“Yo, efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma, pero como ya he explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica en este caso, nosotros realizamos sólo aquellas labores que nos corresponden, en este caso particular, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el Presidente de la República”.

Con estas palabras, la jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, Francisca Moya (FA), reconoció ante la comisión investigadora sobre las responsabilidades políticas de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, el rol que tuvo cuando analizó el decreto antes de que lo firmara el Presidente Gabriel Boric.

Lo anterior desató un terremoto político particularmente al interior de La Moneda y del oficialismo. Esto, debido a que la Constitución prohíbe que parlamentarios y ministros de Estado -como la senadora Isabel Allende (PS) y la extitular de Defensa Maya Fernández (PS)- firmen contratos con el Estado. Por esta razón la derecha acudió ante el Tribunal Constitucional contra Allende y el pleno acordó acoger el escrito y destituirla del cargo.

“El decreto fue recibido por el equipo que yo dirijo. Nosotros tenemos un gestor documental donde se ingresa el decreto, es una práctica muy común, es una especie de plataforma, una base de datos donde se registran los decretos”, explicó Moya ante los diputados. Esto, luego de dos emplazamientos del presidente de la comisión, Andrés Longton (RN), para que diera explicaciones por lo ocurrido.

En su relato, Moya, agregó que “luego de que el decreto se registrara fue asignado a un abogado, en relación a la carga de trabajo que teníamos. El decreto fue reasignado y es así como a Lucas Vera le tocó revisarlo durante el día 27 de noviembre. Luego de que Lucas hiciera una revisión del decreto fue revisado por mí y una vez que concluimos que el decreto se ajustaba al ordenamiento jurídico y estaba en condiciones de pasar la toma de razón que realiza la Contraloría el decreto fue presentado ante el Presidente de la República para su firma”.

Indignación con Moya

Las palabras de Moya causaron molestia en abogados que han pasado por la División Jurídico-Legislativa de la Segpres bajo gobiernos de distintos colores políticos.

Tres de ellos, en privado, comentan que sus declaraciones son una “excusa que no tiene ningún sentido”. En esa misma línea, agregan, que la jefatura de esa división juega el rol de asesor jurídico y, por ende, “no puede renunciar a alertar a su jefe de una inhabilidad constitucional”.

También otro exintegrante de ese equipo transmite que el rol de Moya es ser la abogada de confianza del Presidente, por lo que no hay excusa en no haberle advertido. Incluso lo que más generó controversia es que, si estaba al tanto de la inhabilidad de Allende, tampoco haya sido capaz de avisarle al entonces ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), quien era su jefe directo.

Algo similar piensa el abogado experto en derecho constitucional Jorge Barrera. “Resulta bastante cuestionable decir que el análisis que hace la División Jurídico-Legislativa de la Segpres solo es técnico de legalidad entendido como si esa misma División analizara leyes simples sin analizar la constitucionalidad de los actos. Llama la atención porque todo el proceso de formación de la ley está en la Constitución”, indicó el académico de la Universidad de Notre Dame.

“Yo no me imagino a la abogada jefa de la División Jurídica de la Segpres eludir las normas constitucionales de formación de la ley bajo la lógica de que ella solo hace un análisis técnico específico de legalidad. Es una muy mala excusa”, agregó Barrera.

La indignación también llegó al PS, donde han apuntado sus dardos hacia Moya e incluso han pedido su remoción. Entre los socialistas comentan que si la senadora Allende fue destituida por el TC por no haber advertido de su inhabilidad, lo mismo debería pasar con Moya.

“Cuando se actúa con dolo es porque existió una intencionalidad por parte de ciertos actores de persistir en un contrato que nunca se tuvo que haber suscrito y da mayor razón para que todos aquellos que estuvieron involucrados en este proceso salgan inmediatamente del gobierno. No es aceptable ni entendible que la principal asesora legislativa de la Segpres se mantenga en su puesto exponiendo al gobierno, pero en particular, a la familia Allende, en todo el proceso que le ha tocado vivir”, aseguró el diputado Marcos Ilabaca (PS).

“Es difícil entender sus declaraciones porque yo creo que todos los abogados conocen el artículo que impide que un parlamentario o ministro celebre contratos con el Estado”, añadió el diputado Leonardo Soto (PS).

El parlamentario indicó que “revisar partes y no el todo jamás puede justificar que uno no vea un impedimento o una inhabilidad que era del porte de una catedral como ocurrió en este caso”.

Defensa de La Moneda

El ahora ministro del Interior, Álvaro Elizalde, este lunes defendió a Moya, durante un punto de prensa: “Trabajo con ella, tengo la mejor evaluación de sus capacidades técnicas y profesionales, sé de su compromiso, y la experiencia que tuve mientras fui ministro secretario general de la Presidencia fue de una valoración enorme de su trabajo y la ministra actual de la Segpres tiene la misma opinión”.

Al secretario de Estado se le consultó si es que se evaluó pedirle la renuncia y su respuesta fue tajante: “No”.

Además, añadió que “el Presidente hizo valer la responsabilidad de la ministra de Estado de la secretaría que tenía que llevar adelante este proceso. Respecto al sumario, está radicado en Bienes Nacionales, porque en el caso de la División Jurídico-Legislativa se ha cumplido con lo que dice la ley”.

Siguiendo la línea de Elizalde, en La Moneda transmiten que, hasta ahora, no está pensado removerla de su cargo.