"Aula segura para universidades": Los detalles del proyecto que busca quitar la gratuidad a estudiantes que cometan hechos de violencia

En medio de los hechos de violencia que han afectado a estudiantes de la Universidad de Chile -el último registrado fue contra el hijo de la diputada Cristina Girardi (PPD)- un grupo de diputados de la UDI presentó un proyecto que busca quitar los beneficios estatales a los alumnos que cometan hechos de violencia y daños al interior de los establecimientos de educación superior.

La iniciativa, conocida como "Aula Segura para universidades", ya fue ingresada a la Cámara de Diputados, y tiene por objetivo "sancionar a los violentistas con la pérdida de los beneficios de gratuidad otorgados por el Estado, con el objeto de preservar el orden, la paz y la sana convivencia universitaria".

Este proyecto, impulsado por la legisladora María José Hoffman - integrante de la Comisión de Educación- plantea modificar el inciso 1° del artículo 105 de la Ley 21.091 sobre Educación Superior y condicionar la gratuidad a aquellos estudiantes que "no hubieren sido condenados por resolución firme y ejecutoriada por daños a la infraestructura, equipamiento docente y mobiliario del establecimiento, o por acciones de violencia hacia la comunidad, sus autoridades, alumnos y profesores, o atentados contra las fuerzas de orden y seguridad".

El texto también plantea que "la ejecución de acciones por parte del estudiante encaminadas a enmendar o indemnizar los daños ocasionados, constituirá motivo suficiente para reconsiderar su integración al sistema de beneficios que impone esta ley".

"Nos parece inaceptable los desmanes y tomas que por meses y semanas registrados por estudiantes de la Universidad de Chile, incluso con agresión a otros estudiantes, y aún así no existe una respuesta institucional ante tan nefastos actos antidemocráticos y contrarios a los más básicos principios de convivencia y civilidad", se lee en el proyecto de ley.

Consultada sobre esta iniciativa, la ministra de Educación Marcela Cubillos, dijo ayer que "los rectores de las universidades tienen todas las herramientas legales para asegurar la seguridad de sus estudiantes, no necesitan una nueva ley".

"Ellos tienen las herramientas legales y conformes a su autonomía tienen que garantizar la seguridad de sus estudiantes", agregó la secretaria de Estado.