Aprobación “sin dilaciones” de indulto para detenidos del estallido: 64 constituyentes demandan “garantías democráticas” para la “sana instalación” de la Convención

Un documento con cinco “garantías democráticas” para la “sana instalación” de la Convención Constitucional firmaron 64 constituyentes ad portas de que se realice la primera sesión del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna, este domingo en dependencias del exCongreso Nacional.

En el texto -publicado este viernes tras una serie de encuentros autoconvocados y que fue sumando nombres en las últimas horas- expresaron que es “esencial” para la instalación y el funcionamiento de la Convención el “establecimiento de garantías democráticas; debido proceso; presunción de inocencia; verdad; justicia y reparación para todas las personas privadas de libertad y víctimas de la represión estatal, en el contexto de la Revuelta social Chilena y de la movilización social mapuche”.

En esa línea, los firmantes manifestaron su condena a la “criminalización de la protesta social y la aplicación abusiva del monopolio de la fuerza estatal”, además del “nulo avance de las investigaciones” y la “nula motivación de parte de los senadores de la Comisión de Constitución del Senado” de poner en tabla el llamado proyecto de indulto a detenidos en el marco del estallido social.

Como primer punto, declararon como “indispensable” que “los órganos del poder constituido ofrezcan garantías democráticas y de equidad entre los pueblos y naciones de Chile para que el proceso histórico que vivimos, transcurra evitando la incertidumbre y con paz entre los pueblos y naciones y con el país en su conjunto”.

En segundo lugar, manifestaron que, para lograr lo anterior, “demandamos al poder Legislativo la más rápida tramitación del Proyecto de Ley de Indulto General en la Comisión de Constitución del Senado, su aprobación, promulgación y publicación sin dilaciones y previa a la instalación de la Convención Constitucional, como un gesto político de justicia hacia quienes protagonizaron el proceso de transformación institucional más importante que ha vivido la historia de Chile y como el primer paso para el proceso de reconciliación que, como país, debemos empujar”.

En la misma línea, emplazaron al Ejecutivo a dar “urgencia legislativa al ya referido Proyecto de Ley de Indulto General y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos”.

La tercera petición apunta al “retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad Interior del Estado, como un imperativo moral y ético para el proceso de transformación institucional que vivimos”.

También demandan -como cuarto punto- “la inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio”.

“Consideramos imperativa la creación (de) un catastro oficial de los presos y presas políticas de la revuelta social, privados de libertad y/o con procesos en curso y de todas las víctimas de la represión estatal”, señalan como quinta demanda.