituyendo también una reacción a la promoción de políticas de la identidad durante la Convención Constitucional y a las discusiones sobre el aborto que tuvieron lugar en ella, incluidas las múltiples normas referidas a identidades múltiples, los derechos sexuales y reproductivos y, especialmente, las que se asociaban a las autonomías territoriales indígenas y los sistemas jurídicos independientes”, se lee en el estudio de C22.

Además, en el análisis se plantea que si esta tendencia conservadora es predominante el Consejo Constitucional “deberá armonizar una tensión entre tres actores: a) la tendencia conservadora-identitaria en las iniciativas de norma más votadas; b) la tendencia de tipo social o colectiva que se expresa en los derechos sociales y humanos; y c) la propuesta más bien equilibrada de la Comisión Experta que combina elementos de avance en derechos sociales con otros de fundamentación liberal que se encuentran en el núcleo semántico constitucional de Chile”.

Una segunda tendencia indicada en el estudio es la satisfacción de la ciudadanía sobre el anteproyecto, en donde se destaca un crecimiento importante en el respaldo a las votaciones de las iniciativas. Según la Secretaría de Participación Ciudadana, hasta el cierre del informe, habían 169.220 votos los que representan a 110.000 personas. Aquí el estudio identificó dos tipos de iniciativas: las que su finalidad es modificar la redacción o hacer cambios conceptuales de las normas que propuso la Comisión Experta (133.205 votos) y las que buscan agregar nuevas normas al anteproyecto entregado por los expertos (66.704 votos).

“Una interpretación de este mayor número de modificaciones que de nuevas normas indica que, en principio, la ciudadanía que está siguiendo el proceso está mayormente satisfecha con el contenido fundamental de las normas propuestas. Este solo requería modificaciones, pero no un cambio radical de la propuesta constitucional. Por ahora, esta no es una interpretación concluyente”, plantea el documento.

Por último, una tercera tendencia apunta al “equilibrio entre derechos individuales y colectivos”. Aquí se plantean las tres iniciativas con mayor votación recibida: “Con mi plata no con 13.847; seguida por “Chile por los Animales” con 13.135 apoyos; y finalmente “Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno” con 11.842.

La investigación destaca que 14 de las 20 iniciativas con más apoyos están vinculadas al capítulo de Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales. “Esta tendencia señala una continuidad respecto a la demanda de derechos sociales existente en el proceso anterior. Es decir, la demanda por derechos sociales no es solo una cuestión de acuerdos políticos de elite, sino también una expectativa de la población”, se lee en el texto de C22.

El estudio añade además que “no solo se trata de derechos sociales en el sentido estricto, sino que las demandas también pueden ser enmarcadas de manera más amplia bajo la noción de derechos. Este enfoque permite entender estas demandas ciudadanas de manera transversal, ideológicamente hablando, lo que se traduce en que no pueden ser atribuidas exclusivamente a algún sector político en particular”.

En esta línea, el estudio concluye que se podrían vincular dos elementos. Uno relacionado al “privilegio de determinados derechos de los individuos, especialmente referidos a los fondos previsionales y otros derechos fundamentales individuales como el de la autodefensa y libertad de conciencia religiosa”. Esto combinándose con expectativas colectivas, que se estarían dividiendo en dos tipos: “los derechos sociales más clásicos que se implementan en un Estado social y democrático de derecho (educación y salud)” y por otro lado las iniciativas más “tradicionalista que apuntan al reforzamiento de la identidad y las costumbres chilenas”.