Ángela Vivanco por iniciativa de la Convención que limita el período de jueces: “No se quiere mantener ni crear ningún tipo de privilegio”

Este miércoles, la ministra de la tercera sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió nuevamente a la propuesta, aprobada en general por la Convención Constitucional, que busca reducir la duración de los jueces: entre 10 a 15 años para los supremos y de ocho años para los ministros de corte y de tribunales inferiores.

Actualmente, los jueces terminan sus funciones en el Poder Judicial cuando llegan a los 75 años.

La norma generó molestia en los supremos y el martes escaló la tensión luego de que el pleno saliera a criticar la iniciativa. La vocería ese día, de hecho, quedó en manos de Vivanco. Además, los magistrados enviaron un correo a los 155 convencionales orientado a defender la independencia de los jueces y el principio de inamovilidad de los magistrados.

En respuesta, cinco constituyentes salieron esa misma jornada a criticar en duros términos la reacción de los magistrados, acusando que ha sido “uno de los peores ataques” a la autonomía del órgano.

La mañana de este miércoles, en radio Duna, la ministra volvió a abordar el tema, asegurando al respecto que con esto “no se quiere mantener ni crear ningún tipo de privilegio” y que no hay una “intromisión”.

“Lo que se quiere aquí, por el contrario, es privilegiar los derechos de las personas, que muchos problemas terminan resolviéndose en los tribunales en nuestro país”, sostuvo. “En consecuencia, las personas que van a los tribunales que son especialmente vulnerables necesitan que sus jueces estén preocupados de la administración de justicia, no de qué es lo que les va a pasar en dos o tres años”, agregó.

La principal razón de esta alerta, según Vivanco, tiene relación con que “exista esta necesidad de estar re postulándose por parte de los jueces frente a cualquier organismo que sea cualquier sistema de designación porque eso en el fondo hace que el juez tenga que volverse hacia sí mismo, y preocuparse de qué es lo que está fallando en relación a su futuro y no preocuparse en relación a su deber”.

“Que los jueces, su concentración de atención y responsabilidad estén en sus causas, no de caerle bien o mal a nadie, que haya controles de que su conducta ministerial sea la adecuada, pero no controles de otras especies, que impliquen que yo esté en mejor o peor posición para ser reelecto y por otro lado que se reconozca que el sistema judicial está integrado por personas que dedican su vida a justamente al sistema judicial”, añadió la ministra.

Sobre el rol que ha tomado la Corte Suprema en este proceso constitucional, Vivanco -quien forma parte de la comisión de constitución en la Corte Suprema- dijo que “como comisión no hemos sido invitados. Sí hemos tenido contacto con algunos convencionales y les hemos entregado algún material de apoyo, pero como lo decíamos ayer, estamos plenamente disponibles para poder conversar con los miembros de la comisión o cualquier miembro de la convención justamente para dar este apoyo que no es una intromisión, sino que consideramos que es nuestro deber también poder colaborar en esta materia”.

Sobre por qué no se han dado la oportunidad de un encuentro entre ambos órganos aseguró: “Creo que ha habido falta de tiempo, que se ha tenido que apurar mucho el tema dado los plazos muy ajustados que tiene la Convención. En consecuencia, creo que no hay ningún tipo de ánimo, sino sencillamente que ha habido poco tiempo”.

En tanto, este miércoles ocho exministros de la Corte Suprema -incluido el expresidente Rubén Ballesteros- emitieron una declaración de respaldo a la ofensiva del máximo tribunal.

La misiva, enviada por la oficina de comunicaciones del Poder Judicial, está firmada también por Héctor Carreño, Lamberto Cisternas, Rosa María Maggi, Carlos Künsemüller, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y Patricio Valdés, y en ella aseguran que “en uso de nuestra libertad de expresión y como exministros y exministras de la Corte Suprema, apoyados en nuestro conocimiento y experiencia dilatada en las materias inherentes a la judicatura, manifestamos nuestra plena concordancia con la declaración referida”.

“La Corte Suprema de Justicia ha dado a conocer recientemente una declaración relativa a distintas propuestas adoptadas por la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional, enfatizando en la misma que lo hace con un espíritu de colaboración, refiriéndose a la independencia de juezas y jueces, la que se podría ver afectada en atención a la temporalidad de sus cargos. Entre los principios fundamentales en que descansa el correcto ejercicio de la judicatura, la independencia se erige como una garantía indispensable para asegurar juezas y jueces imparciales, capaces de administrar justicia con los debidos conocimientos, integridad ética, honestidad y prudencia. La imparcialidad del juzgador es apreciada unánimemente como un elemento integrador del concepto “juez”, asegurada en numerosos tratados internacionales sobre derechos individuales: “juicio justo ante un tribunal imparcial”, enfatizan en el comunicado.

En éste también defienden el “principio de inamovilidad”, que a su entender “resguarda la independencia judicial, toda vez que proporciona a juezas y jueces autonomía para ejercer la jurisdicción libres de presiones de toda índole, lo que en definitiva garantiza el derecho al debido proceso, pilar fundamental del Estado de Derecho”.

En medio de diversas reacciones, durante la mañana -y tras firmar junto al ministro de Justicia, Hernán Larraín, un convenio para permitir la participación de personas privadas de libertad en el proceso de redacción de una nueva Carta Magna- la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, abordó también la tensión que se ha instalado con la Corte Suprema.

“No creo que esté en riesgo (la autonomía). Todos los poderes del Estado han reafirmado la autonomía de esta Convención Constituyente, así como nosotros respetamos la autonomía también de los demás poderes”, señaló.

“Desde la Presidencia (de la Convención Constitucional) nos parece positivo que cualquier actor de la sociedad presente su moción, pueda dar insumos a las distintas comisiones, al igual que lo hacen todas las personas en este país. Valoramos y respetamos la autonomía de los poderes y, por supuesto, esta Convención es autónoma y se van a dar los proceso de conversación”, agregó.

Por su parte, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, señaló en Radio Agricultura: “Entendiendo que es un proceso ciudadano amplio de deliberación y discusión, yo diría que la voz de los jueces y los ministros de la Corte Suprema es una voz más dentro de la discusión, puesto que son personas con vasta trayectoria y es razonable escucharlos”.

Eso sí, enfatizó en que “lo más importante es precisar y dejar en claro que las decisiones finales de esta discusión las tendrán los propios convencionales de esa comisión, luego el pleno y la ratificación por la ciudadanía en el plebiscito. Las otras voces que llegan de otros poderes u organizaciones son voces dentro de la participación, pero no definen cuál va a ser la resolución que se tome”.

Considerando las críticas que habían surgido de algunos convencionales a los magistrados, Domínguez agregó que “los ministros de la Corte Suprema básicamente están diciendo ‘yo no quiero que me expongan cada 10 años a una revaluación, quiero seguir hasta los 75 años’, están opinando de su propio cargo de trabajo y condiciones laborales y tienen algunos argumentos, hay que desdramatizar esta discusión”.

“No hay veto a ninguna institución ni organización, pero siempre manteniendo la precisión de independencia, los jueces, magistrados de la Corte Suprema, senadores, diputados (...) por ningún motivo tienen la atribución de poder generar sanciones o mandatos o ningún otro tipo de acto administrativo a la deliberación de la Convención Constitucional”, precisó.

Quien también se refirió a la polémica fue el ministro de la Segpres, Juan José Ossa. El secretario de Estado sostuvo, en radio Cooperativa: “Esto es un comentario más bien personal, porque no queremos entrometernos en materia que no nos competen. Pero nosotros creemos que la idea de la Convención es redactar una Constitución que sea la casa de todos, debiese ser oír a todas las instituciones y, en ese sentido, respaldamos que la Corte Suprema debiese ser oída”.