Este miércoles, la Cámara de Diputados despachó a tercer trámite constitucional el proyecto de Ley de Inteligencia que crea diversas herramientas y organismos que tienen el objetivo de velar por los intereses del Estado.

La norma, que contó con el apoyo transversal de los parlamentarios, fue aprobada luego de diversas votaciones en particular. Ahora el Senado deberá revisar las modificaciones de la Cámara.

El proyecto, que fue aprobado previamente en la Cámara Alta en enero de 2020, ha sido objeto de varias modificaciones tanto por los integrantes de la comisión como por el Ejecutivo durante las últimas dos legislaturas, período en el cual estuvo radicado en la Cámara de Diputados.

Y en su texto tiene como objetivo introducir cambios sustanciales en la organización y funcionamiento del Sistema de Inteligencia del Estado (SIE), con el fin de adaptarlo a los nuevos escenarios de seguridad pública y protección de la soberanía del país.

En su presentación, el expresidente Sebastián Piñera destacó la creciente aparición de nuevas amenazas que buscan socavar la institucionalidad y la seguridad de los Estados, tales como el crimen organizado y el espionaje internacional.

En abril de 2024, el actual Mandatario, Gabriel Boric, remitió una serie de indicaciones al proyecto. Además, en el marco de un acuerdo entre el gobierno y el Congreso Nacional, el proyecto fue priorizado dentro de la agenda de seguridad.

Los detalles del proyecto

Parlamentarios han señalado que la nueva normativa permitirá al Presidente de la República tomar decisiones en materia de seguridad interior y exterior con base en la información de inteligencia.

Una de las novedades más relevantes es la implementación de una Política Nacional de Inteligencia del Estado, que será de carácter público y establecerá los lineamientos y objetivos estratégicos del sistema de inteligencia. Esta política será elaborada por la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado en consulta con el Consejo Interministerial de Inteligencia.

En la nueva estructura, la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado será un servicio público centralizado y especializado, que dependerá directamente del Presidente de la República, mientras que el Consejo Interministerial de Inteligencia estará integrado por los ministros de Interior, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional. Además, se suman varios organismos colaboradores, como Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Esta reforma incluye la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil (ANIC), indicación aprobada con 110 votos que será la sucesora de la actual ANI, y la formación de una Escuela de Inteligencia para capacitar y perfeccionar al personal de la agencia.